"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

miércoles, 31 de octubre de 2018

En La Libertad 84,414 personas no saben leer

Según el INEI, 462,258 habitantes no tiene ningún tipo de seguro de salud y otras 160, 012 padecen algún tipo de discapacidad

De acuerdo a las últimas datos estadísticos que ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en la región La Libertad hay 1'778.080 habitantes, convirtiéndose de esta manera en la tercera región del país con mayor número de población.

Asimismo, se ha indicado que existen 84,414 personas de 15 y más años de edad que no saben leer. Esto equivale el 66% de la población de este grupo.

Con respecto al rubro seguro social, se precisó que el 70% de la población La Libertad cuenta con algún tipo de seguro de salud, es decir 1'315,822 están asegurados, mientras que 462,258 no tiene ningún seguro.

Asimismo, se ha señalado que 160, 012 personas padecen algún tipo de discapacidad.(correo)

Beca 18: ¿Cómo inscribirse al Examen Nacional de Preselección?

Previo a la inscripción, el interesado deberá verificar si cuenta con los requisitos como alto rendimiento académico y clasificación socioeconómica.

Los jóvenes interesados en obtener una de las 3933 becas de Beca 18 podrán inscribirse hasta el 23 de noviembre al Examen Nacional de Preselección (ENP), primera fase del concurso, en tres simples pasos. Así lo informa el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

En esta nueva convocatoria, la inscripción será virtual desde cualquier computadora o dispositivo móvil conectado a internet. Antes de este proceso, el interesado deberá consultar si acredita alto rendimiento académico y cuenta con condición de pobreza o pobreza extrema, según la clasificación socioeconómica que realiza el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Estos son los simples pasos que deberán seguir los estudiantes:

1.- Ingresar a la página web del Pronabec (pronabec.com.pe) y dar clic en la pestaña Beca 18. El registro se realiza en el módulo de inscripción.

2.- Crear una cuenta. Para ello, deberá brindar su número de DNI, correo electrónico y datos personales. Se le asignará un usuario y clave de acceso.

3.- Validar el expediente virtual completo mediante firma electrónica. Verificar si todo está correcto.

Si el interesado es menor de edad, deberá cargar en el módulo de inscripción la declaración jurada de autorización para inscripción al ENP firmada por su representante (madre, padre o apoderado).

El expediente virtual completo y firmado electrónicamente será enviado al buzón del interesado y a su cuenta de correo electrónico. Los inscritos que resulten aptos rendirán el ENP el 16 de diciembre. Solo los preseleccionados podrán postular a Beca 18 el próximo año.(trujilloinforma)

Comisión Bartra libró de responsabilidad a Alan y Keiko

El informe Lava Jato. El grupo de trabajo que investigó presuntas coimas y sobornos en funcionarios públicos de diferentes niveles de gobierno halló responsabilidad en los expresidentes Toledo, Humala y Kuczynski, así como en alcaldes Villarán y Castañeda, pero ni siquiera indicios en Alan García ni en Keiko Fujimori.

Después de más de 180 días de investigación, la comisión Lava Jato elaboró un informe cuyas conclusiones se empezarán a debatir en el pleno del Congreso de la República el lunes 5 de noviembre.

El día de la entrega del documento final a la Oficialía Mayor, Rosa Bartra, la presidenta, declaró que el informe refiere que los sobrecostos por adendas, incrementos, nuevos contratos o cancelaciones superan largamente los 3,000 millones de dólares.

A lo largo de 1446 páginas, los miembros de esta comisión han consignado recomendaciones y conclusiones de 11 informes por 11 proyectos adjudicados a las empresas brasileñas y sus consorciadas. En ellas se indica diferentes niveles de responsabilidad en expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, además de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y el alcalde Luis Castañeda; pero se libra al expresidente Alan García y a la excongresista y candidata presidencial Keiko Fujimori.

Proyecto Olmos

Respecto al proyecto de Irrigación, Hidroenergético Olmos, Trasvase e Irrigación; el informe profundiza en los vínculos del expresidente Pedro Pablo Kuczynski a través de su empresa Westfield Capital con la constructora Odebrecht. Reitera que cuando Kuczynski fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, suscribió los decretos supremos N° 100 - 2004 - EF y el N°014 - 2006 -EF que beneficiaron a la concesionaria Trasvase Olmos en el proceso de "colocación de bonos corporativos". Además, denuncia que en este proyecto se reconoció irregularmente US$ 50 millones a favor de la constructora investigada hoy por corrupción. Por lo tanto la Comisión recomienda denunciar a PPK por el delito de cohecho pasivo impropio.

Interoceánica Sur

En la obra del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil, el grupo Bartra recomienda acusar al expresidente Alejandro Toledo de los delitos de colusión, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias y lavado de activos. Mientras que a PPK piden imputarle delito de colusión junto al expresidente del Consejo Directivo de Proinversión José Ortiz Rivera y el expremier Carlos Ernesto Ferrero; al exministro Fernando Zavala, cohecho pasivo impropio, al exsocio de PPK Gerardo Sepúlveda.

Para los empresarios Josef Maiman, José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña solicitan indagarlos por lavado de activos. A las constructoras Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao; instan procesarlas por colusión.

Metro de Lima y Callao

En el Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, el informe no recomienda que se le procese al expresidente Alan García, pese a que el documento confirma que sí tuvo 15 reuniones con Jorge Barata y que en el segundo gobierno aprista se emitió el Decreto 032-2009 que favoreció el Tren Eléctico. La pesquisa se limita a presentar solo las declaraciones del líder aprista cuando fue citado. A quien sí recomiendan acusarlo es al exministro Enrique Cornejo por asociación ilícita para delinquir, negociación incompatible y colusión agravada. Mientras que al exviceministro Jorge Cuba por colusión, cohecho y lavado de dinero. Otro imputado es el exsecretario del MTC Jorge Luis Menacho por colusión contra el Estado.

Línea Amarilla

El informe señala que se favorecieron a las empresas brasileñas OAS, en el proyecto Línea Amarilla, y a Odebrecht en Vías Nuevas de Lima.

Según el texto Susana Villarán y Luis Castañeda dejaron de lado los proyectos de mejoras al sistema vial a cambio del financiamiento de la campaña del NO a la revocatoria y beneficios personales, respectivamente.

