El gobierno declara el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao | Fuente: PNP/FLICKR | Fotógrafo: noham
El estado de emergencia -oficializado a través de un Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano- dispone una serie de medidas para hacer frente a los altos índices delictivos en Lima y Callao.
El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en Lima Metropolitana y el Callao, para enfrentar la criminalidad organizada y otras situaciones de violencia.
La medida conlleva la suspensión o restricción de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión, y la libertad y seguridad personales.
El estado de emergencia -oficializado a través de un Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano- dispone que la Policía Nacional mantenga el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Además, establece la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
Agrega que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes.
Para centralizar la toma de decisiones, el Gobierno dispuso constituir, dentro de las primeras 24 horas, el Comando de Coordinación Operativa Unificada, presidido por el comandante general de la Policía Nacional e integrado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el secretario técnico del Conasec, el director de la DINI, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, Indeci, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial y los alcaldes de Lima y el Callao.
El comando dirigirá las acciones integradas con el objetivo de restablecer y mantener el orden interno, con el apoyo de la Policía, Fuerzas Armadas y serenazgos.
Asimismo, los municipios distritales han quedado facultados para incrementar la contratación de serenos que posean experiencia previa en las Fuerzas Armadas o policiales.
El plan operacional comprende el control territorial de zonas críticas a través de patrullajes disuasivos constantes a pie y motorizados en paraderos, estaciones de transporte público, mercados y centros comerciales.
Apagón eléctrico de celdas
Entre las medidas en el sector penitenciario, se decretó el apagón eléctrico de celdas (manteniendo únicamente iluminación exterior o general), el desmontaje de antenas de comunicación ilegales alrededor de los penales, operativos permanentes de incautación de teléfonos o chips y la toma de pruebas de polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por parte del Sistema de Inteligencia Nacional.
El decreto también dispone que, iniciada la vigencia del estado de emergencia, el personal que participa del patrullaje u operativos no utilizará equipos de comunicación de uso personal en aquellas operaciones que son informadas con carácter de reservado, y usará elementos para proteger su identidad en operativos especiales.
En el ámbito de soporte y logística, se determinó el empleo de imágenes satelitales facilitadas por la Agencia Espacial del Perú (Conida) para el control de áreas con alta incidencia delictiva.
De manera paralela, las escuelas de formación enviarán a los cadetes policiales de último año a labores administrativas y operativas en las comisarías, mientras que los alumnos de formación militar realizarán entrenamientos y marchas disuasivas en las áreas que determine el Comando de Coordinación Operativa Unificada.
El Gobierno también conformó el Comité de Fiscalización, presidido por la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, que ejecutará operativos de fiscalización y control con asistencia de las fuerzas integradas en las zonas donde se haya identificado la trata de personas, comercialización ilegal de drogas y estupefacientes, mercado ilegal de armas o la venta informal y ambulatoria de tarjetas SIM o chips telefónicos y equipos celulares de dudosa procedencia.(RPP).
