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martes, 13 de febrero de 2024

Dina Boluarte tenía información confidencial de las investigaciones en su contra

Testimonio. Jaime Villanueva asegura que la presidenta de la República poseía información confidencial del caso ‘Los Dinámicos del Centro’ y las muertes en las protestas, a través de la relación de su abogado Óscar Nieves con un fiscal adjunto de Patricia Benavides.

El abogado de Dina Boluarte, Óscar Nieves, está vinculado a la investigación a la red ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Foto: difusión

Entre el engaño y la verdad. Una guerra mediática y política sacude al Ministerio Público-Fiscalía de la Nación. El detonante de este conflicto son las declaraciones del exasesor Jaime Villanueva, como testigo y aspirante a colaborador eficaz, en la investigación a la suspendida fiscal suprema y exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas.

Las declaraciones de Villanueva ante la fiscal suprema Delia Espinoza se están conociendo de a pocos, lo que mantiene nerviosos a todos. Hasta ahora habría declarado siete veces. Han trascendido a los medios de comunicación sus declaraciones del 24 y 30 de enero.

Nada de lo que ha dicho está aun corroborado. Legalmente, tiene que haber dicho solo la verdad y lo que le consta personalmente, pero los interrogatorios suelen ser amplios y los fiscales y los abogados participantes le han dado libertad para que hable de todo lo que vio, supone, cree o que otros personajes le contaron.

Los abogados participantes no cuestionaron las preguntas ni hubo repreguntas ni pedidos de aclaración. Su testimonio será el punto de partida de varias investigaciones.

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, pidió copias de esas declaraciones para iniciar investigación a los altos funcionarios públicos mencionados por Villanueva en posibles actos ilegales: los congresistas Martha Moyano, Patricia Chirinos, José Balcázar, Ruth Luque Ibarra; los fiscales supremos titulares Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos; el juez supremo Juan Carlos Checkley y el fiscal superior Rafael Vela Barba.

La fiscal suprema Delia Espinoza deberá definir si inicia otras investigaciones a personajes que no gozan de fuero especial, fiscales de primer instancia o particulares, o deriva la información a otras fiscalías. Ella está investigando a la suspendida fiscal suprema y exfiscal de la Nación Patricia Benavides en relación con la Operación Valkiria V, que realizó la fiscal Marita Barreto con el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder.

Investigará. Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, pidió copias de las declaraciones. Foto: Felix Contreras / La República

Operador político

En las dos declaraciones conocidas, Villanueva se ha mostrado selectivo. Ha enfilado sus revelaciones contra Pablo Sánchez, quien el 2018 lo despidió del Ministerio Público, y el fiscal superior Rafael Vela, a quien consideraba su gran amigo y cómplice entrañable y hoy responsabiliza de su detención preventiva en diciembre en el proceso denominado Patricia Benavides y su Cúpula del Poder. Sobre otros personajes, como, por ejemplo, Pedro Chávarry, habla muy poco y de manera positiva.

Es evidente un cálculo político en lo que dice. Es consciente de que su declaración saltará a los medios de comunicación y el público en general, incluso antes de ser corroborada. Hay mucho de cierto en lo que dice, pero también hechos que no se podrán probar o que simplemente son fruto de su especulación, y solo alimentaran el escándalo.

Así, por ejemplo, en su declaración del 24 de enero, Jaime Villanueva declaró que la presidente de la República, Dina Boluarte, recibía información privilegiada de las investigaciones que realizaba el despacho de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, a través de su abogado Óscar Nieves Vela.

Nieves Vela, investigado en el caso Cuellos Blancos del Puerto por su participación en la inscripción irregular del partido político Podemos, se habría acercado a Benavides por medio del fiscal adjunto Marco Huamán.

A través de su relación con Huamán, Nieves habría logrado que Boluarte no sea incluida en el caso Los Dinámicos del Centro por lavado de activos, pese a que en la campaña electoral se desempeñó como una especie de contadora del partido.

Ausente. Rafael Vela habría viajado al exterior de vacaciones. Foto: Andina

Posteriormente, de nuevo a través de Nieves habría recibido información de la investigación por las muertes durante las protestas luego de la vacancia del expresidente Pedro Castillo. El testigo no precisa qué información reservada habría tenido el abogado.

Esos hechos requieren otras pruebas y evidencias que demuestren que efectivamente hubo un acto específico de favorecimiento, más allá de la relación amical con un fiscal adjunto. De eso el testigo no ha hablado.

Además, Jaime Villanueva relata una reunión en la casa de la congresista Ruth Luque con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el asesor de Benavides, Miguel Girao, y el fiscal superior Rafael Vela Barba, con el objetivo de que el fiscal de Lavado de Activos Richard  Rojas Gómez no involucre a Pedro Castillo en la investigación por lavado de activos en el caso de Los Dinámicos del Centro.

