Por: Dionicio Mantilla León
Encuadrado estrictamente dentro de los linderos de la Constitución Política y en uso de sus atribuciones el Presidente de la República, Ing. Martín Vizcarra Cornejo, planteó el día de anti ayer la cuestión de confianza al Congreso para aprobar las cuatro reformas constitucionales tendientes a lograr los urgentes cambios radicales en el ámbito jurídico y político que el pueblo exige y luego de ello proceder a la convocatoria a referéndum que según el gobierno debe ser el 8 de diciembre.
De negarse la cuestión de confianza de acuerdo a lo estipulado en el artículo 133 de la Carta Magna se producirá la crisis del gabinete ministerial es decir deberán renunciar todos los ministros y, como dice el art.134, si son dos crisis ministeriales, como es este caso, (pues el primero fue el presidido por Fernando Zavala) el Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso procediendo a convocar a nuevas elecciones congresales en el más breve plazo. Una posibilidad nada remota y a la que teme la mayoría fujimorista.
Como es conocido dichos proyectos tienen que ver con la reforma del Concejo Nacional de la Magistratura, la no reelección de los congresistas, la bicameralidad y la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, proyectos los cuales fueran presentados por el gobierno hace 40 días; sin embargo, en ese largo lapso no ha existido la voluntad de parte, sobre todo de la mayoría fujimorista, de darle el trámite pertinente respondiendo sólo con calificativos ofensivos a la calidad de las propuestas a sabiendas de que la intención gubernamental era la aprobación de la esencia de dichas propuestas sin ser óbice para que los congresistas hagan los reajustes normativos de detalle.
Peor aún, la reforma judicial orientada a reestructurar el Consejo Nacional de la Magistratura, una entidad de suma urgencia para echar a caminar el tema judicial en el país, fue objeto de boicot en la Comisión de Constitución del Congreso a lo que se unieron las desatinadas declaraciones del Presidente del Congreso, Daniel Salaverry, en el sentido de que la reforma Política será atendida en el lapso de 3 años y como cereza del pastel el planteamiento fujimorista de considerar, como parte de la reforma judicial, que sea el Congreso de la República el ente encargado de designar a las autoridades del sistema electoral: ONPE y RENIEC y no el Concejo Nacional de la Magistratura tal como ha sido siempre esto con una evidente intención de manipulación política.
Será el Presidente del Concejo de Ministros, César Villanueva, el encargado de hacer entrega, el próximo miércoles, de la respectiva solicitud de “cuestión de confianza” para la aprobación, por parte del Congreso, de las reforma judicial y política. Por de pronto, para el día de hoy, fue convocado por el Presidente del Congreso a la Junta de Portavoces con el propósito de tomar conocimiento del pedido gubernamental para la adopción de las medidas pertinentes. Y como es usual la oposición viene lanzando el grito al cielo calificando a Vizcarra como el nuevo Nicolás Maduro tal como así lo afirma la fujimorista Karina Beteta a sabiendas que se está procediendo de acuerdo a la Constitución Política o como dijeran antes Keiko Fujimori que las reformas son populistas y no son trascendentes.
Ya la decisión del gobierno está tomada y es el pueblo el que lo ha venido exigiendo en calles y plazas durante estos últimos meses anunciándose para el 26 próximo otra marcha popular a nivel nacional que suponemos en esta oportunidad va a hacer multitudinaria. Por el fortalecimiento de nuestra democracia, por el combate frontal a la corrupción, por la conformación de instituciones supranacionales eficientes y honestas urge que el pueblo haga escuchar su voz de apoyo a la trascendental medida adoptada por el Gobierno actual. Y si este Congreso se niega a otorgar el voto de confianza a las reformas propuestas por el gobierno que se disuelva procediendo el pueblo, en esta oportunidad, a elegir un nuevo Congreso que responda a las expectativas populares.
