Los familiares de José Ruiz, un adulto mayor de 84 años, solicitaron el apoyo de la población para ubicar a la camioneta que lo atropelló cuando se dirigía a su chacra en el sector Yanazara, en Huamachuco, Sánchez Carrión.
Según relató uno de sus hijos, el octogenario descendía con su yunta de toros rumbo a sus tierras de cultivo cuando fue embestido por una camioneta. Tras el impacto, el conductor abandonó a la víctima sobre la vía y se dio a la fuga, sin prestarle auxilio.
Los familiares indicaron que cuentan con imágenes captadas por cámaras de seguridad en las que se observa a la camioneta involucrada en el accidente. Por ello, hicieron un llamado al responsable para que se entregue voluntariamente a la Policía y asuma su responsabilidad por lo ocurrido.
José Ruiz fue trasladado de emergencia al Hospital Leoncio Prado de Huamachuco, donde permanece bajo atención médica y recibe el tratamiento correspondiente.
Los vecinos señalaron que este no es un hecho aislado, ya que en la ruta hacia Yanazara se registran con frecuencia accidentes de tránsito. Aseguran que muchas camionetas circulan por la zona a excesiva velocidad, por lo que pidieron a las autoridades reforzar las medidas de control y fiscalización para prevenir nuevos accidentes.
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El Tribunal Constitucional le quitó al Congreso la iniciativa de gasto público y revirtió el criterio que usó desde 2022 para avalar normas como las que impulsó la bancada fujimorista.
La Ley 3234, conocida como Ley Chlimper 2.0, amplía por 10 años los beneficios tributarios de las grandes empresas agroexportadoras. Esa exoneración le costará al fisco S/1.888 millones cada año, de acuerdo con cifras del MEF. Fuerza Popular votó a favor de su aprobación.
Otra norma cuestionada es la Ley 31556, que redujo el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) para restaurantes y hoteles. Entre 2022 y 2024, esta ley le hizo perder al Estado más de S/1.409 millones en recaudación, según un informe previo de OjoPúblico.
Solo entre el 5 y el 19 de marzo de este año, en plena campaña electoral, los congresistas fujimoristas votaron ocho leyes adicionales con impacto fiscal. Cuatro de ellas —entre pensiones militares, CTS para trabajadores CAS y bonificaciones para veteranos— suman un costo de más de S/18.000 millones, según un reporte del Consejo Fiscal publicado el 26 de marzo.
El fallo del TC nació de una demanda de inconstitucionalidad que el Poder Ejecutivo de Dina Boluarte presentó en 2023 contra la Ley 31232. Esa norma declaraba en emergencia la reubicación de pobladores de la zona baja de Belén, en Loreto, y obligaba al Ministerio de Vivienda a construir casas y ejecutar obras sin que existiera presupuesto asignado para eso. La demanda quedó pendiente dos años y medio.
El pasado 10 de julio, el tribunal declaró fundada la demanda. A partir de ahora, cualquier proyecto de ley que implique un gasto adicional para el Estado deberá coordinarse con el MEF y señalar de forma expresa cuál será la fuente de financiamiento. La votación quedó en cinco contra dos: los magistrados Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez respaldaron el cambio, mientras que Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez votaron en contra.
Pacheco sostuvo que el artículo 79 de la Constitución ya prohibía sin excepciones la iniciativa de gasto de los congresistas, y que el problema real está en que el Ejecutivo no traduce sus políticas públicas en un presupuesto sólido. El fallo aplica hacia adelante, para el próximo Congreso bicameral, y también abre la puerta a que leyes ya vigentes sean cuestionadas por inconstitucionalidad.
El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, también exministro de Economía y Finanzas, celebró la decisión del TC en declaraciones a La República. Dijo que el fallo mejora las condiciones para un manejo prudente de las finanzas públicas y que, de ahora en adelante, el Parlamento no podrá actuar de manera autónoma en materia de gasto.
