La población penitenciaria intramuros, en condición de empleabilidad como profesionales antes de su ingreso a las cárceles del país, alcanza a las 2.249 personas.
De ellas, 964 internos (42,9%) pertenecen a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas, según un reciente informe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). “Eran defensores de la ley, pero ensuciaron el uniforme”, es el reproche que les hacen constantemente.
Solo en 2025 se detuvieron a más de 260 miembros de la PNP por corrupción. Los agentes enfrentan acusaciones de soborno, extorsión, secuestro y sembrado de drogas.
En diciembre del 2025 se revelaron chats que involucrarían a seis policías, quienes se habrían repartido 15.000 soles de una presunta coima. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para ellos y una supuesta cómplice.
Los chats delataron a los agentes de la División de Robos de la Dirincri en el reparto del dinero de una presunta coima que habrían exigido a un supuesto denunciado por estafa cibernética en San Miguel.
El caso de ‘Los Gasparines’ también involucró a una organización criminal dentro de la PNP, donde agentes de la comisaría de Villa Hermosa (El Agustino) pagaban a su comisario, el mayor Luis Guillén, para ausentarse de sus labores, convirtiéndose en “policías fantasmas”. El oficial y suboficiales fueron detenidos y hoy purgan prisión.
Mientras la Dirección Contra la Corrupción de la PNP (Dircocor) está intensificando los operativos para detener a efectivos que infringen la ley en las cárceles peruanas son al menos 800 los malos oficiales y subalternos encarcelados. En Lima están recluidos en el penal de Lurigancho, en Castro Castro, en Ancón I y en Ancón II.
En ese sentido, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, estableció como prioridad la lucha frontal contra la corrupción interna y la delincuencia, buscando restaurar la confianza ciudadana
Docentes, médicos, abogados...
Asimismo, en prisión hay otros profesionales como los 645 reclusos (28,7%) que son docentes; mientras que el restante, 640 internos (28,5%) son médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, economistas entre otros.
En setiembre del año pasado fue detenido y sentenciado a nueve meses de prisión preventiva el docente José Luis Choquehuanca, quien fue hallado con una adolescente de 14 años en una habitación de un hostal ubicado en la urbanización El Molino, en Trujillo.
Mientras, el grupo que ejercía carreras técnicas antes de su ingreso a las cárceles alcanzó los 3.110 privados de libertad: el 42,6% (1.326 internos) son mecánicos y el 19,3% (601 internos) electricistas.
Jorge Cotos, presidente del Inpe, señala que en la actual ‘política’ carcelaria están prohibidos los robos, las drogas y peleas. Tampoco se puede orinar en el sector de duchas. Hay un horario para cada una de las tareas a realizar.
Uno de los delegados del penal de Lurigancho dice, además, “el que se compromete con algo, tiene que cumplir con su palabra. Ejemplo: si alguien pide que cuide su celda en el día de visita, a cambio de cigarrillos u otra cosa, no puede fallarle. El que rompe esas normas, es expulsado del pabellón”.
El penal de Lurigancho es el complejo carcelario con mayor población en el país. En el mismo distrito está la cárcel Miguel Castro Castro y a nivel nacional hay otros 67 establecimientos más.
Estudios y procedencia
La criminalidad, de acuerdo con el Inpe, se caracteriza por la marcada presencia de internos que solo han cursado nivel de primaria o secundaria. De ese universo, el 18,7% (19.351 presos) ha seguido únicamente el nivel primario, mientras que el 70,7% (73.341 internos) logró el nivel secundario.
El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, sostiene que la intención de la pena en la cárcel es privar de la libertad. “Pero muchas veces también significa la violación y privación de los Derechos Humanos, incluyendo el Derecho a la Educación, simultáneamente, la educación de personas adultas en las cárceles debe ir más allá de una simple capacitación; la demanda de oportunidades de aprendizajes en las cárceles debe abastecerse apropiadamente y a su vez, debe poner al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como garantía de prevención de violaciones a los DDHH.
Los internos que antes de ingresar al sistema penitenciario se desempeñaron en oficios congregan 96.134 personas: el 28.3% (27.185 internos) eran obreros, el 15.6% (14.961 internos) se desempeñó como conductor de vehículos, el 13.9% (13.352 internos) se dedicó a la agricultura y el 7.3% (7.061 internos) laboró como comerciante.
Otra de las variables que ha cobrado importancia en los últimos tiempos es la referida a la procedencia del privado de libertad y urge aplicar políticas de prevención geopolítica referenciadas.
Al mes de enero 2026, de acuerdo a la información emitida por las unidades de registro penitenciario de los establecimientos penitenciarios de Lima y del Callao, se tenía un total de 34.775 internos, cifra que representa un 0.4% de la población total censada del departamento de Lima.
El reciente estudio del Inpe ha deducido de esta población a los internos de origen extranjero (3,126), a los que proceden de otros departamentos (3.058), y a los que proceden de otras provincias del departamento de Lima (3.355), por lo que la población procedente de distritos de Lima Metropolitana es de 25.236 internos.
Dentro del estudio se ha determinado que el distrito de La Victoria tiene el porcentaje más alto de internos por cada 100,000 habitantes; para hacerlo más ilustrativo podemos decir que si todos los distritos tuvieran 100,000 habitantes, el distrito La Victoria tendría el porcentaje más elevado de personas privadas de libertad. En segundo lugar, está el distrito del Callao, y en tercer lugar el distrito del Bellavista.
Más de 1700 indígenas están recluidosPara los miembros de pueblos indígenas que están recluidos en centros penitenciarios se requiere atención especializada y de tratamiento con base en su cultura, además de un entendimiento a través de su lenguaje, por lo que debe generarse políticas y programas a favor de ellos.
En enero del 2026 la población indígena en las cárceles era de 1,783 personas privadas de libertad. La definición de “pueblo indígena” ha sido objeto de una larga discusión tanto en la doctrina como en los organismos internacionales de protección de DDHH.
El presidente del Inpe, Jorge Cotos Ochoa, indicó que su gestión se enfoca en tres ejes principales: fortalecer y garantizar la seguridad en los penales, potenciar las estrategias de resocialización de las personas privadas de libertad a través del trabajo y la educación, y promover el bienestar del personal penitenciario.(La República)