Se señala que hay evidencias de que la ex alcaldesa de Lima recibió una coima para favorecer a OAS, por lo que recomienda denunciarla por lavado de activos, negociación incompatible, cohecho pasivo y falsedad ideológica.

Respecto a Castañeda, se afirma que incurrió en tráfico de influencias al haber suscrito los contratos de concesión del proyecto línea amarilla (que ha sido observado) y la suscripción del contrato de fideocomiso del proyecto Río Verde Respecto al alcalde Castañeda, sostienen que incurrió en supuesto tráficio de influencias, pues es responsable de la firma del contrato de concesión del proyecto línea amarilla (que ha sido observado) y la suscripción del contrato de fideocomiso del Proyecto Río Verde. Se recomienda denunciar además Guiselle Zegarra, ex gerente de la inversión privada del municipio de Lima, y a José Miguel Castro, ex gerente municipal.

Hospital Lorena

Nadine Heredia encabeza la lista de presuntos responsables de irregularidades en la concesión y construcción del hospital Lorena, en Cusco. Se afirma que junto al ex gobernador regional, Jorge Acurio, recibió una coima de parte de OAS equivalente al 2,5% del valor inicial de la obra ( S/ 197 millones). El costo de la obra se incrementó en 103 millones de soles (52%)haciendo un total de S/ 301 milones.

Centro de convenciones

Recomiendan denunciar constitucionalmente al ex presidente Ollanta Humala por supuesta infracción al principio de buena administración por autorizar a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) encargarse de la selección y y contratación de las empresas que ejecutaron y supervisaron el Centro de Convenciones de Lima

El proceso lo llevó adelante la OIM, por encargo del Ministerio de Vivienda, bajo la modalidad de Convenio por Administración de Recursos para la ejecución del proyecto que tuvo como monto referencial la suma de S/454.9 millones y subió hasta S/499.3 millones. Se afirma que hubo concertación con OAS para que se pague el costo, pese al retraso en la entrega de la obra.

Hidroeléctrica Chaglla

Respecto a la concesión de la obra central hidroeléctrica Chaglla y al supuesto millonario perjuicio ocasionado a Electroperú por la compra de energía a entidades privadas, hallan responsabilidad administativa en el ex ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez, y en el ex viceminsitro de Energía y Minas Javier Camac, quien concesionó el servicio a la empresa de Generación Huallaga para que construya la central hidroeléctrica, pese a que no cumplió, dicen, con los requisitos exigidos. Pero ni él ni otros funcionarios cumplirían unaa pena, pues los delitos en que habrían incurrido ya prescribieron.

Chavimochic

En la edificación del proyecto Chavimochic III Etapa, la investigación recalca que el Gobierno Central y el Regional de La Libertad priorizaron ejecutar la obra a través del DU N° 047-2008. En ese sentido, la comisión Bartra insta a la Fiscalía a investigar al exgerente del proyecto Huber Vergara Díaz, por delitos contra la administración pública en su modalidad de colusión; y a Edilberto Ñique Alarcón, Kenny Eduardo Heredia García y Miguel Orlando Chávez Castro por usurpación de funciones. La indagación también puntualiza que hubo una deficiente elaboración de las bases y el contrato de la concesión de esta obra, generando la paralización de la construcción y un perjuicio al Estado ascendente a US$ 222´100.958.90.

Gasoducto Sur

La Comisión Lava Jato concluye que en el proyecto de Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano se favoreció ilegalmente a Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, Camargo Correa y sus consorciadas. El oficio presume que el esquema se coordinó en la reunión que tuvieron el expresidente Ollanta Humala, Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luis Mameri en Palacio el 28 de marzo del 2012. En ese sentido, recomiendan acusar al líder nacionalista por colusión simple y agravada; a la exprimera dama Nadine Heredia, por lavado de activos y tráfico de influencias; al exministro de Economía Luis Miguel Castilla, por colusión agravada, y al exministro de Energía y Minas Jorge Merino, por lavado de dinero.

Alto Piura

En la obra de Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura, la Comisión Lava Jato no acusa a nadie. El argumento que alega el informe es que no pudieron investigar la última etapa del proyecto correspondiente a la incorporación del consorco Obrainsa - Astaldi, por no ser empresa brasileña, ni consorciada. Esto limita, según el oficio, la posibilidad de realizar un análisis. Cabe recordar que este proyecto fue iniciado entre las décadas de los 80 y 90, y se reactivó en 2005 durante la gestión del entonces presidente regional César Trelles Lara. Pese a que la obra data del 2010, año en que el proyecto se licitó en la gestión de Trelles sin contar con un expediente técnico definitivo, la indagación del Congreso no revela delitos.

Mywebday y Drousys

La pesquisa identifica que a través de estos sistemas operativos, Odebrecht operó con mecanismos informáticos que "permitieron eludir los controles estatales para pagar coimas" y así lograron adjudicarse de concesiones y disponer del dinero público destinado para las obras de manera discrecional. "Las acciones realizadas mediante la creación y la introducción en el Perú de los sitemas informáticos Mywebday y Drousys podrían haber quebrantado lo establecido en el artículo 8 de la ley 30096, Ley de Delitos Informáticos". No obstante, la Comisión precisa que tiene evidencias de que más allá de abril del 2016, el sistema Mywebday todavía continuaba operando en el Perú. Detalla además que este esquema fue originado en Estados Unidos.(la república)

martes, 30 de octubre de 2018

Denuncian secuestro y robo a menor de 12 años en Huamachuco

Menor de 12 años, hija de comerciantes, fue obligada a retirar seis mil soles de su vivienda por ciudadanos extranjeros, según dijo, de nacionalidad venezolana.

La niña acusa de secuestro a mujeres que compran el cabello en el mercado de abastos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Mendoza

Una niña de 12 años, de iniciales A. Y. B. C. aseguró que fue secuestrada, dopada, asaltada y rapada en Huamachuco. Ella señaló que dos mujeres y un hombre, todos de nacionalidad venezolana, la obligaron a retirar 6 mil soles de su casa para luego llevarla al hostal "El Pajarito".

Según contó la menor a la Policía, en el hostal la doparon y le cortaron el cabello. Incluso, dijo que para disimular el delito, los extranjeros la vistieron con ropa de varón y que diga llamarse Hugo. Aseguró que fue abandonada cerca de la garita policial, caminando durante la noche sin rumbo por el barrio Bellavista donde lo encontró otro niño que la llevó a su casa.