Días antes, en entrevista con RPP, ya había advertido sobre un "tsunami" de gastos sin financiamiento que reducirá al mínimo el margen de maniobra del próximo gobierno. En esa misma entrevista cuestionó un crédito suplementario cercano a S/10.000 millones —casi el 1% del PBI— por ser el mayor incremento de gasto público de los últimos años.
El economista Armando Mendoza, uno de los especialistas que consultó OjoPúblico para su investigación sobre las 36 leyes, ya advertía sobre el riesgo de estas normas antes de que se conociera el fallo del TC. Según su lectura, el equilibrio fiscal del país quedó comprometido por normas que generan gasto recurrente —como sueldos y pensiones— que ningún gobierno puede recortar con facilidad sin generar conflictos políticos y legales.
La congresista Ruth Luque publicó en su cuenta de X que el tribunal validó la iniciativa de gasto del Congreso cuando el fujimorismo concentraba su poder en el Parlamento, y que ahora que ese poder pasó al Ejecutivo, el mismo TC sostiene el criterio contrario. Para Luque, la regla no responde a una lectura estable de la Constitución sino a la conveniencia política del momento.
El economista Pedro Francke, también en X, fue más allá en su cuestionamiento. Recordó que el mismo tribunal le dio la potestad de gasto al Congreso en 2022, cuando el fujimorismo tenía mayoría parlamentaria, y advirtió que si en 2031 el fujimorismo pierde la presidencia pero conserva una bancada fuerte en el Congreso, nada impediría que el TC vuelva a cambiar de posición. También anticipó que el Ejecutivo recurrirá a decretos de urgencia y delegaciones legislativas para gastar sin pasar por el Parlamento en lo que resta del año.
La periodista y abogada Rosa María Palacios cuestionó en una columna de opinión el fondo jurídico del cambio de criterio. Citó el texto del artículo 79 de la Constitución, que establece que "los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto", y sostuvo que la interpretación de 2022 contradecía ese texto sin ambigüedad.
Palacios recordó que el propio equipo económico de Keiko Fujimori advirtió sobre el riesgo del gasto congresal antes de las elecciones. El economista Luis Carranza, uno de sus asesores, repitió en entrevistas que el Congreso no podía seguir el ritmo de aprobaciones sin control. Según la columnista, la candidata retomó ese discurso en campaña recién después de que su propia bancada respaldara buena parte de las leyes que generaron el hueco fiscal.
La columna también vincula el fallo con las iniciativas para exculpar a policías y militares por delitos cometidos en el pasado, y con el recorte al financiamiento para defensa legal gratuita conocido como Ley APCI. Palacios planteó que el nuevo Senado podría usar este viraje del TC como argumento para remover a sus magistrados, aunque para eso necesitaría reunir 40 votos antes de mayo del próximo año, cuando vence el mandato del tribunal actual.
Según reveló OjoPúblico, el propio Congreso incrementó sus recursos durante esta gestión. Bajo la presidencia interina de Fernando Rospigliosi, cercano al entorno de Keiko Fujimori, el presupuesto de la institución superó el tope de 0,6% del presupuesto general que la propia reforma constitucional había fijado en 2024. Hoy equivale al 0,7%, una diferencia de S/223 millones.
La misma investigación recoge que Keiko Fujimori pidió durante su campaña que los magistrados del TC —elegidos con apoyo de su bancada— revisen la resolución de 2022 que permitió las leyes de gasto. El fallo reciente coincide con ese pedido, aunque ninguna de las dos investigaciones periodísticas revisadas confirma una relación directa entre ambos hechos.
El abogado constitucionalista Heber Joel Campos, consultado por OjoPúblico, explicó que revertir leyes ya aprobadas solo será posible mediante demandas de inconstitucionalidad, presentadas una por una. Hasta que el TC no las invalide o el Congreso no las derogue, las normas seguirán vigentes. En esa misma nota, el economista Mendoza advirtió que, si el próximo gobierno no corrige el rumbo, el país podría enfrentar una crisis fiscal similar a la de los años ochenta, cuando el Estado dejó de pagar incluso a quienes recaudaban los impuestos.(La República).
