Rendición de cuentas. La República hizo una revisión de la base de datos del Ministerio Público sobre los 36 candidatos presidenciales, con el propósito de que los electores conozcan qué casos enfrentan en la actualidad. En esta primera entrega aparecen cuatro postulantes que aparecen con una importante cantidad de carpetas fiscales.
De los 36 candidatos presidenciales inscritos para la próxima contienda electoral, cuatro son los que acumulan la mayor cantidad de indagaciones en curso por diversos delitos. De acuerdo con un análisis de datos que hizo La República de los expedientes registrados en el Ministerio Público, el aspirante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, registra 16 carpetas fiscales, en tanto que la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, 13 en curso.
César Acuña Peralta, candidato de Alianza para el Progreso, afronta 8 expedientes, y el postulante del Partido Demócrata Verde, Álex González Castillo, 6 carpetas con indagaciones en desarrollo.
López Aliaga, Álex González y César Acuña han cumplido funciones públicas como autoridades, lo que explicaría el alto número de denuncias y casos fiscales en su contra. No es el caso de Keiko Fujimori, que ejerció como congresista entre 2006 y 2011, por lo que resulta llamativo que lidere la relación de candidatos a la Presidencia de la República con una importante suma de casos pendientes de resolución en el sistema judicial.
En aras de la transparencia, los postulantes al máximo cargo del país deberían explicar a los electores la naturaleza de las imputaciones que enfrentan.
Graves presuntos delitos
Según el registro de las carpetas fiscales de la aspirante presidencial Keiko Fujimori, quien se ha lanzado por cuarta vez a la competencia electoral, tiene en giro dos casos por presunto lavado de activos. Sin embargo, con la reciente resolución del Tribunal Constitucional, que consideró que no procede dicho delito en el Caso Cócteles (procesos electorales de 2011 y 2016), se mantiene vigente una investigación. Es la que está referida al presunto financiamiento ilegal de la campaña de al año 2021.
La nueva carpeta fiscal se inició por la sospecha de que Keiko Fujimori financió con dinero de presunto origen ilícito un esquema legal para tratar de impugnar el resultado electoral de la segunda vuelta que ganó Pedro Castillo. Como se recuerda, Fujimori sostuvo que se cometió fraude, pero no acredito pruebas sobre su denuncia.
Por el presunto delito de organización criminal están consignadas dos carpetas del año 2021 y una de 2024. La primera se archivaría ya que está relacionada con el Caso Cócteles. La segunda está pendiente de resolución.
Estos casos se encuentran en Segunda y Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.
Durante la campaña presidencial de 2021, la candidata de Fuerza Popular fue denunciada por presuntos actos destinados a alterar el proceso electoral, así como los resultados del mismo. Son 4 expedientes en proceso en Chungui, La Mar y Huamanga (Ayacucho). Casi todos se encuentran en el estado de denuncia pendiente.
El registro del Ministerio Público, Fujimori también consigna carpetas por los presuntos delitos de exposición al peligro, violación de la presunción de veracidad, violación de medidas sanitarias y omisión de denuncia, entre otros.
Los papeles del exalcalde
El 26 de septiembre de este año, el Poder Judicial dispuso ampliar por 24 meses la investigación por lavado de activos contra Rafael López Aliaga. Pero esta carpeta no está relacionada con sus actividades como autoridad edil sino que pertenece al ámbito empresarial.
El expediente es más conocido como “El caso Panama Papers”.
Se le imputa al candidato de Renovación Popular haber montado una red de compañías “offshore” para ocultar el dinero que consiguió a cambio de “asesorías” a la Caja Metropolitana de Lima durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villarán. Las “asesorías” fueron contratadas a empresas de López Aliaga por intermedio del exgerente municipal José Miguel Castro, quien cometió suicidio el 29 de junio de este año.
El exalcalde ha intentado varias veces el archivamiento del expediente, pero sin éxito. De todas las investigaciones fiscales, la de “Los Panama Papers” es la más grave.
El registro del Ministerio Público indica que están en giro tres carpetas contra López Aliaga por abuso de autoridad, otras tres por falsedad genérica y dos por negociación incompatible.