Los familiares informaron sobre el hecho a la Junta Vecinal quienes acompañaron a los padres para la denuncia en la comisaría.

Los delincuentes también le compraron una bicicleta a la menor con el mismo dinero que le hicieron sacar. El secuestro, según la menor, fue en una camioneta color negro.

No fue violada

La menor no sufrió abuso sexual. Pasó por examen médico legista el cual descartó violación. La niña aseguró que no les entregó los 6 mil soles y guardó en su ropa interior 900 soles.

Varias personas indicaron que estas personas se dedican a comprar cabello y que a la menor ya seguían y la habían detectado por la zona rural.

Una de las presuntas secuestradoras ya fue identificada: es de tez morena y suele ir al mercado comprando cabello.

La Policía tiene el caso, sin embargo ronderos de Bellavista están tras los delincuentes y de capturarlos los someterán a cadena ronderil por diferentes bases rurales.(RPP NOTICIAS)

Beneficencia Pública educa y alimenta gratis a 120 niños en Trujillo

Institución también ofrece más de 200 almuerzos diarios a precios módicos en pleno centro de la ciudad.

Institución cumple 171 años al servicio de los más necesitados en Trujillo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Caren Layza

Un aproximado de 120 niños acceden a los servicios gratuitos de los programas sociales de la Beneficencia Pública de Trujillo, como la Cuna Maternal y La Casa del Niño Trujillano, con alimentación saludable y educación, así lo informó el presidente del directorio de esta institución Aníbal Espino Menacho.

El directivo comentó que la Sociedad de la Beneficencia Pública celebra 171 años al servicio de los más necesitados y desvalidos, por ello uno de los programas que atiende a más personas es el Comedor Social con más de 200 almuerzos diarios a precios módicos.

En el marco de este aniversario, anunció una serie de actividades como la Sesión Solemne en el local central de la Beneficencia, una misa de acción de gracias y la romería en el Cementerio de Miraflores.

Finalmente, señaló que la nueva gestión edil debe continuar y fortalecer la labor asistencial social que se desarrolla hasta el momento con los programas productivos y sociales.(RPP NOTICIAS)

Rolando Reátegui: La orden de lavar el dinero salió de la misma Keiko

En blanco y negro. Hasta ahora solo se conocían fragmentariamente las declaraciones del congresista fujimorista ante la Fiscalía de Lavado de Activos transcritas en la solicitud de detención preventiva de Keiko Fujimori y otras 11 personas de Fuerza Popular. La República tuvo acceso a las manifestaciones completas de uno de los más importantes testigos en el caso, que ha puesto al borde de la prisión a la lideresa del fujimorismo.

Redacción:

Ángel Páez
Lupe Muñoz
María Elena Hidalgo

El congresista Rolando Reátegui Flores hizo público que colaboraba con la Fiscalía porque “en este proceso judicial se ha confundido la lealtad partidaria con impunidad”, por lo que decidió revelar que Keiko Fujimori le ordenó lavar fondos de origen incierto para financiar la campaña presidencial del 2011. Keiko Fujimori nunca imaginó que el principal testigo del caso en su contra sería un miembro de su círculo más íntimo desde 2006.

“Todo el poder lo tiene Keiko Fujimori”, declaró Reátegui el domingo 14 de octubre de este año ante el fiscal José Domingo Pérez: “Fuerza Popular tiene un Comité Ejecutivo Nacional, pero todos sus integrantes eran solo una pantalla”. De modo que en la estructura del partido no se tomaba ninguna acción sin el conocimiento y aprobación de Keiko Fujimori, una fórmula que ha quedado en evidencia con los mensajes que compartía en la cuenta de WhatsApp ‘La Botica’, la presidenta de Fuerza Popular con sus asesores Ana Herz de Vega y Pier Figari y un selecto grupo de la bancada.

“Cuando el secretario general era Joaquín Ramírez Gamarra (del 29 abril del 2014 al 18 mayo del 2016), solo se hacían reuniones cuando la ley electoral así lo exigía para guardar las formas. Todas las decisiones las tomaban Keiko Fujimori, Ana Herz, Pier Figari y Joaquín Ramírez en ese entonces. (...) Por ejemplo, con la renuncia de Joaquín Ramírez por el escándalo del audio del piloto Jesús Vásquez, pasa a ser secretario general José Chlimper Ackerman y como subsecretario Miguel ‘Miky’ Torres. Pero ni José Chlimper ni ‘Miky’ Torres tomaban las decisiones. Las decisiones siempre las toma Keiko Fujimori, Ana Herz, Pier Figari y Vicente Silva Checa. Las otras personas lo único que hacen es firmar”, relató Reátegui.

La construcción de la narrativa incriminatoria del congresista fujimorista que representa a la región San Martín está orientada a demostrar que Keiko Fujimori fue quien le ordenó, con el conocimiento o intervención de los otros miembros de la cúpula, lavar fondos y presentarlos como fraudulentas aportaciones, en 2017.

“Figari dice que hay dinero que cubrir”

Por mandato de Keiko Fujimori, Ana Herz de Vega llamó por teléfono a Rolando Reátegui para que presentara en el despacho de la jefa del partido, entre fines de enero y comienzos de febrero del 2011: “Fue recibido por la secretaria Carmela Paucará Paxi, quien, si bien aparecía en la nómina como secretaria de Fuerza 2011, en realidad cumplía funciones de secretaria personal de Keiko Fujimori. (...) Es la que lleva su agenda personal. Ella lleva un control de sus citas y reuniones. Sabe quién entraba y salía del local (...). Se encontraban presentes Keiko Fujimori, Ana Herz, Pier Figari y Adriana Tarazona de Cortés. En dicha reunión, Figari y Hertz le indican al congresista Rolando Reátegui que hay fondos de dinero donado por empresarios que no quieren aparecer en la lista de aportantes de Fuerza 2011 porque no querían tener problemas posteriores en caso Fuerza 2011 ganara las elecciones y no pudieran contratar con un eventual Gobierno (fujimorista), ya que podrían ser cruzados muchas veces con la Sunat”. Reátegui quería decir que esos aportantes no deseaban ser identificados porque en caso triunfara Keiko Fujimori recibirían en compensación contrataciones o adjudicaciones de obras públicas, sin que se supiera que habían aportado a la campaña electoral.