Accidente vial ocurrió en el sector conocido como Loma del Viento, en la provincia de Otuzco, región La Libertad y se debió a presunta imprudencia de un conductor.
Una violenta colisión entre un automóvil con pasajeros y una camioneta dejó el lamentable saldo de seis personas heridas. El siniestro vial ocurrió esta mañana en el sector denominado Loma del Viento, en la provincia de Otuzco, región La Libertad.
Según los primeros informaciones, el conductor del auto marca Kia, de placa T8K 520, propiedad de Mónica Ordóñez Rebaza, habría invadido el carril contrario y terminó chocando con la camioneta marca Toyota de placa TBV 882, de propiedad de Lelis García Huaylla, dejando como resultado más de seis personas heridas.
Tras el accidente, los pasajeros heridos fueron auxiliados y trasladados de emergencia al hospital de apoyo Otuzco donde se les dio los tratamientos médicos respectivos y no se descarta que los más graves se han trasladados a la ciudad de Trujillo.(Noticias Trujillo).
Desde Trujillo, una mujer conocida como Juanita Alejandra, fue condenada por secuestro y tortura de su pareja sentimental. La víctima señala que ella sabía el movimiento de sus cuentas. El 23 de octubre de 2023, tres delincuentes de 'Los pulpos de trujillo' atacaron a un empresario vestidos de policías. Fueron once días de tortura y cautiverio en los que le cercenaron varios dedos para enviarlos como prueba. Él descubre que su pareja estuvo detrás de todo eso debido a las conversaciones que escuchaba durante su cautiverio. (Latina Noticias).
Robert de La Cruz, Mario Reyna, Kike Alva, José Miranda, Jesús Velásquez, Luis Zavala, entre otros políticos buscan el sillón municipal.
La carrera electoral por la alcaldía provincial de Trujillo comenzó. Según el JNE, solo 15 de las 27 listas que se esperaba que registren a sus postulantes lo hicieron.
Los aspirantes a la comuna provincial de Trujillo son: Robert de la Cruz Rosas, actual consejero regional que candidateará con Podemos Perú; Mario Reyna Rodríguez, burgomaestre trujillano que va con Alianza para el Progreso (APP); el congresista Carlos Alva Rojas, quien representará a Acción Popular; y el exvicepresidente regional Víctor León Álvarez, de Renovación Popular Perú.
También postularán Benjamín Reyes Rebaza, de Visión Perú; Roy Arbaiza Corcuera, del Partido Patriótico del Perú; Gheyli Tirado Rafael, del Frente Popular Agrícola FIA del Perú; Milton Ramírez Herrera, de Somos Perú; y Raúl Aldana Dioses, de Fuerza Popular.
Completan la lista de candidatos a la comuna provincial: José Miranda Prado (Avanza País-Partido de Integración Social), Luis Zavala Espino (Apra), Wilmar Moreno Fuentes (Fe en el Perú), Jesús Velásquez Reyna (Un Camino Diferente) y José Arcila Corales (Cooperación, Verdad y Honradez). El Jurado Nacional de Elecciones también aceptó la lista de Primero la Gente-Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, pero la misma no registra los nombres de sus postulantes.(Correo).
El sábado en la noche, un bus interprovincial fue atacado a balazos mientras que el domingo en la mañana, el bus de una agrupación musical fue baleado y tres personas resultaron heridas. Un elevado número de asesinatos, ataques a vehículos de transporte público y denuncias de extorsión es lo que heredará el gobierno de Keiko Fujimori
Ayer por la mañana, el bus de la agrupación musical “Las Estrellas de la Cumbia” fue atacado a balazos en la Panamericana Norte y tres personas resultaron heridas.
