La ley plantea elevar las pensiones de los profesores cesantes y jubilados comprendidos en la Carrera Pública Magisterial hasta el monto correspondiente a la primera escala magisterial, cuya Remuneración Íntegra Mensual (RIM) asciende actualmente a S/3.500,70. Además, enfrenta una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
Después de décadas dedicadas a la enseñanza, los maestros cesantes y jubilados reciben pensiones que resultan insuficientes para afrontar el costo de vida. Félix Soto, secretario nacional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), señaló que estos pagos pueden oscilar entre S/400 y S/1.200, mientras que en el caso de las AFP pueden ser de apenas S/150 a S/400.
Una ley sin reglamento
La Ley 32581 recoge el reclamo que el SUTEP venía impulsando mediante el proyecto de ley 4786 para mejorar las pensiones de los maestros cesantes y jubilados. Para el sindicato, corresponde al actual Gobierno ponerla en marcha y la falta de reglamentación refleja una ausencia de voluntad política.
"Nosotros queremos que se cumpla la ley", sostuvo Soto al rechazar la posibilidad de que el monto establecido sea reemplazado por un incremento menor.
La discusión se trasladó al terreno económico luego de que el MEF cuestionara la viabilidad de aplicar la norma en los términos aprobados por el Congreso. El titular del sector, Elmer Cuba, afirmó en agosto que el Gobierno buscaría impedir su aplicación porque considera que la ley vulnera la Constitución.
"Vamos a interponer nuestras acciones para no cumplir algo que es ilegal", declaró Cuba.
El ministro sostuvo que el Congreso no puede tener iniciativa de gasto y advirtió sobre los efectos que tendría la medida en las cuentas fiscales. También señaló que el Gobierno buscaría negociar un incremento pensionario, aunque por un monto inferior al establecido en la ley.
La disputa llega al TC
El cuestionamiento del MEF coincidió con una acción presentada por el Colegio de Economistas de Lima (CEL) ante el Tribunal Constitucional. La institución interpuso una demanda de inconstitucionalidad para que la Ley 32581 sea expulsada del ordenamiento jurídico y planteó que cualquier reforma pensionaria considere su sostenibilidad financiera y estudios actuariales.
Uno de los principales argumentos de la demanda es la presunta vulneración del artículo 79 de la Constitución, referido a la iniciativa de gasto del Congreso. El CEL sostiene, además, que la aplicación de la norma generaría una obligación fiscal permanente.
Según los cálculos presentados en su demanda, el costo sería de al menos S/5.670 millones al año y podría elevarse a S/18.837 millones si otros pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones reclaman un beneficio similar. Se trata de estimaciones planteadas por el Colegio de Economistas de Lima en el proceso constitucional y no de un monto determinado por el Estado.
La demanda generó, además, una controversia dentro de la propia orden profesional. El Colegio de Economistas del Perú, a través de su Consejo Directivo Nacional, aclaró el 22 de agosto que no ha presentado ni tiene previsto presentar una demanda contra las normas referidas a las pensiones de maestros y otro personal público.
El organismo nacional precisó que las acciones y declaraciones del decano del Colegio de Economistas de Lima corresponden a su ámbito departamental y no representan la posición institucional del Consejo Directivo Nacional ni de todos los colegios departamentales.
Añadió que el debate técnico sobre las reformas pensionarias será abordado en la Asamblea Nacional de Delegados y en el XXXII Congreso Nacional de Economistas del Perú, previsto del 9 al 11 de septiembre en Oxapampa, Pasco.
La controversia constitucional no es el único cuestionamiento. Para el abogado laboralista Christian Sánchez, el problema también debería analizarse desde la perspectiva del financiamiento del sistema pensionario y de las obligaciones de seguridad social que, según explicó, mantiene el Estado peruano.
"Si nos restringimos en los gastos, lo hacemos todos, no solo algunos en perjuicio de otros", sostuvo.
Sánchez consideró que la discusión no debería limitarse a determinar cuánto costaría la medida, sino abordar también cómo incrementar los recursos destinados al sistema de pensiones. En ese contexto, cuestionó beneficios tributarios otorgados a determinados sectores económicos que, según su análisis, reducen los ingresos públicos.
SUTEP exige cumplimiento
Para el sindicato, la falta de recursos no debe convertirse en un argumento para desconocer una ley ya aprobada. Soto sostuvo que existen alternativas para financiar la mejora pensionaria y planteó revisar tanto los ingresos tributarios como las exoneraciones que benefician a determinados sectores económicos.
El dirigente también cuestionó el tratamiento que recibe el magisterio frente a las mejoras pensionarias aprobadas para policías y miembros de las Fuerzas Armadas. A su juicio, no resulta coherente que el Estado plantee restricciones fiscales para los maestros mientras aprueba beneficios para otro personal público.
Soto señaló que el SUTEP cuenta actualmente con unas 380.000 personas afiliadas y que cerca de 200.000 corresponden a maestros cesantes y jubilados. Para el dirigente, la defensa de una pensión digna involucra tanto a quienes ya dejaron las aulas como a los docentes que permanecen en actividad.
La organización sostiene que no existe un conflicto entre ambos grupos. Soto señaló que los maestros activos también mantienen demandas salariales y que la organización busca defender los derechos del conjunto del magisterio.
Mientras la demanda constitucional sigue su curso, el SUTEP busca que el Ejecutivo cumpla con la norma. El sindicato solicitó una reunión con el ministro de Economía y, tras una movilización frente al MEF, sus representantes fueron recibidos por funcionarios técnicos debido a la ausencia de Cuba. Según Soto, todavía no se ha concretado una nueva reunión con el titular del sector.
Posiciones distintas en el Gobierno
El titular de Educación, José Antonio Chang, afirmó el 3 de septiembre que el Gobierno buscará cumplir la Ley 32581, aunque consideró que no es financieramente viable asumir de inmediato el pago completo de S/3.500,70.
"Ese tema es un tema de una ley que hay que cumplirla, obviamente", declaró.
Chang planteó que el pago de las obligaciones pueda programarse en el tiempo y advirtió que destinar todo el presupuesto del sector a la deuda social limitaría la capacidad del Ministerio de Educación para atender otras necesidades, como infraestructura y tecnología.
La posición contrasta con la del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que cuestiona la aplicación de la norma en los términos aprobados por el Congreso.
Para el SUTEP, una aplicación gradual no reemplaza el mandato de la ley. Soto señaló que el sindicato espera una respuesta del Ejecutivo y que, si no encuentra una solución mediante el diálogo, las bases podrían evaluar nuevas medidas de fuerza.
"Si en el gobierno no nos da soluciones, entraremos a una medida de fuerza de lucha", advirtió.
El sindicato ha planteado como posibles escenarios un paro de 24, 48 o 72 horas, una huelga de hambre o una huelga nacional, aunque cualquier decisión deberá ser adoptada por sus bases.
Por ahora, la Ley 32581 permanece en el centro de una disputa entre el reclamo de los maestros cesantes y jubilados por mejorar sus ingresos, el cuestionamiento sobre la capacidad del Estado para financiar el beneficio y la demanda constitucional presentada por el Colegio de Economistas de Lima.
Mientras el Tribunal Constitucional debe resolver la demanda, el Ejecutivo mantiene pendiente la reglamentación que permitiría avanzar en la aplicación de la norma.(La República).