“Pier Figari le indica al congresista Reátegui que le van a dar un dinero para poder cubrir las donaciones y así aparezcan registradas a nombre de terceras personas, porque Reátegui era amigo y tenía relaciones en el mundo empresarial, por lo que podía hacer cubrir los aportes. Es decir, Reátegui debía llevar a cabo una operación de buscar en su región San Martín a personas que puedan aparecer como aportantes del partido”, indicó Reátegui.

Keiko Fujimori estaba presente cuando le dieron la orden a Reátegui.

“Durante la conversación, Keiko Fujimori ratificaba lo dicho por Pier Figari y Ana Herz, indicando al congresista Reátegui que era una orden que debía cumplir”, narró al fiscal Pérez.

Repetimos: al congresista Rolando Reátegui no le pidieron por favor sino que le ordenaron, mandaron, instruyeron a lavar fondos de origen ilegal de empresarios corruptos que no querían aparecen como donantes para que no tuvieran problemas como proveedores de un eventual gobierno de Keiko Fujimori. No se descarta que en realidad pudiera tratarse del dinero entregado por Odebrecht, ya que era una práctica común de la constructora financiar campañas de políticos para luego reclamarle adjudicaciones de obras públicas en compensación.

En todos los actos participó la lideresa del partido fujimorista.

“Reátegui aceptó hacer la distribución de aportes a través de terceros. Keiko Fujimori, Ana Herz y Pier Figari delegaron en Adriana Tarazona entregarle el dinero al congresista. (...) A la siguiente semana se reunió con Keiko Fujimori, que le indica que el dinero ya lo tenía Adriana Tarazona. (...) Luego se dirigió a la oficina de Tarazona, la que le entregó US$ 30 mil en efectivo, que estaba preparado en un sobre manila. Adriana Tarazona indicó al congresista que el dinero era entregado según lo acordado con Keiko Fujimori”, describió Reátegui.

No fue la única vez.

“En los días finales de febrero del 2011, Keiko Fujimori llamó al congresista para que vaya al local (...), en donde ella le indica que hay nuevos aportes que hacer, para lo que debía reunirse con Adriana Tarazona. (...) En esa oportunidad le dieron US$ 20 mil”, señaló Reátegui.

Como soldado de Fuerza Popular, Reátegui acató. Y ahora lo lamenta.

Reátegui reclutó a los falsos aportantes entre sus familiares, amigos y militantes, y viajó a Nueva Cajamarca, en Rioja, donde también captó a numerosos pobladores. La mayoría de estas personas ha declarado ante el fiscal José Domingo Pérez, con lo quedó confirmado que el operativo de lavado de activos que dispuso Keiko Fujimori efectivamente existió.

En 2017, enterados de la investigación del fiscal José Domingo Pérez, los fujimoristas desesperadamente encargaron al tesorero de Fuerza Popular, Luis Mejía Lecca, que buscara a los falsos aportantes para que firmaran declaraciones juradas en la que confirmaban falsamente que sí habían aportado a la campaña de Keiko Fujimori. Es entonces que Rolando Reátegui comprendió que había sido traicionado.

“Cuando salieron a la luz las investigaciones por los aportes de la campaña, Keiko Fujimori y las demás personas del partido comenzaron a tener un trato distante con Rolando Reátegui, por eso mandaron a Luis Mejía Lecca para que hable con los aportantes. Mejía comentó a Ronald del Castillo (asesor de Reátegui) que le ayude a ubicar a las personas (que habían sido reclutadas por Reátegui en 2011). (También) le dijo que el congresista Reátegui ya no pintaba nada en Fuerza Popular y que todo lo iban a hacer ellos. Incluso Mejía junto con una chica van solos a Nueva Cajamarca (a comprar testigos). Sé que Luis Mejía Lecca coordina directamente con Keiko Fujimori, Ana Herz y Pier Figari”, explicó Reátegui.

De modo que además de ordenar el lavado de activos, Keiko Fujimori también estaría implicada en la compra de testigos falsos.

El operador en la sombra de Keiko Fujimori, Luis Mejía Lecca

- El tesorero y representante legal de Fuerza Popular, Luis Mejía Lecca, a pesar de su presencia no muy notoria en la estructura partidaria, cumple una función clave de acuerdo con el testimonio de Rolando Reátegui Flores.

- “Luis Mejía es el operador directo de Ana Herz, Pier Figari y Keiko Fujimori. Siendo personero alterno hacía todas las coordinaciones a nivel nacional (...), tanto repartiendo como cobrando dinero aprovechando su cargo”, narró Reátegui: “Cuando había problemas, Luis Mejía llevaba dinero, y cuando los candidatos tenían problemas, le cobraba a los candidatos para solucionarles el problema”.

- “También tengo conocimiento que se quiso comprar algunos testigos, por lo que (Mejía) viajó hasta (la región) San Martín. Lo sé porque Mejía llamó al asesor (de Reátegui), Ronald del Castillo, para que lo ayude a ubicar a ciertas personas que habían falsamente aportado”, a las que Mejía ofreció dinero para que declarasen que sí habían donado dinero.

- Los falsos aportantes que habían sido contactados por Luis Mejía confirmaron al fiscal José Domingo Pérez que el abogado fujimorista efectivamente les ofreció dinero para que mintieran que sí habían aportado a la campaña de Keiko Fujimori. Luis Mejía es una de las personas para la que Pérez ha requerido detención preventiva.(la república)

Chats de ‘La Botica’ muestran que votos sobre la cuestión de confianza fueron coordinados

La noche del 19 de setiembre llamó la atención la forma dividida en la que votó la bancada de Fuerza Popular la cuestión de confianza que planteó el presidente Martín Vizcarra. Ahora nuevos chats revelan que hubo una coordinación previa sobre quiénes debían votar en rojo, ámbar y verde.

Desde el chat de 'La Botica' se muestran las coordinaciones para el sentido del voto de la bancada en la cuestión de confianza de Villanueva. | Fuente: CongresoDeLaRepublicaCR.CoxB | Fotógrafo: CesarCoxBeuzeville

En la votación del pasado 19 de setiembre sobre la cuestión de confianza que planteó el Ejecutivo llamó la atención la forma dividida en la que votó la bancada fujimorista. Sin embargo, nuevos chats de ‘La Botica’, publicados en el diario El Comercio, muestran que hubo una coordinación previa sobre quiénes debían votar en rojo, verde y ámbar.

