Tras condenar a prisión efectiva a jefes de BTR, tribunal consideró que un buen número de pruebas del caso chuponeo desaparecieron o fueron manipuladas y pidió se investigue a miembros del pasado gobierno. Exministro Miguel Hidalgo también bajo la lupa.
Al término de la lectura de la sentencia del caso de “chuponeo”, la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel dispuso que el Congreso investigue al expresidente Alan García y sus exministros Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca y Miguel Hidalgo por la presunta intervención de estos funcionarios en la investigación policial y fiscal de este caso.
El tribunal que preside el juez Iván Sequeiros consideró que existen “hechos preocupantes, que merecen urgentemente ser investigados”. Citó como ejemplo los testimonios del exdirector de la Policía Mauro Remicio y el exministro del Interior Remigio Hernani, quienes aseguraron haber estado al margen de la investigación del caso BTR por decisión de García.
Por ello, se deduce que el exmandatario aprista habría coordinado y dirigido irregularmente la investigación policial de las interceptaciones telefónicas con Miguel Hidalgo, entonces a cargo de la Dirección AntiDrogas (Dirandro).
ABREN INSTRUCCIÓN
“Debido al alto cargo que tenían, Remicio y Hernani debían conocer sobre la investigación que llevaba a cabo Hidalgo, quien solo le reportaba a García. Eso debe ser aclarado porque las autoridades no pueden usar sus cargos para su provecho”, sostiene la sentencia.
Asimismo, la resolución ordenó abrir instrucción a los presuntos autores y coautores de la desaparición y manipulación de pruebas incautadas a los jefes de Business Track, como los USB pertenecientes a Giselle Giannotti. Los condenados acusan de este delito a oficiales de la Dirandro y fiscales sometidos a García y Del Castillo.
La sala remitió la documentación respectiva a la Fiscalía Superior para que investigue a los fiscales que estuvieron a cargo de este caso, Walter Milla y Mateo Castañeda, así como al general Carlos Morán Soto, jefe de la División de Investigación de la Dirandro, que presuntamente le rendía cuentas solo a Hidalgo.
INVESTIGUEN A GARCÍA
El abogado penalista Mario Amoretti explicó a LA PRIMERA que ahora el Congreso debe investigar a García y a sus exministros y solicitar a la Fiscalía acusarlos, si considera que efectivamente hubo direccionamiento y manipulación de las pruebas en el proceso del caso “chuponeo”.
“Esa es la orden y el Congreso debe hacerla cumplir, porque el Poder Judicial le está diciendo que hay indicios razonables para creer que hubo direccionamiento de las investigaciones en este caso”, dijo Amoretti, quien, sin embargo, aclaró que esta orden debe ser ratificada, en cuatro meses, por la Corte Suprema.
Por su parte, los abogados de los ejecutivos de BTR expresaron, al término del juicio que duró 10 meses, su conformidad con la parte de la condena referida a García, Del Castillo y los otros, pero consideraron que las penas impuestas a sus patrocinados no son las que esperaban.
Afirmaron que, aunque la sala reconoció la prescripción del delito de violación de la correspondencia, los delitos de interceptación de las comunicaciones y asociación ilícita no le habrían sido probados a sus defendidos.
NO SE SALVAN
La justicia ordenó también al Ministerio Público abrir investigación a los presuntos financistas del chuponeo, toda vez que en este proceso solo se procuró determinar si efectivamente los procesados cometieron acciones ilícitas de interceptación de las comunicaciones. “Esta empresa no se dedicaba a interceptar comunicaciones por ocio o por diversión, evidentemente hubo financistas”, falló.
Asimismo, dispuso investigar al exgerente administrativo de BTR Pedro Rosell Grijalva, quien habría conocido las actividades ilícitas de Ponce Feijóo y los otros; el contador Marko Sandoval, el poligrafista José Barba Daza y el exdirector de inteligencia de la Marina Pedro García Llaque, quien, según Fernández Virhuez, “sabía todo”.
Jorge del Castillo:
“Me parece un despropósito, a veces las sentencias compensan. Me parece contradictorio con la otra parte considerativa del fallo. ¿Cómo llegan a la conclusión de investigar, desde el expresidente de la República (Alan García) y al primer ministro? (...) A esos señores deberían premiarlos y no procesarlos”.
EN LA LISTA
Alcalde y compadre de expremier
El tribunal remitió también a la Fiscalía documentación consignada en el juicio oral sobre el alcalde Francis Allison, quien asesoró a BTR y quien, según el tribunal, podría haber cometido el delito de lavado de activos de esta empresa.
La sala expresó preocupación por el trabajo de la Fiscalía en los casos de los supuestos colaboradores eficaces Ismael Mata Uribe y Luis Amengual Rebaza, este último compadre de Jorge del Castillo, quienes recibieron irregularmente empleos formales en un consulado peruano en Estados Unidos.
“Mata Uribe realizó los mismos trabajos que Jesús Tirado Seguín, por lo que resulta preocupante que la Fiscalía no lo haya comprendido en la acusación”, dictó.
El tribunal exigió como reparación civil el pago de 20 mil soles que abonarán solidariamente los condenados a los agraviados del chuponeo. Asimismo, el pago de S/. 200 mil por el delito de asociación ilícita en agravio del Estado.
PARA JEFES DE BTR
Siete años de prisión dictaron los jueces
Los gerentes de BTR Manuel Elías Ponce Feijóo y Carlos Tomasio recibieron una condena de siete años de prisión efectiva cada uno, mientras que la ejecutiva de ventas Giselle Giannotti, fue sentenciada a cinco años, al igual que los exmarinos Martín Fernández Virhuez y Manuel Ojeda Angles, por los delitos de interceptación de las comunicaciones en agravio de Rómuló León y Alberto Químper y otros, y asociación ilícita para delinquir.
“Se ha comprobado que BTR estaba constituida legalmente pero realizaba paralelamente actividades ilícitas. Ponce Feijóo inició el hecho delictivo, lo dirigió y financió, y sus coprocesados Tomasio y Giannotti, que eran piezas fundamentales de este engranaje, lo sabían y también tenían dominio compartido de abundante información privada. Y Fernández Virhuez, Ojeda Angles y Tirado Seguín colaboraron con sus habilidades, concientemente”.
“Y por lo visto en el juicio, no muestran arrepentimiento e incluso mantienen su camaradería y prefieren el secreto para proteger a los financistas y a ellos mismos”, dice la sentencia de 689 páginas.
La sustentación de la condena enfatizó que, aunque hubo manipulación de ciertas pruebas que al final no fueron tomadas en cuenta, se probó que lo restante demuestra que los condenados tuvieron posesión ilegal de audios de conversaciones privadas y que presuntamente fueron negociados, aunque eso no se pudo probar.
Además, que lo referido a una persecución política a los procesados no tiene asidero debido a que no les sembraron pruebas para empeorar su situación. “En todo caso, lo que hubo fue un ensañamiento contra las pruebas, no contra ellos, si es que desaparecieron archivos que revelaban actos de corrupción del gobierno anterior”, dice la sentencia.
Henry Campos
Redacción (la primera)