Coalición Solidaria. Víctimas de violencia sexual infantil de 16 países de la región, incluido el Perú, han conformado el Movimiento de Valientes de Latinoamérica y el Caribe, una organización que busca impulsar cambios legales e institucionales para prevenir este delito, llevar a los perpetradores ante la justicia y ayudar a que los sobrevivientes sanen sus heridas.
A Claudia Padilla, como a millones de víctimas de violencia sexual, el sistema le falló. Entre los 5 y los 11 años de edad, su progenitor, el hombre que debía protegerla de los peligros del mundo, abusó de ella y de su hermanita, e incluso las sometió a explotación sexual comercial con amigos cercanos. Cuando algunas vecinas lo denunciaron por acosar a otras niñas del barrio, cuando se descubrió los abusos a los que sometía a sus hijas, la justicia, alegando su avanzada edad, no solo lo mandó a cumplir prisión preventiva en su casa sino que envió a las niñas con él. Solo cuando el criminal murió, por causas naturales, la violencia sexual acabó.
Claudia vive en Honduras, un país con altas tasas de violencia sexual, en el que cada tres horas se registra una denuncia por agresión sexual y en el que cada año 23.000 niñas y adolescentes dan a luz, en su mayoría por violaciones.
La terrible experiencia que vivió definió de muchas maneras su futuro. A los 14 años, Claudia se convirtió en una activista y defensora de víctimas de violencia sexual en su país. Hoy es parte de una decena de organizaciones que luchan por esta y otras causas, como los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ+. Cada semana atiende por lo menos tres casos de violencia sexual en su comunidad. Durante años ha cumplido esta labor gratuita, lidiando con todo tipo de obstáculos legislativos y burocráticos, y, en su doble condición de víctima y activista, lo ha hecho casi solitariamente.
Hasta que, hace algunos días, Claudia conoció a otras personas como ella.
Eran hombres y mujeres de distintas partes de Latinoamérica que también habían sido víctimas de abuso cuando fueron niños o adolescentes. Que, a partir de estas experiencias, se habían constituido en líderes y activistas en sus respectivos países. Y que se habían reunido allí, en la ciudad de Buenos Aires, para decirse mutuamente que no estaban solos.
Cuando, días después de haber compartido tanto con esas personas, volvió a Honduras, Claudia debía atender tres casos de víctimas que la estaban esperando. Desde Tegucigalpa, por vía telefónica, ella cuenta a La República que mientras empezaba a ver los casos, sintió una sensación nueva. “Me sentí acompañada, me sentí segura y sentí que ahora formaba parte de una familia, un movimiento que iba a luchar para que estas realidades mejoren dentro de cada país”.
La nueva familia a la que Claudia Padilla se refiere es el Movimiento de Valientes de Latinoamérica y el Caribe. Fue presentado hace unos días, el 16 de marzo, en Buenos Aires, por un grupo de activistas y sobrevivientes de 16 países de la región que han decidido que, a partir de ahora, en la lucha por la prevención de los delitos sexuales y por el castigo a los perpetradores, su voz, unida, también será escuchada.
Su lideresa es la boliviana Brisa de Angulo, quien a los 15 años fue violada durante meses por un familiar. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sancionó al Estado boliviano por haber vulnerado sus derechos durante el proceso judicial contra el agresor. Brisa ha escrito varios libros sobre el tema, ha recibido varios premios y es un referente en Latinoamérica para todas las víctimas que buscan justicia.
El Movimiento de Valientes que Brisa y los otros sobrevivientes latinoamericanos han fundado forma parte del Brave Movement, una organización fundada en 2022 por la activista y también víctima Daniela Ligiero con tres objetivos principales: prevenir la violencia sexual, impulsar que los agresores sean llevados ante la justicia y ayudar a que los sobrevivientes encuentren reparación y puedan sanar.
En el Movimiento de Valientes está la argentina Sonia Almada, quien de niña sufrió un período de abusos sexuales a manos de un tío político, y a pesar de que intentó contárselo a su familia, nunca fue escuchada. Ahora es psicóloga y dirige una asociación civil, Aralma, que impulsa la erradicación de todas las formas de violencia hacia infancias y familias.
Está la uruguaya Victoria Marichal, víctima de violencia sexual de niña y adolescente, hoy psicóloga especializada en la atención de sobrevivientes de abuso sexual infantil. Está Zoilamérica Ortega, hijastra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien durante 13 años padeció las agresiones sexuales del dictador.
Y también está el peruano José Enrique Escardó, la primera persona que denunció los abusos del Sodalicio, tan temprano como en el año 2000, incluidos los tocamientos indebidos que cometió contra él su líder, Germán Doig.
Para ellos y todos los demás, el Movimiento de Valientes constituye el primer espacio en el que pueden sentir que su voz como sobrevivientes, a veces solitaria en sus respectivos países, puede amplificarse y tener más fuerza.