Luego de esa votación, congresistas como Rosa Bartra y Miguel Torres saliaron a descartar “un fraccionamiento” de su bancada. Bartra dijo a la prensa que la bancada de Fuerza Popular “votó en libertad la cuestión de confianza”. Mientras que Torres señaló en RPP Noticias que su bancada tomó un acuerdo de que cada legislador emita su voto según lo considerara. “Entiendo a quienes han votado en verde, los respeto porque finalmente deben haber hecho ellos su propia interpretación”, dijo esa vez.

Nuevos chats

Según publicó el diario El Comercio, esa noche de la votación en el Congreso la legisladora Karina Beteta escribió en el chat 'La Botica': “Hay una gran preocupación por parte de los colegas respecto a cómo vamos a votar, sería bueno que se le explique cómo será nuestra votación”. Luego escribe que se va a votar "rojo".

Como respuesta, los parlamentarios Rosa Bartra, Miguel Torres y Alejandra Aramayo ponen duda sobre el voto rojo. “No se acordó votar en rojo”, escribió Aramayo.

Karina Beteta escribe que “se deben quedar en sus escaños las personas que tengo en mi grupo y votarán al final dependiendo qué voto se requiere”.

Incluso, la congresista Leyla Chihuán consulta en el chat: “¿pueden dar los grupos? ¿en qué grupo estoy?”. Rosa Bartra le contesta: “rojo”. Sin embargo, Karina Beteta le corrige que Chihuán no estaba en su grupo.

Héctor Becerril escribe que “siempre dijeron que las únicas posibilidades era ámbar y verde y ahora ¿también rojo?” y finaliza escribiendo que “se va a armar tremendo desorden”.

Votación final

Al final esa noche, 32 congresistas de Fuerza Popular votaron de esta forma:

A favor: Cecilia Chacón, Leyla Chihuán, Nelly Cuadros, Segundo Tapia y Yeni Vilcatoma.

Abstención: Joaquín Dipas, Modesto Figueroa, Israel Lazo, Úrsula Letona, Moisés Mamani, César Segura, Roy Ventura, Federico Pariona, Miguel Torres, Edwin Vergara y Juan Yuyes.

En contra: Rosa Bartra, Karina Beteta, Gladys Andrade, Juan Carlos del Águila, Carlos Domínguez, Guillermo Martorell, Osías Ramírez, Liliana Takayama, Mario Mantilla y Esther Saavedra.(RPP NOTICIAS)

lunes, 29 de octubre de 2018

El terremoto fujimorista

Por: Dionicio Mantilla León

“Quien siembra lluvias cosecha tempestades” reza el viejo dicho popular y, al parecer, esto se viene cumpliendo al pie de la letra en el caso del partido Fuerza Popular liderado por Keiko Fujimori evidenciado en la debacle que viene sufriendo en estos últimos meses a raíz del juicio que se le sigue con una eventual prisión preventiva tanto de ella como de dirigentes de dicho partido, así como por la renuncia de varios de sus integrantes y los asquerosos “chats” descubiertos por IDL Reporteros, los que tienen como protagonistas a los más conspicuos miembros de la cúpula fujimorista con los que dan ejemplo de cómo hacer politiquería grosera y barata.

Un escenario político con características de sismo devastador en donde algunos de sus integrantes han pedido, incluso, que Keiko dé un paso al costado en la presidencia de Fuerza Popular; y, en medio de este cataclismo, la líder fujimorista viene levantando la bandera de la paz pidiendo “diálogo y reencuentro nacional” en clara señal de rendición en una guerra política declarada por ella, seguida y agudizada por ella y, terminada, con su propia derrota, por ella.

Luego del catastrófico fracaso en las últimas elecciones regionales y municipales en donde obtuvieron sólo la alcaldía de 3 provincias y ninguna gobernación, Fuerza Popular vive hoy su peor crisis al punto de que una de sus congresistas al intuir su desaparición política alude, en uno de los chats de “La Botica”, que urge luchar por la “supervivencia” política. Una supervivencia por la que viene luchando también su aliado el Apra castigado también con una catastrófica derrota electoral agobiado como está, al igual que el fujimorismo, por el cáncer de la corrupción y la autodestrucción partidaria.

Lo que viene sucediendo en esta agrupación política tiene su repercusión en la vida política de nuestro país y constituye una clara señal del facilismo como se han venido construyendo las agrupaciones políticas guiadas sólo por el caudillismo y en el caso del fujimorismo por el caudillismo familiar con sabor a sucesión dinástica como si nuestro país fuese un Reino. Una agrupación edificada sin ideología, ni doctrina y guiada sólo por el sentimiento nostálgico de un apellido cuya fama fue edificada falsamente (“por acabar con el terrorismo”) cuando se sabe que esto fue obra de los comandos policiales liderados por los Generales, Benedicto Jiménez y Ketin Vidal, quienes lo lograron sin contar con el apoyo del dictador a pesar de su reiterada petición.

El fujimorismo logró su hegemonía política en el Congreso debido a un extraño beneficio de la cifra repartidora fenómeno que hasta hoy es una incógnita y, a lo largo de estos años, ha llevado al extremo su rol fiscalizador descuidando su principal rol de legislar imponiendo un estilo autoritario, vejatorio, de impunidad a sus integrantes y de despilfarro presupuestal. Estilo que ha tenido que pasarle la factura asistiendo hoy a su debacle afrontando su dirigencia un proceso judicial por lavado de activos en el que esperamos que la Fiscalía y Poder Judicial asuman el rol que les corresponde.

Al margen de la eventualidad de que se imponga a la líder fujimorista y a los 11 miembros de su partido prisión preventiva y carcelería como lo pide el Fiscal es preciso señalar que lo acontecido con Fuerza Popular y el APRA debe servir de lección para efectuar toda una higienización y reforma radical de todos los grupos políticos. Todos ellos están en crisis y urge una reingeniería por el bien de nuestra joven democracia, la gobernabilidad y el bienestar de la población; sin embargo, para concretarlo se necesita una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución Política que lo norme y garantice.

Urge construir verdaderos partidos políticos con la forja de líderes y no caudillos, agrupaciones nutridas de doctrina y visión de país, que practiquen la democracia interna, que se consoliden con auténticos militantes y no con advenedizos electoreros que al terminar las elecciones se les acaba la euforia y huyen esperando las próximas elecciones para aparecer nuevamente en otras agrupaciones políticas como los redentores de nuestros pueblos.