Las demás tienen que ver con imputaciones por los presuntos delitos de peculado, malversación, falsa denuncia, atentado contra la tranquilidad pública y nombramiento ilegal de cargo público.
Como puede apreciarse, los casos están vinculados con las actividades de funcionario público de López Aliaga en el municipio limeño.
No menos graves son los hechos que se le imputan al exgobernador de La Libertad, César Acuña Peralta.
La base de datos del Ministerio Público informa que el aspirante de Alianza para el Progreso cuenta con dos casos por tráfico de influencias. También están en proceso carpetas por concusión, cohecho activo. Actos de conversión y transferencia, y encubrimiento real, entre otros.
Como se ha indicado, se trata de hechos relacionados con las actividades de Acuña como funcionario público.
Como parte de la investigación de La República sobre los expedientes fiscales de los candidatos presidenciales, próximamente se publicarán reportajes con el detalle de las pesquisas que estos afrontan, el estado en los que se encuentran y la versión de la defensa de los mismos.
El aspirante multipartidos
El candidato del Partido Demócrata Verde, Álex González Castillo, es otro de los candidatos presidenciales que consigna en la base de datos del Ministerio Público carpetas fiscales de investigaciones pendientes de resolución.
El exalcalde de San Juan de Lurigancho (2019-2022), afronta 6 indagaciones por diferentes presuntos delitos: falsificación documentaria, contra la administración pública, faltas contra la persona, delitos cometidos por funcionario público y omisión de la obligación de proveer alimentos.
Durante su gestión como burgomaestre de San Juan de Lurigancho -fue elegido por Podemos Perú, de José Luna Gálvez-, tuvo una actuación controvertida.
Los regidores de su propia organización política le imputaron haber nombrado en cargos relevantes a personas con supuestos antecedentes de corrupción. Incluso lo acusaron de negarse a la fiscalización de su gestión.
Desde que en 1986 fue elegido regidor de la municipalidad de San Luis por el Partido Aprista Peruano (PAP), Álex González ha transitado y postulado por varios partidos políticos: Armonía-Frempol (de Susana Higuchi, madre de Keiko Fujimori), Perú Posible (de Alejandro Toledo), Movimiento Regional Voz Verde, Siempre Unidos, Cambio Radical, Democracia Directa, Fuerza Popular (de Keiko Fujimori) y ahora por el Partido Demócrata Verde, de su propia creación.
Fuentes del Ministerio Público señalaron que la base de datos no describe detalladamente los casos, por lo que hay que buscar expediente por expediente para conocer en profundidad los hechos que se imputan a los candidatos presidenciales.
La República se ha empeñado en la tarea de obtener la documentación de los casos más relevantes que enfrentan los aspirantes presidenciales, en particular los referidos a los delitos más graves.
Adicionalmente, este diario publicará los registros policiales de los candidatos presidenciales, para que los electores se informen adecuadamente sobre sus antecedentes. Los reportajes contarán con los descargos de la defensa de los postulantes y la explicación de los hechos imputados.
Esta información ayudará al ciudadano a formarse una idea más clara de los candidatos antes de emitir su voto.
También suman las denuncias policiales
- Entre otras denuncias policiales, el 16 de enero de 2023, los ciudadanos Hernán Pauyac Huamaní y José Garro Díaz imputaron a Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular los presuntos delitos contra el derecho al sufragio y fraude procesal en agravio del partido Perú Libre.
- El 22 de noviembre de 2023, el ciudadano David Gutiérrez García denunció ante la policía al entonces alcalde Rafael López Aliaga por usurpación de funciones.
- El 27 de marzo de 2018, Jenny Gutiérrez Vaisman se presentó en la comisaría para denunciar a César Acuña Peralta, a quien le atribuyó haber protagonizado un acto de violencia familiar.
- El cinco de marzo de 2020, nuevamente Jenny Gutiérrez acusó a César Acuña Peralta por otro episodio de violencia familiar.
- Son varias las denuncias formuladas por la misma persona, Jenny Gutiérrez Vaisman, contra el candidato presidencial de APP, a quien imputa romper con el régimen de visitas y de actuar de modo indebido cuando se le impide el ingreso a la vivienda de Las Casuarinas.
(La República).
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