“Nosotros, los sobrevivientes, conocemos nuestra realidad personal, nuestros procesos que, en algunos casos, han durado décadas, conocemos la realidad local de nuestros países y cuáles son los retos y obstáculos a los que nos tenemos que enfrentar”, dice José Enrique Escardó, quien es fundador de la Red de Sobrevivientes Perú. “Y eso ayuda a que podamos tener una visión macro de un problema que es común en nuestra región”.
“Sabemos que como movimiento vamos a tener mayor fuerza en la voz y mayor incidencia”, dice Sonia Almada, en diálogo telefónico, desde Buenos Aires. “Nos vamos a presentar en diferentes instancias y congresos para llevar nuestra voz, no de los hechos que nos acontecieron como sobrevivientes, sino del conocimiento que hemos adquirido como activistas. Nadie sabe más que un sobreviviente lo que es mejor para otro sobreviviente. Venimos a cambiar la narrativa. No solo somos un objeto de estudio de los otros, por más que ellos tengan buenas intenciones, sino que somos sujetos activos de ese cambio y vamos a pedir participación en los espacios donde se tomen las decisiones. Vamos a hacer un cambio con una mirada latinoamericanista, desde nuestra propia voz”.
Escardó y Almada explican que uno de los objetivos es que en todos los países de la región se declare que los delitos de violencia sexual infantil son imprescriptibles, algo que, después de mucha presión de activistas y congresistas aliados, se consiguió en Perú en 2018. También buscarán lograr cambios en el trato que los operadores de justicia prestan a las víctimas.
“No solo somos sobrevivientes sino, también, activistas”, dice, por su parte, Victoria Marichal desde Montevideo. “Hay una articulación entre el saber individual de la vivencia y el saber teórico con el que hemos ido reformulando nuestras propias experiencias. Y es una forma de cuidarnos, entre todas, todos y todes”.
El Movimiento de Valientes de Latinoamérica y el Caribe forma parte del Brave Movement Global, fundado en 2022 por la brasileña Daniela Ligiero.
1,1 millones de niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual en la región, según Unicef.
58% de niños, niñas y adolescentes en América Latina sufrieron abuso físico, emocional o sexual en el último año, según la OMS.
La gestión de César Acuña al final ejecutó menos de un millón de soles en servicios que debía favorecer a este grupo vulnerable. Contraloría detecta irregularidad
Precisamente, la entidad de control, publicó el último 26 de marzo, el informe de acción de oficio posterior en el que detalla que la gestión apepista solo consiguió invertir el 0.3% de los recursos destinados para este sector clave que se encuentra en alta vulnerabilidad.
El año pasado, la Región tenía un presupuesto institucional de apertura de S/2,809′776.833. De estos recursos, entonces, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, la gestión solo debía destinar un poco más de un millón de soles para alcanzar la meta prevista de ese 0.5%. Sin embargo, de un total de S/1′ 094,944, solo se ejecutó S/928,070; es decir, el 0.3%.
Estos recursos solo son entregados a los gobiernos regionales del Perú y a la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Luis Portugal Lozano, titular encargado de la subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría, le envió el oficio N°007355 a Acuña. Ahí le precisa sobre este indicio de irregularidad y le pide tomar acciones correctivas, teniendo en cuenta que este año su presupuesto supera los 3 mil millones de soles y debería superar el millón de soles para alcanzar la meta del 0.5% a favor de las personas con discapacidad.
“Comunicamos que se ha identificado un hecho con indicio de irregularidad evidenciado; el cual se detalla en el informe de acción posterior para la adopción de las acciones que correspondan”, detalla el funcionario.
Procesión del Señor en el sepulcro y la Virgen de los Dolores a cargo de la municipalidad huamachuquina, Policía Nacional e I.E. San Nicolás.
“Quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación”, manifestó en un pronunciamiento grabado en el que estuvo acompañada por su Gabinete Ministerial en pleno.
Como se conoce, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, calificó en la víspera de “rebeldía” que Dina Boluarte no haya recibido a los fiscales cuando se establecieron las diligencias para recabar información y declaraciones sobre la posesión de los Rolex y, más bien, su defensa pidió reprogramaciones.
“La medida es arbitraria, desproporcional y abusiva. Esta situación es sumamente grave ya que afecta los derechos de mi familia, pero afecta también la gobernabilidad del país (...) Hermanas y hermanos, la presidenta Dina viene siendo atacada sistemáticamente y, por ende, se ataca la democracia, generando inestabilidad política, social y económica”, continuó en un mensaje que sobrepasó los trece minutos.
EXPLICACIÓN SOBRE CUESTIONAMIENTOS
Respecto a sus relojes Rolex, la mandataria cuestionó: ¿desde cuándo un sector de la prensa se preocupa por lo que usa o no usa una presidenta o un presidente?”. Añadió que “quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación”. Por recomendación de su abogado, dijo, “me ha pedido que no dé todavía ninguna declaración hasta que yo pueda asistir a la Fiscalía y aclarar los hechos”.
