Experto considera que además de Podemos, Renovación, el Bloque Magisterial y APP son grupos políticos con nexos con la minería ilegal. Advierte riesgos en la reunión del martes de la Comisión de Energía
Iván Arenas, analista político especializado en minería e hidrocarburos, señala en esta entrevista que el Bloque Magisterial estaría negociando mantenerse en la presidencia de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, pese a que no pudo aprobar el dictamen de la Ley Mape. Asimismo, que el Gobierno tendrá dificultades para formalizar a los más de 27 mil mineros restantes en el 2025, razón por la cual no tendrá más opción que ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2026.
¿Qué motivación ve en la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión de Energía para este martes 8?
Es una convocatoria que no tiene ningún sentido porque la mayoría de sus integrante están en contra (del proyecto de Ley Mape). Ya invitó antes a los ministros y no han asistido porque el proyecto ha sido rechazado. Entonces, no tienen que discutir nada. En todo caso, deben dejar este tema para la próxima Comisión de Energía en la siguiente legislatura. No tienen legitimidad para hacer nada.
¿No habría la intención de hacer retroceder al Ministerio de Energía en su decisión de depurar más de 50 mil registros?
En el fondo, el señor Paul Gutiérrez (legislador del Bloque Magisterial y presidente de la comisión) sabe que el Gobierno no va a retroceder en la eliminación de los 50 mil Reinfos, entonces intenta posicionarse políticamente para representar a los mineros informales en las próximas elecciones, junto con Podemos Perú. También intentan presionar a otros sectores para que se unan porque gremios mineros como Fenamarpe y los de Apurímac y Puno están preguntando sobre el liderazgo de la Confemin.
¿Existe el riesgo de una marcha atrás en esta depuración?
Eso va a depender no solo del Ministerio de Energía sino también de la actitud y la entereza del Congreso. El Gobierno necesita en estos momentos el respaldo de un Parlamento maduro para no retroceder y que este tema se discuta en la próxima legislatura.
Pero es incierto qué bancada del Congreso estará a cargo de esta comisión. Puede seguir en manos del bloque de izquierda.
Exactamente y no solo en los de izquierda, sino también en bloques como Podemos Perú e incluso Renovación Popular, que también tratan de representar políticamente a este sector informal. Hay luchas entre grupos de izquierda para tratar de representar a este sector y también en bloques conservadores.
¿Qué bancadas del Congreso tienen mayores nexos con la minería ilegal?
El Bloque Magisterial tiene muchísimos nexos con la minería informal e ilegal. También un sector de asesores del fujimorismo, entre ellos los de Martha Moyano. El Bloque Magisterial pretendería quedarse con la Comisión de Energía en la próxima legislatura y está pidiendo eso para dar su voto por la presidencia.
¿De ocurrir ello, no tendríamos una Ley Mape y el Reinfo se ampliaría más allá de este año?
Creo que sí. Al llegar diciembre y no poder formalizar a los más de 27 mil registros que quedan (de los más de 80 mil) el Gobierno va a tener que ampliar (el Reinfo) porque no le queda otra opción, ya que el 97% de estos registros están dentro de concesiones ajenas y será muy difícil llegar a acuerdos. Creo que el Reinfo va a tener que ampliarse de todas maneras.
¿Lo que resta de este año será insuficiente para formalizar a los 27 mil mineros informales?
No va alcanzar el tiempo, va a ser muy difícil. Lo dos principales problemas son la regularización de los instrumentos de gestión ambiental de inicio y reinicio, y el acuerdo de explotación que tiene la concesión y el que tiene la labor. Además, el Gobierno va a llegar a diciembre sin la Ley Mape, porque es difícil hacerla y va a tener que retroceder y ampliar el Reinfo.
¿Qué lectura tiene del gremio que lidera a los mineros, la Confemin?
Al interior del mundo informal hay una gran división entre Confemin, Fenamarpe y las federaciones del sur como las de Apurímac e Ica, que se han manifestado, no en contra de la protesta sino del liderazgo de Máximo Franco Bequer (presidente de la Confemin) porque dicen que no ha conseguido absolutamente nada y solo ha ido a hacer un tik tok.
¿Estas fisuras pueden dificultar o facilitar una salida al actual conflicto?
Puede facilitar porque no es un grupo compacto y cada uno tiene su propia agenda. Confemin defiende básicamente la agenda de Pataz, que es muy extremista, y Fenamarpe se ha retirado. Esta falta de unidad y poca fortaleza puede hacer que se sigan debilitando y al negociar no van a conseguir nada. Los debilita a ellos y pone al Gobierno en una posición más interesante para negociar.
¿Y qué tanto la minería informal se han infiltrados en los partidos políticos?
Podemos Perú, por ejemplo, es de los que tiene mayor representación, ambiciones y objetivos en el mundo informal. Tiene al pastor Rosas, que irá como candidato a vicepresidente y cuyo hijo (Cristhian Rosas) es uno de los principales asesores de estos mineros. Igual APP, con César Acuña que ha dicho que está en contra de la formalización y ha diseñado su propia ley de formalización que no tiene pies ni cabeza. Hay gente involucrada directamente para representar política y electoralmente a este sector minero informal que tiene mucho dinero y quiere representación.
¿Entonces, vamos a tener a la minería informal candidateando en las próximas elecciones?
Es probable que la minería informal se camufle en las próximas elecciones, ya que la minería ilegal ya está camuflada a través del Reinfo.
¿Se ratifica en que el predictamen de la Ley Mape es un mamarracho y un proyecto Frankestein?
Esa ley Mape que han hecho es un mamarracho absoluto porque sería atentatoria contra el sistema de concesiones vigentes y estaría creando una servidumbre minera para legalizar las invasiones. Es una “ley Frankestein” porque han juntado 11 propuestas de diversas bancadas y el congresista Paul Gutiérrez ha dicho, vamos a hacer una ley con todos estos aportes y han metido de todo en esa ley y lo han presentado dos veces a la Comisión de Energía. La última es más mala que la primera.(Correo)