Choque vehicular deja un muerto y tres venezolanos heridos en Virú

Accidente de tránsito ocurrió en la carretera Panamericana Norte. Extranjeros fueron trasladados al hospital La Caleta de Chimbote (regón Áncash).

Tragedia en la carretera Panamericana Norte. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Un chofer murió y tres venezolanos quedaron heridos de gravedad al chocar el auto en que se desplazaban contra un camión en el km 465 de la carretera Panamericana Norte en la provincia de Virú (región La Libertad).

El conductor Carlos Arbulú Bustamante de 28 años perdió la vida, y los tres ocupantes extranjeros, Víctor Tarrio Silva, Andi Cárdenas Bustamante y Mercedez Tarrio Silva, sufrieron golpes en la cabeza y fueron trasladados al hospital La Caleta de Chimbote (región Áncash).

La Policía Nacional informó que el chofer del camión, Róger Horna Acevedo de 56 años, fue puesto a disposición de los agentes de la comisaría de Guadalupito. Los detectives investigan la causa de la tragedia.(RPP NOTICIAS)

Fuerza Popular y el APRA blindaron a Alan García por caso Línea 1 del Metro de Lima

En sesión reservada, dos congresistas fujimoristas y uno aprista libraron de responsabilidad penal al exmandatario

La palabra blindaje está de moda en el Congreso de la República y parece ser una práctica recurrente en Fuerza Popular, el partido que lidera Keiko Fujimori (los casos de Héctor Becerril y Pedro Chávarry son claros ejemplos). Ahora se ha confirmado que el expresidente Alan García fue otro de los grandes beneficiados con esa tendencia naranja de proteger a cuestionados personajes.

En declaraciones a Cuarto Poder, el congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) confirmó que en una sesión reservada, llevada a cabo en setiembre pasado, la Comisión Lava Jato –que investiga las presuntas coimas recibidas por exfuncionarios peruanos de parte de empresas brasileñas, entre ellas la corrupta Odebrecht– libró de responsabilidad penal al exmandatario.

'Vitocho' fue más específico y apuntó que García se libró de ser investigado por el caso Línea 1 del Metro de Lima gracias a los votos de las fujimoristas Rosa Bartra y Karina Beteta, y del aprista Mauricio Mulder. Él y el legislador Gilbert Violeta (PpK) votaron a favor de que García Pérez sea acusado y Humberto Morales (FA) se abstuvo. Marisol Espinoza (APP) no asistió.

Como se sabe, la misma empresa Odebrecht reconoció haber pagado US$8 millones en coimas para la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima, obra realizada en el segundo gobierno de Alan García. Por eso, se recomendó que García Pérez debía ser acusado constitucionalmente e investigado por varios delitos. No obstante, gracias a los fujimoristas y apristas, el dos veces presidente de la República salió limpio de polvo y paja.

Hay que mencionar que este 31 de octubre se debatirá en el pleno el informe final de la Comisión Lava Jato. El Congreso ya no podrá acusar a Alan García, pero el aprista todavía no se ha librado de las pesquisas que, sobre ese mismo caso, lleva a cabo el Ministerio Público.(correo)

Abogado que defiende a Fuerza Popular tendría vínculos con los Sánchez Paredes

Humberto Abanto, quien defiende a miembros de Fuerza Popular, fue gerente general de una minera vinculada a la familia trujillana. Además, asesoró a Luis Alva Castro.

El portal web Ojo Público informó que el abogado Humberto Abanto Verástegui, quien defiende a miembros de Fuerza Popular en la audiencia de prisión preventiva, fue gerente general de la empresa minera Algamarca vinculada a los Sánchez Paredes.

Cuando el Ministerio Público, en 2008, investigó por lavado de dinero del narcotráfico a este clan familiar, también incluyeron en las pesquisas al abogado. Un año después, el Tribunal Constitucional lo excluyó del caso.

En el 2001, Abanto fue asesor del Congreso de una comisión presidida por el exministro aprista Luis Alva Castro. Ojo Público reveló que, en el 2011, Alfredo Sánchez Mirada dijo a varios medios nacionales que había entregado 5 mil dólares a la campaña de Alan García y que el dinero fue solicitado por Abanto Verástegui.

El expresidente dijo que devolvería los US$5 mil que le pidió Abanto Verástegui. El monto fue requerido en aquella electoral para financiar un viaje aéreo que debía realizar al interior del país, pero Humberto Abanto negó ser el intermediario de dicha operación.

El abogado defendió a diversos personajes polémicos vinculados a presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y violación de derechos humanos.(la industria)

domingo, 28 de octubre de 2018

Para el 73%, Chávarry no ataca a la corrupción

Rechazo al Fiscal de la Nación. El 60% de encuestados cree que Vizcarra debe usar figura constitucional de la cuestión de confianza. Sube respaldo a mandatario. Según más de dos tercios del país, detención preventiva para Keiko sería legal.

Redacción:David Pereda

La Fiscalía de la Nación, aunque casi duplica su baja aprobación (de 8% a 15%), mantiene un rechazo muy extendido (79%), según la última Encuesta nacional urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El estudio recogió la opinión de la población del sábado 20 al miércoles 24. Tiene márgenes de error de 2,7 puntos (hacia arriba y hacia abajo de cada resultado).

Una gran mayoría, que equivale a tres cuartas partes de la población (75%), cree que el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, no debe permanecer en ese importante cargo. Un porcentaje similar de los peruanos (73%) dice que Chávarry no está luchando contra la corrupción.

En cambio, casi la mitad de la población (49%) respalda el desempeño del fiscal José Pérez en el proceso que sigue a Keiko Fujimori. Pérez se ha convertido en una figura de referencia para un sector de la población, que lo sigue en las sesiones de audiencia a la cúpula del partido ‘naranja’.

“El Ministerio Público vive su peor crisis institucional. Los audios de la corrupción evidencian que un paso fundamental de la estrategia de ‘Los Cuellos Blancos’ era capturar la Fiscalía de la Nación y Chávarry se ha colocado como el instrumento para ello”, dice el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal.

“El fujimorismo hace de aval y beneficiario de su ilegítima presencia en la cabeza de esa institución. Pero la contundencia de los hechos logra una posición casi unánime de desaprobación a Chávarry, a quien la gente identifica como parte del problema de la corrupción en el país”, añade.

