¿Manejo político en espacios técnicos? Cada oficina está dirigida por militantes activos del fujimorismo y administra presupuestos que, como mínimo, superan los 5 millones de soles.
Oficinas del Congreso lideradas por el fujimorismo tienen presupuestos millonarios | Ilustración: Brian Tejada.
La política congresal no solo se juega desde los curules del Hemiciclo Porras Barrenechea. Los puestos técnicos también cumplen un rol clave, pues permiten colocar perfiles cercanos a determinados partidos. Fuerza Popular lo sabe bien: cuatro militantes del partido fujimorista lideran oficinas del Congreso y, al sumar los montos correspondientes, mantienen bajo su control más de 130 millones de soles en presupuesto.
Semanas atrás, La República reveló que el Fondo Editorial del Congreso, el Departamento de Redacción del Diario de los Debates, el Departamento de Comisiones y la Oficina de Participación Ciudadana estaban encabezados por militantes activos del fujimorismo.
Gracias a un pedido formulado al Congreso a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, este medio pudo comprobar que estas cuatro oficinas parlamentarias manejan en conjunto un presupuesto de 134 millones 470.490 soles. Este monto se distribuye de la siguiente manera: 38 millones 307.591 soles para el Departamento de Redacción del Diario de los Debates; 65 millones 215.707 soles para el Departamento de Comisiones; 25 millones 40.889 soles para la Oficina de Participación Ciudadana; y 5 millones 906.303 soles para el Fondo Editorial.
Presupuestos asignados a las oficinas congresales lideradas por fujimoristas en 2025 | Foto: La República
Satélites del fujimorismo en el Congreso disponen de presupuestos millonarios
Cada oficina congresal cumple funciones específicas que, tanto en la práctica como en la teoría, forman parte del funcionamiento del Parlamento. Tal es el caso del Departamento de Comisiones: según la página web del Congreso, esta oficina se encarga de brindar asesoría técnica, informativa y procesal a las comisiones ordinarias, investigadoras y especiales, con el objetivo de garantizar la correcta aplicación del Reglamento del Congreso y las buenas prácticas parlamentarias, entre otras funciones.
Shirley Montenegro Flores es la jefa de esta oficina parlamentaria. La funcionaria es militante de Fuerza Popular desde marzo de 2010. Montenegro ha sido implicada en el caso Lava Jato, donde se le señaló por presuntamente haber quemado pruebas que incriminaban a la lideresa fujimorista Keiko Fujimori.
Como Montenegro, Karina Beteta —excongresista fujimorista que actualmente busca postular para llegar por cuarta vez al Parlamento— dirige hoy el Fondo Editorial del Congreso. Esta entidad, encargada de planificar, articular y ejecutar políticas y estrategias orientadas a la edición, promoción y difusión de publicaciones vinculadas con la historia, la identidad y la realidad social y política del país, está bajo la conducción de quien, en 2019 y con investidura parlamentaria, se opuso a los incrementos presupuestales destinados a industrias culturales como la cinematográfica.
Para Edwin Lévano, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, esta no es su primera experiencia técnica en el Congreso. En 2024, el militante fujimorista fue asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, bajo la presidencia de Alejandro Aguinaga. Actualmente, desde su oficina, se encarga de brindar información y orientación a la ciudadanía sobre las funciones del Congreso y los procedimientos parlamentarios.
Por último, Alexander Quillca Chapilliquén es jefe del Departamento de Redacción del Diario de los Debates. El militante fujimorista tiene a su cargo la conducción y elaboración de contenidos de carácter histórico, destinados a dejar constancia y registro de las sesiones parlamentarias.
A cada uno de ellos se intentó contactar a través de la Coordinación de Prensa del partido al que pertenecen como militantes. El objetivo era consultarles si Fuerza Popular mantenía una relación directa con el uso del presupuesto que administran. Solo Karina Beteta contestó a nuestro llamado: "El partido Fuerza Popular no tiene injerencia en las decisiones del Fondo Editorial del Congreso. No hay injerencia partidaria sobre mis decisiones. La gestión editorial se rige por normativa y procedimientos institucionales", contestó al respecto.
“El clientelismo es algo habitual en el fujimorismo”
¿Cómo entender la trascendencia política de la captura de estos puestos técnicos? La República conversó con el politólogo Alejandro Mejía, profesor de ciencia política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para Mejía, estos nombramientos no son coincidencia y responden a una estrategia para que el partido fujimorista mantenga control sobre decisiones clave que inciden en el desarrollo de la vida política del país.
“El clientelismo es algo habitual en el fujimorismo, a cambio de perpetuar lealtades políticas, pasando por encima de aspectos como la meritocracia y la idoneidad del personal que debería estar a cargo de estas oficinas en el Parlamento. En un contexto preelectoral, colocar allegados a Fuerza Popular puede generar cuestionamientos sobre el uso adecuado de los recursos públicos. Por ello, se debe prestar especial atención a las acciones del Departamento de Comisiones y de la Oficina de Participación Ciudadana, donde ya han existido cuestionamientos por el incremento innecesario de la planilla, así como el caso de un extrabajador del Congreso que se desempeñó como fotógrafo en un mitin de Keiko Fujimori”, indicó.
El politólogo advirtió que el manejo presupuestal bajo control de Fuerza Popular podría incrementarse con el paso de los años. Como ejemplo, mencionó el aumento del presupuesto del Congreso: “El incremento del presupuesto para el Departamento de Comisiones y la Oficina de Participación Ciudadana debe estar sujeto a una fiscalización más rigurosa, para evitar distorsiones en la ejecución del gasto que se realizará en los próximos meses”, señaló.
Mejía también cuestionó la ausencia de concursos públicos y evaluaciones de capacidades en estos nombramientos, lo que —según afirmó— ha quedado subordinado al poder político y ha favorecido la proliferación de prácticas clientelistas. “Uno de los mayores errores del pasado fue que el Congreso de la República quedara excluido de la Ley Servir. Esto le permite establecer sus propias reglas para la contratación de personal y jefaturas en estos espacios técnicos, generando una alta discrecionalidad para que los partidos designen a sus allegados en cargos donde no existen concursos públicos ni exigencias claras de requisitos académicos o experiencia profesional previa. Más que una simple reforma, se necesita una reingeniería administrativa en los procesos de selección de puestos de confianza y de personal en el Congreso”, concluyó.(La República).