Asimismo, sostuvo que es falso que tenga interés en que no se capture a Vladimir Cerrón, en referencia a un reportaje periodístico de Latina que dio cuenta que el vehículo del Estado en el que se traslada estuvo en las inmediaciones del último lugar conocido en el que estuvo el líder de Perú Libre, en el distrito de Asia.
Dijo que es otro punto del “acoso sistemático” la pérdida del cuaderno que registra quien ingresa y sale de su domicilio en Surquillo, lo que fue revelado por Panorama. “Lo cierto es que alguien lo encargó y mágicamente desapareció 5 días y, oh casualidad, primero dicen que lo encontraron en la Vía Expresa o en un parque, luego que lo encontraron en un vehículo del Estado. Pregunto al pueblo peruano que es inteligente: ¿es tan fácil encontrarse cosas por ahí tiradas? Saquen ustedes sus conclusiones”, manifestó.
Finalmente, pidió que “hoy marchemos por la verdad, por la idoneidad, por abrazarnos todos en un solo corazón. Basta de usar algunos medios de comunicación para generar caos e incertidumbre en perjuicio de la patria, basta de generar cortinas de humo”.
“Llamo a los congresistas demócratas a defender la institucionalidad. No al manoseo de la vacancia o adelanto de elecciones. Hago un llamado al empresario peruano, a los trabajadores sociales”, concluyó.
Accidente de tránsito se registró en el sector El Cable del distrito de Quiruvilca
La tragedia ocurrió la tarde de Viernes Santo, cuando el vehículo de color rojo de placa de rodaje T1F-697, donde viajaban cuatro personas, terminará despistándose y cayendo a un abismo.
Producto del fuerte impacto falleció Rocío Rosas García. Mientras tanto, resultaron heridos Luis Horna Baltazar, María Jiménez y la menor de iniciales A. H. J. (9)
Cabe mencionar que la niña de 9 años se encontraba grave y fue trasladada al Hospital Belén de Trujillo.
La Policía Nacional del Perú ya investiga las causas de este lamentable incidente que enluta a una familia de Quiruvilca.
El premier Gustavo Adrianzén sostuvo que la diligencia realizada contra la presidenta Dina Boluarte en el marco del 'caso Rolex', es un "grave ruido político", que afecta las inversiones del país.
El premier Gustavo Adrianzén se refirió acerca del allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, así como al Palacio de Gobierno. Según indicó, la diligencia ejecutada por la Fiscalía y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) es "desproporcionada e inconstitucional".
Empleando sus redes sociales, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sostuvo que el operativo realizado en el marco del 'caso Rolex', es un "grave ruido político", que afecta las inversiones del país.
"Es grave el ruido político que se está haciendo, que afecta a las inversiones y a todo el país. Lo que ha sucedido en las últimas horas son acciones desproporcionadas e inconstitucionales", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.
En esa línea, Adriazén Olaya apuntó que la mandataria se encuentra en su residencia dentro de Palacio de Gobierno y brindará declaraciones al Ministerio Público (MP) cuando se la convoque. "Ella pidió una reprogramación y, extrañamente, no la aceptaron. A pesar de ello, sigue colaborando con la Fiscalía", manifestó.
Del mismo modo, el premier aseguró que los ministros de Estado respaldan a la titular del Poder Ejecutivo. "Rechazamos enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que se encubren en cuestionables disposiciones jurisdiccionales y reafirman la politización de la justicia", enfatizó.
"Llamamos a las fuerzas políticas y sociales a vigilar el orden constitucional. La presidenta y el gabinete estamos decididos en continuar trabajando por la reactivación económica y la seguridad. Esa es la prioridad. Nadie ha pensado renunciar por esta acción desproporcionada", concluyó.
Este viernes, en altas horas de la noche, representantes del Ministerio Público (MP) y personal policial de la Diviac iniciaron un allanamiento en la vivienda de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el marco del 'caso Rolex'.
De acuerdo a lo conocido, la intervención se ejecutó al promediar las 10:55 p.m. de este viernes 29 de marzo, tras una resolución judicial emitida en la víspera por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
De tal modo, se conoció que la orden de allanamiento con fines de registro e incautación comprendió el inmueble ubicado en la calle Los Halcones, en Surquillo (Lima), donde reside la jefa de Estado, Dina Boluarte, así como el Palacio de Gobierno del Perú.
Cabe mencionar que, la Fiscalía de la Nación solicitó al juzgado efectuar este allanamiento a propósito de la investigación que inició por presunto enriquecimiento ilícito.
De esta manera, el premier Gustavo Adrianzén sostuvo que la diligencia realizada contra la presidenta Dina Boluarte en el marco del 'caso Rolex', es un "grave ruido político", que afecta las inversiones del país.