Mientras que el sábado por la noche, un bus de la empresa de transporte interprovincial Civa que tenía como destino Chiclayo, fue atacado a balazos en Los Olivos.
Estos graves hechos confirman que el reto más grande que deberá afrontar Keiko Fujimori al asumir la presidencia del Perú este 28 de julio será tener un plan para combatir los altos índices de inseguridad ciudadana.
Ese flagelo que no deja a los peruanos desarrollar sus actividades con tranquilidad requerirá de una estrategia firme que permita reducir las cifras de espanto que se mantienen vigentes.
De acuerdo con la información revisada por Correo, en lo que va del año se han registrado 126 atentados a vehículos de transporte públicos, 1102 homicidios y 10,458 denuncias por extorsión.
El número de homicidios en el Perú es una cifra que se mantiene constante en los últimos años.
Entre los meses enero y julio de este año, se tienen reportados 1102 casos de homicidio en el País.
El número de asesinatos reportados en estos meses fueron los siguientes: Enero (175), febrero (166), marzo (197), abril (163), mayo (168), junio (187) y julio (46).
La región que reportó el mayor número de homicidios es Lima con 435 (ver infografía).
A esto se le suman las constantes denuncias por extorsión en el Perú que entre enero y mayo de este año, suman 10,458.
Al día se reciben en promedio 69 denuncias por extorsión, es decir, una cada 21 minutos por lo menos.
En lo que va del año, las denuncias por extorsión según los meses, se ha distribuido de la siguiente manera: Enero (2047), febrero (1999), marzo (2068), abril (2151) y mayo (2193).
Otro indicador de la grave de crisis de inseguridad que atraviesa el país tiene que ver con los atentados al transporte público.
La mañana de ayer fue atacado el bus de una agrupación musical que dejó heridos a Alexander Burga (conductor del bus), Jaime Eduardo Neciosup (trompetista) y Miguel Leyva (auxiliar del conductor).
“Las estrellas de la Cumbia” es una agrupación que recibe amenazas extorsivas hace nueve meses de parte de una organización criminal.
De acuerdo con las cámaras de seguridad el bus se encontraba estacionado en la avenida Los Platinos (Los Olivos) cuando apareció una motocicleta lineal con dos personas.
Se registraron por lo menos 12 impactos de bala.
Mientras que el sábado, un bus de la empresa Civa fue atacado cerca al paradero Villa Sol en la Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos.
La unidad que iba del sur al norte recibió al menos cuatro impactos de bala mientras llevaba pasajeros a bordo.
Los responsables fueron dos personas que viajaban al bordo de una motocicleta.
El ataque no dejó heridos, pero si una sensación de temor de los usuarios que fueron trasladados a otra unidad vehicular para continuar con su recorrido.
Precisamente, entre enero y mayo de este año, se registraron 126 atentados contra el transporte público, 87 de esos ataques con víctimas fallecidas o lesionadas y 39 sin víctimas fallecidas.
El número de atentados que ocurrieron por mes fueron los siguientes: Enero (33), febrero (25), marzo (26), abril (17) y mayo (25).
Del total de ataques, 31 ataques se registraron desde la medianoche hasta las 6 a.m., 7 ocurrieron entre las 6:01 a.m. y el medio día, mientras que entre las 12:01 a.m. y las 6 de la tarde se registraron 22 ataques.
El mayor número de ataques ocurre entre las 18:01 p.m. y la medianoche, pues hasta la fecha acumula 66 atentados.
Al respecto, Julio Bretoneche, dirigente de transportistas de Lima Sur, dijo que su gremio ve con mucha preocupación la escalada de eventos de sicariato y extorsión contra trabajadores y usuarios del transporte público.
“Los atentados siempre se han producido en motos o sino en el llamado falso pasajero, que sube y atenta directamente dentro del bus. Las cifras son aterradoras”, afirmó.
