El patrón se repite en carteras tan distintas como Vivienda, Interior, Ambiente, Educación o el MTC. En algunos casos, los cuestionamientos tienen que ver con procesos penales en curso. En otros, con salidas abruptas de cargos públicos tras denuncias periodísticas o auditorías. También hay quienes pasaron por dos o tres gobiernos distintos, sin que las denuncias en su contra frenen su llegada a nuevos puestos de confianza.
Esta nota reúne el detalle de cada uno de estos nombres, ministerio por ministerio, con la información disponible sobre sus procesos judiciales, administrativos o las circunstancias de sus renuncias. Al final se incluye, además, un repaso de otros fichajes revelados por La Encerrona, con nombres adicionales que también forman parte de este mapa de transferencia.
José Manrique Salinas, del equipo del Ministerio de Vivienda
José Manrique Salinas fue designado en el equipo de transferencia del Ministerio de Vivienda. Su nombre es conocido en el ámbito judicial por haber presentado, en representación de Alberto Fujimori, varios recursos de hábeas corpus. El objetivo de esas acciones legales fue revertir la anulación del indulto humanitario que el expresidente recibió en 2017.
Ninguno de esos recursos prosperó. En 2018, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa declaró improcedente uno de los pedidos. La sala argumentó entonces que el proceso todavía estaba en trámite en la vía ordinaria y que correspondía a la Corte Suprema resolverlo.
El segundo intento llegó en octubre de 2023. Manrique Salinas, junto al abogado Mauricio Arnillas, apeló ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta vez, el recurso buscaba dejar sin efecto las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exigían la liberación inmediata de Fujimori. La sala también rechazó la apelación.
Julio Salas Becerra, del equipo del Midis
Julio Salas Becerra integra el equipo de transferencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Su nombre apareció en la prensa en octubre de 2021, cuando ejercía el cargo de director general de la Oficina de Asesoría Jurídica de Palacio de Gobierno, durante la gestión de Pedro Castillo.
Según la información publicada por La República, Salas Becerra fue el primer funcionario en recibir al fiscal Juan Cajas cuando este llegó a Palacio a solicitar el registro de cámaras de seguridad y el cuaderno de visitas, como parte de una investigación en curso. El propio Castillo, según indicó el fiscal Cajas ante la congresista Norah Córdova, impidió el ingreso al despacho de la Secretaría de Palacio.
Salas Becerra recibió la disposición fiscal, se retiró y regresó dos horas más tarde. Le informó entonces a Cajas que la autorización correspondía a la Secretaría General del Despacho Presidencial, entonces a cargo de Claudia Mendoza. Años después, ya en Proinversión, Salas Becerra ocupó la jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica hasta octubre de 2025, cuando se aceptó su renuncia al cargo.
José Vidal Fernández, del equipo del Ministerio de Ambiente
José Vidal Fernández fue nombrado en el equipo de transferencia del Ministerio del Ambiente. Su trayectoria en el sector público incluye pasos como viceministro en los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, además de la gestión de Boluarte más recientemente.
Como director del Plan Copesco Nacional, adscrito al Mincetur, su gestión fue cuestionada por las obras de ampliación del Complejo Turístico Baños del Inca, en Cajamarca. El 9 de febrero de 2018, un derrumbe en esa obra dejó 9 heridos, entre ellos Juan Mendoza Llico. La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca abrió una investigación en su contra por el presunto delito de lesiones culposas.
Su paso más reciente por el Estado terminó en junio de 2025, cuando renunció a la gerencia general del Instituto de Radio y Televisión del Perú. La salida se dio apenas dos días después de la renuncia de Ninoska Chandía a la jefatura institucional del IRTP, en medio del caso conocido como "el dominical para Dina Boluarte".
Juan Padilla, Vicente Álvarez Moreno y Remigio Hernani Meloni, del equipo del Interior
El equipo de transferencia del Ministerio del Interior reúne tres perfiles con historiales distintos, pero todos vinculados a la gestión de la seguridad y el orden público. El primero es Juan Padilla, quien formó parte del equipo de seguridad durante la campaña electoral de Williams Zapata.
El segundo nombre es el de Vicente Álvarez Moreno, general PNP que en marzo de 2025 brindó un testimonio clave ante la Corte Suprema. Lo hizo en el juicio oral que investiga el presunto delito de rebelión cometido por Pedro Castillo. Álvarez declaró que, como jefe del Estado Mayor General y comandante general encargado de la PNP, recibió órdenes directas de Castillo para cerrar el Congreso y detener a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Según su propio relato, el alto mando policial se negó de manera unánime a acatar esas órdenes, por considerarlas contrarias a la Constitución. Álvarez también coordinó las acciones operativas que terminaron con la detención de Castillo, cuando este se dirigía hacia la embajada de México en Lima, el 7 de diciembre de 2022.
La trayectoria de Álvarez Moreno dentro de la PNP no está libre de cuestionamientos. El Ministerio Público lo investigó por su presunto vínculo con un grupo policial ilegal conocido como el "escuadrón de la muerte", señalado por ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes entre 2012 y 2015. También enfrentó un proceso penal por el presunto desvío y robo sistemático de combustible asignado a la Dirección Contra el Terrorismo, durante su gestión en 2014.