Por otro lado, la mayoría de peruanos cree que el presidente Vizcarra debe utilizar la cuestión de confianza, que puede ocasionar la disolución o cierre del actual Congreso.

El sondeo ratifica que la aprobación de Vizcarra sigue creciendo: dos de cada diez (60%) lo respalda. Aumentan quienes perciben que el mandatario tiene un plan claro de desarrollo (sube de 45 % a 49%) y quienes creen que bajo su gobierno el país puede retomar el crecimiento económico.

Pese a algunas acusaciones, el comportamiento de Vizcarra es percibido mayoritariamente como democrático (69% versus un 20% que lo considera dictatorial), sobre todo en Lima y el sur peruano.

A esto se suma el respaldo a la cuestión de confianza, establecida por la Constitución para y que puede hacer que el Parlamento se disuelva. Más de dos tercios del país (70%) cree que Vizcarra debe usar esta carta, sea en un momento extremo (18%) o de una vez y logre cerrar el Congreso (52%).

El premier César Villanueva empieza a crecer tímidamente en aprobación (de 15% a 20%) y los ministros siguen sin despegar, con bajo respaldo y sin variación relevante (14%).

El Congreso no sale del bloque de un dígito (9%), aunque su presidente, Daniel Salaverry, tiene un leve crecimiento en su respaldo (de 10% a 15%). Esto se condice con los ánimos a favor de que sea disuelto.

Keiko fujimori sigue con gran desaprobación (79%) y bajo respaldo (15%). Tres de cada cinco (60%) considera que la excandidata debe ser procesada estando en la cárcel y más de dos tercios (67%) considera que una posible prisión preventiva para ella estaría de acuerdo con la ley y no sería persecución política, como alegan en el grupo ‘naranja’.(la república)

sábado, 27 de octubre de 2018

[Editorial] Congresistas con déficit ciudadano

No es ninguna arbitrariedad de nuestra parte afirmar que hay hartazgo y decepción en la ciudadanía de La Libertad y de Trujillo luego de ver la actuación de los congresistas que supuestamente los representan. Sobre todo a aquellos que han participado como protagonistas de los últimos acontecimientos políticos de los últimos días, los mismos que tienen a la cúpula de Fuerza Popular involucrada en desmanejos, delitos e inconductas vergonzosas.

Si se invoca siempre la frase de que los congresistas no responden a mandato imperativo, esta es una declaración equivalente a papel mojado. Pura palabrería que solo causa indiferencia y hasta risueño escepticismo.

Ni siquiera en los últimos días sino hace semanas, meses y hasta años, nos hemos acostumbrado a que los mal llamados ‘padres de la patria’ dejan de lado todas las promesas que hicieron en campaña y se colocan al servicio de intereses turbios y ajenos que ninguno de nosotros les encargó defender.

Sucedió con todos los congresistas de La Libertad que, de alguna u otra manera, han protagonizado enfrentamientos y han destacado por sus declaraciones en favor de causas espurias que no obedecen a los intereses de La Libertad. ¿Qué han hecho por la región, aparte de venirla a visitar de vez en cuando, cuando hay semana de representación, y no les queda otra opción que hacerlo?

Nada de nada. Su producción legislativa, aun la que no responde a La Libertad, es bajísima y pobre. Más han destacado por involucrarse en enfrentamientos estériles que a nada bueno conducen y que no tienen redundancia alguna, ni positiva, ni siquiera negativa, para la ciudadanía a la que dicen representar. Mejor hubiera sido que se quitaran la careta desde un inicio y se sinceraran con la gente que confió en ellos y les dio su voto.

Esto sucede porque el Congreso tiene un esquema de funcionamiento antiguo y desfasado. Apenas integran alguna comisión, los legisladores se dedican a negociar sus votos y a darse mutuo apoyo no para sacar adelante proyectos valiosos, sino para conseguir cubrirse las espaldas, para intercambiar favores, y también para hacer de peones bien pagados.(la industria)

Luis Valdez pide a Rosa Bartra que dé un paso al costado en Comisión Lava Jato

Gobernador regional de La Libertad señala que congresista entorpece las investigaciones del Ministerio Público

Luis Valdez, gobernador regional de La Libertad, pidió a la presidenta de la Comisión Lava Jato, congresista Rosa Bartra, dar un paso al costado y que el Fiscal de la Nación y el Congreso de la República cumplan el rol que les corresponde investigando las denuncias sobre la actuación de la comisión.

“Exijo al Parlamento que le pida a la señora Rosa Bartra dé un paso al costado en esta comisión que a todas luces está subjetivizada, parcializada y direccionada”, manifestó.

Valdez resaltó que el accionar de Rosa Bartra estaría entorpeciendo las indagaciones del Ministerio Público al encubrir a Keiko Fujmori y a todos los congresistas que están haciéndolo lobby para que la empresa Odebrecht siga haciendo lo que quiera en el Perú.

“Eso no podemos permitirlo”, puntualizó.

También se refirió al hallazgo de documentos vinculados a la investigación de la comisión Lava Jato en domicilios particulares y de la existencia de correos con mensajes relacionados a temas de presunta corrupción.

“Le pido al Contralor, a la Fiscalía, que investiguen a los funcionarios que tienen o han tenido que ver con estos temas”, sentenció.(correo)

Análisis | Las impresiones desde el Derecho Penal sobre la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori

¿Convence la presentación del fiscal José Domingo Pérez? ¿Y la de la defensa de los investigados? ¿Qué puntos fuertes deberá anotar el juez Richard Concepción Carhuancho? Aquí los comentarios de los expertos.

La lideresa de Fuerza Popular afronta un pedido de prisión preventiva de tres años. A ella y a otras diez personas se les imputa el delito de lavado de activos. | Fuente: Andina

La audiencia sobre el pedido de prisión preventiva de 36 meses contra Keiko Fujimori y otros diez allegados a Fuerza Popular va tomando tres días en la sede de la Sala Penal Nacional. Los argumentos del fiscal José Domingo Pérez y los de la defensa de cada imputado serán la base para la decisión que tome el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho. Mientras tanto, algunos especialistas ya tienen un análisis sobre el desarrollo de esta larga jornada judicial.

RPP Noticias conversó con los abogados Romy Chang, Karin Fernández y Luis Lamas Puccio para conocer sus opiniones en cuanto a la presentación de la Fiscalía, el desempeño de la defensa y los puntos que deberá considerar el juez.