El excolaborador de Patricia Benavides no da una fecha exacta de la reunión, pero si en ella participó Girao, como asesor de Benavides, debió realizarse después del 22 de junio, cuando ella asume como fiscal de la Nación, y antes del 1 de julio del 2022.

Lavado de activos

El primero de julio, el fiscal Rojas formalizó investigación por lavado de activos contra el dirigente de Perú Libre, sin incluir a Pedro Castillo.  El expresidente recién fue incorporado al proceso el 2023, ya vacado.

De acuerdo con Villanueva, en la llamada telefónica, Vela habría estado de acuerdo en que la Fiscalía de Lavado de Activos no incluya en la investigación a ‘Los Dinámicos del Centro’ a Castillo para no entorpecer la asunción a la presidencia, el 28 de julio del 2021.

Prófugo. Vladimir Cerrón confirma acuerdo con Vela. Foto: difusión

Según Villanueva, Vela pedía a cambio de ese apoyo una ley en el Congreso que permitiera a los aspirantes a jueces supremos sumar como tiempo de servicios las labores de fiscal superior y docente universitario, lo que ahora está prohibido.

La congresista Ruth Luque ha confirmado que esa reunión sí se produjo, aproximadamente en setiembre, pero niega la participación de Vela y algún acuerdo ilícito, pues para esa fecha el caso Los Dinámicos del Centro ya estaba definido.

En tanto, desde la clandestinidad, el prófugo líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, confirma todo lo dicho por Villenueva, que habría ocurrido entre junio y julio. “Ha quedado demostrado que el Ministerio Público abrió carpetas fiscales para chantajear a los políticos. El caso de Rafael Vela Barba y Richard Rojas Gómez, ambos de lavado de activos, es real”, afirmó Cerrón a través de la cuenta social X.

Indica que Ruth Luque lo citó a una reunión con Villanueva y Vela. En esta, Vela habría expresado que quería ayuda para ser fiscal supremo y fiscal de la Nación, a cambio de archivar el caso Los Dinámicos del Centro y Luque pidió cinco ministerios y el premierato para Verónika Mendoza.

“No cedí a ningún chantaje y entonces vinieron los allanamientos, los embargos, las incautaciones y las prisiones preventivas. Querían doblegar al Gobierno a través de estas investigaciones”, afirma Vladimir Cerrón.

El fiscal superior Rafael Vela Barba guarda silencio sobre todos estos temas. Esta citado a declarar ante el despacho de la fiscal Delia Espinoza, el 21 de febrero próximo, en calidad de testigo agraviado. Actualmente, se encontraría fuera del país de vacaciones con su familia.

Elecciones 2021

Jaime Villanueva, sin mostrar evidencias, asegura que Rafael Vela estaba al tanto de todas las discusiones e incidencias al interior del Jurado Nacional de Elecciones durante el complejo proceso electoral del 2021 y que incluso habló de cambiar al representante del Ministerio Público en esa época, Luis Arce Córdova, para garantizar el triunfo de Pedro Castillo.

Según el testigo, Vela sabía todo eso por intermedio de la jefa de Imagen del Jurado Nacional de Elecciones, Janett Talavera, y que por eso se preocupó cuando intervinieron el teléfono de ella en la investigación del caso Chisac.

Abogado. Óscar Nieves está vinculado al caso Cuellos Blancos del Puerto. Foto: difusión

Antes de trabajar en el JNE, Talavera trabajó en el Ministerio Público y parece lógico que hable con fiscales y en esas conversaciones pueda haber intercambio de información pública. Las decisiones las toman los miembros del JNE, no la Oficina de Imagen Institucional.

Además, en el denominado caso Chisac, en el teléfono de Talavera no se encontró nada comprometedor, solo información de interés público. Los fiscales saben eso. El caso Chisac está pendiente de definición, al haber terminado la investigación preparatoria. El testigo parece no tener esos detalles.

Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, afirmó que no ha sostenido “conversación con el señor Vela Barba ni ningún fiscal de ningún nivel o escala sobre la señora Keiko Fujimori o Fuerza Popular u otro partido político o candidata”.

“Jamás intervine en planificar estrategias electorales defraudatorias, ni para favorecer ni para perjudicar a nadie”, subrayó Salas Arenas.

El testigo Jaime Villanueva deberá volver a ser interrogado en las investigaciones que se deriven de sus primeros interrogatorios por parte de la Fiscalía Suprema, momento en el que deberá ampliar conceptos y empezar a mostrar o indicar dónde se pueden encontrar pruebas que ratifiquen lo que ha dicho.

Proceso de colaboración eficaz

Las declaraciones de Jaime Villanueva que han trascendido a la prensa son las que viene realizando en calidad de testigo. Son independientes de las declaraciones que ha dado en su proceso de colaboración eficaz ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, que dirige la fiscal superior Marita Barreto.

Su declaración en corroboración fiscal, como la testimonial, requiere verificarse con otras evidencias, testimonios, pruebas documentales, videos y fotos para establecer una realidad que pueda sostenerse en un proceso judicial.