Nada detiene al Congreso y a sus líderes con carpetas fiscales y judiciales, en su afán de capturar el sistema de justicia en el Perú. La Comisión Permanente dio ayer un paso decisivo, al aprobar el informe final con la propuesta para inhabilitar a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Ahora solo queda el golpe final en el Pleno, en una sesión prevista para el 6 de marzo.
La propuesta de la inhabilitación del Pleno íntegro de magistrados de la JNJ fue aprobada con el voto religioso y disciplinado a favor de las bancadas aliadas de Fuerza Popular y Perú Libre, junto con sus grupos satélites del Congreso. De nada sirvió la exposición detallada y fundamentada del especialista Samuel Abad sobre la ausencia de infracción constitucional. Los legisladores se impusieron solo por la fuerza interesada de los votos.
Ausencia de infracción constitucional
El constitucionalista Samuel Abad llamó la atención de los legisladores debido a que el informe final de Esdras Medina no desvirtúa las diez razones que desarrolló la defensa de los magistrados, sobre la ausencia de infracción en la decisión del 2020, cuando la JNJ interpretó que la magistrada Inés Tello, tras cumplir los 75 años, podía permanecer en el cargo hasta el vencimiento de su mandato de cinco años.
Por un lado, Abad apuntó que el artículo 156 de la Constitución, sobre el requisito de los 75 años para ser miembro de la JNJ, se debe leer y entender de forma conjunta con el 155, que establece que el mandato es de cinco años.
Asimismo, recalcó que no existe una norma que regule la vacancia en la JNJ por el límite de edad de los 75 años. “De haberse iniciado un proceso de vacancia por el argumento de los 75 años, sí se hubieran vulnerado la Constitución y la ley (...) Lo que pide el informe de la subcomisión es que violen la Constitución”, explicó.
Un tercer argumento que es clave tiene que ver con la juramentación. Este acto estuvo presidido por Walter Gutiérrez, nada menos que el exdefensor afín al fujimorismo. Este abogado, cuando tomó el juramento de Inés Tello en enero del 2020, lo hizo textualmente por el periodo de cinco años. Y para entonces ya todos los miembros de la comisión especial que eligió a la JNJ estaban notificados de que Tello iba a cumplir 75 años en setiembre. Y a nadie se le ocurrió tomarle juramento por ocho meses.
Abad también hizo hincapié en que el límite de los 75 años es solo para el acceso a la JNJ. En quinto lugar, explicó que Servir emitió un informe de interpretación, debido a que la JNJ se encuentra bajo el régimen del servicio civil.
En sexto lugar, las bases del concurso para la JNJ textualmente mencionaban los requisitos “para poder postular”. Asimismo, cuando la JNJ interpretó en el 2020 que Inés Tello podía permanecer en el cargo, nadie impugnó tal decisión. Ni los suplentes. El pleito surgió recién con este Congreso, cuando Inés Tello inició las investigaciones contra Patricia Benavides. El constitucionalista Abad explica que el caso fue llevado “al escenario político, porque en el escenario jurídico y objetivo nunca se cuestionó”.
Por otro lado, el informe de Esdras Medina solo cita a tres miembros de la comisión especial. Samuel Abad recordó que uno de ellos, Ernesto Blume, cambió de opinión. En cambio, el exrector de la UNI Jorge Alva declaró en RPP que Inés Tello tenía un mandato de cinco años, pero su opinión no fue recogida en el informe.
Abad también explicó que vacar a un miembro de la JNJ por límite de edad sin una base legal hubiera vulnerado el derecho a la permanencia en la función pública.
Finalmente, recordó que en el mismo Congreso hay quienes tienen dudas sobre el límite de edad, razón por la cual presentaron proyectos para precisar este vacío.
El magistrado Aldo Vásquez, a su turno, alertó de que “la afectación de la autonomía de la JNJ, a través del cese masivo de sus miembros, no sería sino la confirmación de la ausencia de institucionalidad en el Perú y el quiebre del equilibrio de poderes”.