En diálogo con RPP, el dirigente dijo que todavía luchan para la recuperación de conductores que se encuentran gravemente heridos.
“Hay un conductor que está entre la vida y la muerte, que recibió cinco balazos en su cuerpo. Hasta el día de hoy, después de casi seis meses, sigue con unas terapias y no está fuera de peligro”, relató.
Bretoneche dijo que si bien la Policía hizo capturas de integrantes de organizaciones dedicadas a la extorsión, no se tienen los resultados esperados.
“Todas las empresas siguen pagando extorsión, no solamente a una banda, muchas pagan a tres, cuatro, y hay empresas que pagan a más todavía”, indicó.(Correo).
La información recopilada permitirá elaborar el expediente técnico para la declaratoria y delimitación del sitio arqueológico, fortaleciendo su protección y conservación.
La obra del Corredor Vial Trujillo – Huanchaco inició hace 15 meses, pero actualmente hay tramos inconclusos que han afectado al transporte, turismo, restaurantes y hoteles. A pesar de ello, la empresa pretende intervenir en el óvalo Huanchaco y los vecinos temen que trabajos queden abandonados y ellos, aislados
El problema podría agudizarse, ya que existen varios tramos pendientes de ejecución, pero a pesar de ello el Consorcio Vías Huanchaco ha anunciado que en los siguientes días intervendrá el óvalo Huanchaco, decisión que la ciudadanía no está dispuesta a permitir, pues teme que los trabajos no se concluyan y el acceso principal al distrito quede bloqueado y ellos, aislados.
Como primera medida, para expresar su oposición a que demuelan el óvalo Huanchaco sin antes concluir etapas previas, los integrantes de la Asociación de Desarrollo y Defensa de Huanchaco realizaron ayer una marcha pacífica por todo ese sector.
José Delgado Quezada, presidente de la Empresa de Transportes Huanchaco S.A., quien también participó en esa manifestación, dijo que desde que se inició la ejecución de la obra han pasado 15 meses y en ese tiempo han sufrido pérdidas económicas de S/ 25 millones, ya que descendió el número de pasajeros que iban al balneario y también se redujeron las vueltas que daban (antes eran cinco y ahora, tres), debido al tiempo que tardan las unidades (microbuses) en ir y venir.
“Antes la vuelta la hacíamos en dos horas y ahora en tres horas y media. Pero eso no es todo, pues también hemos perdido otros S/ 25 millones en reparar la suspensión, muelles, cambio de neumáticos y otros desperfectos ocasionados por el mal estado de la vía. Además, muchos de nuestros pasajeros sufrieron accidentes dentro del mismo vehículo, ya que para esquivar huecos y baches se hacen maniobras bruscas y varios se han caído. El seguro nos cobra y cada año sube”, indicó.
Braulio Arana, representante de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de Huanchaco, sostuvo que las pérdidas económicas por el descenso de turismo y comercio se estiman en S/ 130 millones.
“Las autoridades no nos respetan. Creen que Huanchaco es su chacra, cuando en realidad somos un pueblo rico lleno de profesionales competentes que queremos que las cosas se hagan transparentes y con calidad, no con obras inconclusas y con malos expedientes técnicos. Estamos tremendamente afectados por la inseguridad, por la extorsión y ahora nos cierran vías de comunicación. Es inaudito”, cuestionó.
Carlos Ramírez, asesor legal de la Asociación de Desarrollo y Defensa de Huanchaco, dijo ayer que se ha acordado brindarle un plazo de una semana al Gobierno Regional (GORE) La Libertad, unidad ejecutora de la obra, para que exija al Consorcio Vías Huanchaco reinicie las obras en los tramos pendientes, de lo contrario iniciarán acciones legales por daños y perjuicios a la Región.
Rogger Ruiz, gerente del GORE La Libertad, anunció que mañana vence el plazo para que el consorcio entregue su cronograma final de la obra. De no hacerlo se anularía el contrato.(Correo).