Esas investigaciones lo llevaron a pasar al retiro de manera temporal en 2016. Su reincorporación llegó después, por mandato legal. El tercer integrante del equipo, Remigio Hernani Meloni, ya ocupó el Ministerio del Interior entre 2008 y 2009, durante el segundo gobierno de Alan García. Su gestión estuvo marcada por la inestabilidad, choques constantes con la cúpula policial y cuestionamientos por irregularidades en pases al retiro y ascensos, hasta su salida por una crisis de liderazgo.
Claudia Ato, del equipo del MTC
Claudia Ato Rodríguez integra el equipo de transferencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Fue candidata a regidora de Lima en las elecciones de 2018, por la lista de Fuerza Popular.
Desde enero de 2024 ejerce el cargo de directora de Evaluación Ambiental en la Dirección General de Asuntos Ambientales del MTC, ya en el gobierno de Dina Boluarte. Bajo su competencia directa quedó el análisis de expedientes y denuncias ambientales relacionados con el Terminal Portuario Multiboya de Chancay. La Contraloría General de la República detectó, en auditorías a esa dirección, presuntos vacíos en la fiscalización y celeridad indebida en la emisión de informes de viabilidad ambiental. El órgano de control recomendó derivar el caso a la Procuraduría Pública.
Ato Rodríguez también firmó pronunciamientos institucionales, como el Memorando N.° 0136-2025-MTC, en los que se negó el acceso a solicitudes de prensa y de la ciudadanía sobre las acciones ambientales aplicadas al megapuerto de Chancay. La justificación fue el "carácter confidencial" de las evaluaciones en curso, una postura que generó críticas de gremios civiles y de portales especializados en transparencia.
Educación, Cancillería y Mincetur: otros tres nombres cuestionados
El resto de ministerios también suma perfiles con antecedentes. En Educación, el equipo de transferencia incluye a Doris Gavilano Iglesias, exsecretaria general del Minedu. Gavilano es investigada por presunta contratación indebida y direccionamiento de contratos, un caso que derivó en allanamientos a funcionarias del sector. Según reportes periodísticos, acreditó experiencia laboral con documentos firmados por su entonces esposo, correspondientes a una empresa que no tenía trabajadores registrados ante la Sunat.
En Cancillería, la designada es Carla Mares, excandidata al Senado por el partido SíCreo en los últimos comicios generales. A diferencia de otros nombres de esta lista, su cuestionamiento no está ligado a un cargo público previo, sino a su cercanía política con organizaciones que han anunciado su apoyo a Fuerza Popular públicamente.
En Mincetur figura Ernesto García Calderón, quien se desempeñó como asesor del Viceministerio de Turismo y luego como director general de Estrategia Turística, todo ello durante los gobiernos de PPK, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. Portales especializados en el sector, como Turiweb, publicaron denuncias en su contra por presuntos actos de favoritismo, "tarjetazos" e influencias indebidas en procesos de contratación bajo la modalidad CAS, dentro del propio ministerio que ahora integra en la transferencia.
Lo que reveló La Encerrona sobre los otros equipos de transferencia
El pódcast La Encerrona publicó, en un informe previo, otro grupo de nombres que también integran los equipos de transferencia de Keiko Fujimori. Entre ellos está Giulliana Loza Avalos, abogada de confianza de Fujimori, que pasó de la defensa legal personal a un puesto dentro del equipo de la PCM. La acompaña César Candela, también abogado personal de Keiko Fujimori y exasesor del fallecido expresidente Alan García.
En el mismo equipo aparece Shirley Montenegro, señalada en su momento por el equipo especial del caso Lava Jato como la persona que habría incinerado pruebas vinculadas al presunto lavado de activos de Fujimori. A ellos se suma José Luis Tantaleán Vallejo, conocido como "Pepe" Tantaleán, exedecán de Alberto Fujimori. Según archivos de la Procuraduría, Tantaleán participó en 2000 en el allanamiento irregular a la vivienda de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos, en el operativo que permitió a Fujimori llevarse los llamados vladivideos. Ese caso derivó en la primera sentencia judicial en contra del expresidente.
La Encerrona identificó también a varios funcionarios provenientes del gobierno de Dina Boluarte. Entre ellos, Iván Pereira Villanueva, exgerente general de Salud, despedido tras ser acusado de tres presuntos casos de corrupción. Según su entonces jefa, Rosa Gutiérrez, Pereira la amenazó tras su salida. También figuran Sergio González, extitular del Ministerio de la Producción durante la gestión de Boluarte, y Tabata Vibanco, quien fue secretaria general del Ministerio del Interior y luego jefa de Proinversión, pese a una gestión cuestionada por la creación de una agencia de compras interna considerada irregular.
Un último nombre destacado por el pódcast es Juan Carlos González Hidalgo, esposo de una sobrina de César Acuña. González fue viceministro de Políticas Agrarias en 2016 y tuvo que renunciar luego de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera nueve años de prisión en su contra, por un caso vinculado a su gestión como funcionario de la Municipalidad de Tumbes. El caso fue archivado con el tiempo. Años después, ya como secretario general de la Defensoría del Pueblo, esa misma institución aprobó financiar su defensa legal en una nueva investigación fiscal, esta vez por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.(La República).