Orfandad de ideas
Tal es la incoherencia de este Congreso que los dos congresistas que presentaron proyectos para precisar el límite de los 75 años como causal de cese de los miembros de la JNJ ayer no tuvieron reparos en votar a favor de la inhabilitación de los magistrados.
De salida. Aldo Vásquez acudió al Congreso y alertó de que se afecta la autonomía de la JNJ. Foto: Félix Contreras / La República
Es decir, son conscientes de que hay un vacío en la Constitución y por eso presentaron sus respectivos proyectos, pero ayer votaron radicalmente a favor de la sanción más drástica para los magistrados. ¿Quiénes son esos dos congresistas? La legisladora chalaca Patricia Chirinos y Wilson Soto, de Huancavelica. Ninguno de ellos intervino ayer para tratar de ofrecer argumento alguno sobre sus votos.
La orfandad de ideas se hizo notoria también durante las escuetas intervenciones de algunos legisladores. Jorge Montoya (Renovación Popular), en forma virtual, claramente se limitó a leer un papel y dijo que los miembros de la JNJ “se creen intocables”.
Su colega de bancada, el militar José Cueto, sostuvo que los magistrados de la JNJ “son responsables” de la gente que libera a los delincuentes y “a toda esa gente que está matando y no está dejando trabajar a nuestra gente (SIC)”. “Esa es su responsabilidad y no la han cumplido, y yo creo que por eso se tienen que ir”, expresó con su acento castrense. No hizo ninguna referencia al tema de la edad.
Desde el bloque de la izquierda, Edgar Tello, quien llegó al Congreso por Perú Libre y ahora está en el grupo llamado Bloque Magisterial, se quejó de los allanamientos o intervenciones que realizan algunos operadores de justicia, en clara alusión a los actos realizados contra algunos congresistas investigados.
Martha Moyano defendió la postura de Fuerza Popular para sancionar a los miembros de la JNJ y dijo que su bancada siempre se ha mostrado “firme e imparcial”, “así fueran nuestros amigos”. (Nadie le recordó que hace poco su misma bancada blindó a Héctor Becerril).
Su colega, el fujimorista Alejandro Aguinaga, quien debe responder ante la justicia por las esterilizaciones forzadas, sostuvo que la JNJ fue una creación del expresidente Martín Vizcarra. A él tampoco le recordaron que esta instancia fue una creación del Congreso y la conducción del diseño en detalle de las reformas para crear la JNJ estuvo a cargo del fujimorismo, con Rosa Bartra al frente del grupo de Constitución.
Desde la tienda de Alianza para el Progreso, ayer nuevamente se vio a Lady Camones, legisladora por lo demás afín al fujimorismo, votando de forma disciplinada a favor de la sanción de los miembros de la JNJ. Su líder, César Acuña, fue abordado por los medios de su región, La Libertad, y sobre el tema solo dijo que las bancadas tomaron tal decisión tomando en cuenta que pronto se elegirá a la nueva Junta.
César Acuña, al igual que Keiko Fujimori y el prófugo Vladimir Cerrón, tiene cuentas pendientes con la justicia peruana. Y sus bancadas de APP, Fuerza Popular y Perú Libre vienen cumpliendo un papel determinante en este proceso para desmantelar a la JNJ.
La captura política de esta institución encargada de designar y ratificar a los jueces y fiscales ahora está a solo un paso. Desde la Mesa Directiva ya hay fecha para el zarpazo. Este viernes 1 de marzo habrá un pleno de instalación y la sesión para ejecutar el golpe está prevista para el miércoles 6 de marzo.
Datos
Rechazo. El Colegio de Abogados de Ayacucho emitió ayer un pronunciamiento en protesta contra el Congreso y advierte que el informe final de Esdras Medina no hace un análisis prolijo sobre la supuesta infracción constitucional por parte de los magistrados de la JNJ.
Reacciones
Omar Cairo, constitucionalista
“(Inés Tello) no cometió infracción. La renuncia es un acto voluntario y no por infracción. Y no había forma de vacancia. La única forma hubiera sido delinquir”.
Samuel Abad, constitucionalista
“Los siete integrantes de la JNJ fueron elegidos en un concurso público de méritos, por un periodo que establece la Constitución (de cinco años, según el art. 155)”.