El trabajo de Pérez Gómez

Los tres penalistas coinciden en reconocer la fortaleza de la argumentación fiscal sobre los elementos de convicción y el peligro procesal por obstaculización. “No estamos como en el caso de Nadine Heredia y Ollanta Humala, en el que el peligro procesal o de fuga -para mí- no se cumplía. Creo que al inicio, el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori parecía un exceso, pero ahora, con lo que ha destacado el fiscal, las pruebas que ha mostrado, los chats que han salido a la luz y los audios que implican hasta al fiscal de la Nación se justifica la solicitud”, afirmó Chang Kcomt.

La penalista recuerda que el fiscal Pérez Gómez ha reflejado en sus intervenciones los tres elementos que contempla el peligro de obstaculización: el riesgo razonable de que la persona investigada destruya, modifique, oculte o falsifique algún elemento de prueba; la posibilidad de influencia del investigado sobre otros coimputados o testigos para que declaren falsamente a su favor o sean desleales ante la Fiscalía y la posibilidad de que los investigados induzcan o presionen a otras personas a cometer las dos primeras acciones.

“La solicitud de la Fiscalía está bastante bien fundamentada sobre la base de la información que ha venido acopiando a lo largo de estos dos últimos años de investigación. Es una teoría bastante sustentada en hechos fácticos, en documentos, en declaraciones de colaboración eficaz y de nuevas personas que en estos últimos momentos se han incorporado a esta teoría sobre la base de la misma colaboración y también como testigos protegidos”, señaló Lamas Puccio.

La penalista Fernández Muñoz también comentó que la participación de Pérez Gómez ha sido sólida. “Me parecen en verdad viables los elementos de convicción que ha presentado, el análisis que ha hecho sobre ellos y sobre los indicios para justificar el peligro procesal. Ahora le toca al juez Concepción Carhuancho tomar una decisión, en la que deberá también tomar muy en cuenta la exposición de los abogados de cada investigado”.

No está de acuerdo

Para César Nakazaki, quien fue entrevistado en el programa La Rotativa del Aire, la calificación es diferente. “Creo que el fiscal ha quedado en 50/50 sobre el peligro procesal. La parte más débil. Así como fue fuerte con el tema de la prueba, el hecho de decir que el peligro procesal existe porque tal casa es alquilada o porque el esposo de Keiko Fujimori es extranjero o porque ella tiene ascendencia japonesa… Me parece que ahí ha sufrido un revés para un tema que venía siendo potente”, dijo el penalista.

Además, propone como tema de discusión el concepto mismo del peligro procesal. “La obstaculización requiere que algo se haya obstaculizado. Y lo digo para discutir. Si José Domingo Pérez señalase que, como fruto de alguna actividad, sus actos de investigación han sido afectados, lograría cerrar el argumento”, señaló Nakazaki.

¿Cómo estuvo la defensa?

Según Lamas Puccio, no resulta ideal que tanto la defensa como el fiscal simplifiquen su interacción a “afirmar y negar” argumentos. “Me llama poderosamente la atención que la Fiscalía y los abogados exclusivamente dediquen el debate a una negación sobre las afirmaciones. La Fiscalía afirma y la defensa refuta diciendo que es mentira. Y, a su vez, el fiscal refiere que lo que señala la defensa también es mentira. Yo creo que en ese contexto el juez de control -Concepción Carhuancho- debería racionalizar el debate y dirigirlo a los aspectos concretos que son objeto de esa afirmación o de esa negación”.

Fernández sostiene que la abogada Giuliana Loza “tiene argumentos sólidos”, pero que ha caído en errores que podrían costarle. “Se ha dejado llevar por el ataque al fiscal y al juez. Lo primero es común porque en un litigio se suele atacar al fiscal, pero nunca es un buen movimiento enfrentarse constantemente con el juez”.

La también socia del Estudio Muñiz concluye que Concepción Carhuancho la tendrá difícil, pues si decide aprobar la prisión preventiva, deberá descartar todo lo planteado por la defensa y además justificar por qué. Uno de los temas que destaca como complicados es el del papel de Vicente Silva Checa, imputado en cuya casa se hallaron documentos de la Comisión Lava Jato del Congreso. “Concepción deberá motivar por qué estos elementos serían indicios de la presunta organización criminal y por qué no serían documentos que él utilizó para responder a consultas legales”.

Proporcionalidad y duración de la prisión preventiva

Como se recuerda, el fiscal Pérez Gómez ha pedido 36 meses de prisión preventiva. ¿Se justifica este plazo si consideramos que, si bien el caso involucra a varias personas, cada una será investigada individualmente?

“La Corte Suprema ha establecido que en este caso operan las reglas de crimen organizado cuyo plazo máximo de prisión preventiva es de 36 meses. El hecho de que se tenga que resolver investigado por investigado no debe confundirnos o hacernos creer que la situación de cada uno se va a ver solo individualmente. Sí se ve individualmente pero dentro del conjunto de la supuesta organización criminal. Eso hace que la investigación sea considerada compleja y por eso el plazo. De hecho, no me sorprendería que, de aprobarse la prisión por 36 meses y el fiscal no concluya su investigación después de ese tiempo, pida una extensión por doce meses más”, opina la abogada Romy Chang.

El penalista Lamas Puccio también reconoce que la investigación amerita cierto tiempo. “En este caso, cuanto más tiempo dure, tratándose de una organización, el paso del tiempo va a contribuir a que esa organización no pueda, por ejemplo, coordinar actos de obstaculización. Estamos frente a una organización conformada por un número significativo de personas que hacen uso de medios de toda naturaleza para impedir y obstruir la labor. Yo creo que, en esa línea, se justifica la duración que plantea la Fiscalía. Cuanto más tiempo estén detenidos, más favorece a consolidar la investigación”.

La abogada Fernández discrepa. “Es el juez quien finalmente decide qué tan pertinente es otorgar los 36 meses. Esto, es cierto, se hace en base a la cantidad de investigados y de diligencias a realizarse en esta etapa preparatoria. A mí me parece demasiado. Yo creo que el fiscal José Domingo Pérez puede correr con sus diligencias. Un año para llevar a cabo una investigación con once personas -detenidas, si es que así lo dispone el juez, o bajo comparecencia restringida- me parece suficiente”.(RPP NOTICIAS)