El plazo corre a partir de que la subcomisión de acusaciones constitucionales es notificada. Se citaría al ex presidente para que ofrezca sus descargos.
Enrique Patriau
Aprobado el informe final sobre el caso de los narcoindultos, el cual recomienda acusar constitucionalmente al ex presidente Alan García, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendrá un máximo de diez días para evaluar si procede. Este plazo correrá a partir de que este grupo de trabajo reciba el documento respectivo.
Si luego de su evaluación la subcomisión considera que la denuncia es procedente, el informe de calificación será enviado a la Comisión Permanente del Congreso. Si esta instancia lo aprueba, el expediente regresará a la subcomisión para revisar las pruebas y determinar la pertinencia de los hechos imputados.
La subcomisión tiene dos opciones: o recomienda la acusación constitucional contra el ex presidente o, en cambio, se inclina por su absolución.
Y en este punto es donde empiezan a ser importantes las sumas y las restas.
La Subcomisión incluye a trece congresistas. Hay cuatro de Gana Perú, tres fujimoristas y cada una de las seis bancadas restantes tiene a un representante.
Entre los nacionalistas y los congresistas de Perú Posible y de Acción Popular –estos dos últimos partidos votaron a favor del informe final en el debate del jueves– suman seis votos. Por ese motivo, en el APRA son conscientes de que, muy probablemente, la votación en la subcomisión sea a favor de recomendar la acusación. Así lo admitió el congresista Mauricio Mulder en conversación con La República.
Durante la etapa de investigación, la subcomisión invitará a García para que pueda ofrecer sus descargos, adelantó el presidente de la subcomisión, Marco Falconí, de la bancada de Unión Regional.
Si el informe de la subcomisión recomienda la acusación, pasará a la Comisión Permamente para su debate y votación. De ser aprobado, será derivado finalmente al Pleno del Congreso.
Para que la acusación sea aprobada se requeriría de una mayoría calificada (los dos tercios de la cámara). En la votación no pueden participar los 25 miembros de la Comisión Permanente. "Esto es así porque ya han sentado su posición sobre el tema", explicó Falconí.
Al no participar los miembros de la Comisión Permanente, significa que solamente podrán votar a favor o en contra de una supuesta inhabilitación 105 congresistas. Es decir, la inhabilitación de García tendría lugar siempre y cuando 70 legisladores voten a favor. Así lo sostuvo el ex premier aprista, Jorge Del Castillo.
En los predios apristas, existe confianza de que la cifra será muy difícil de alcanzar.
"En realidad, va a ser muy complicado que lleguen a los votos necesarios. Pero, si incluso los consiguieran, se trataría de un acto que no tendría ningún valor fuera del Parlamento, que se anularía en todas las instancias posteriores", aseguró Mulder.
El nacionalista Sergio Tejada, presidente de la desactivada Megacomisión, le dijo a La República que la semana entrante estará presentando la denuncia respectiva en la subcomisión.
Tejada adelantó que el próximo miércoles se estaría debatiendo el informe sobre las presuntas irregularidades en Sedapal. Con respecto a los demás informes de la megacomisión –entre ellos, el que tiene que ver con el caso Business Track– serían vistos en la próxima legislatura.
AFIRMAN QUE APROBACIÓN DEL CASO 'NARCOINDULTOS' ES PLENAMENTE LEGAL
El Pleno del Congreso no sobrepasó el mandato judicial al debatir y aprobar el informe final del caso 'Narcoindultos', que responsabiliza al expresidente Alan García de incurrir en una infracción constitucional, sino más bien hizo uso de su facultad de control político, por lo que es plenamente legal, afirmaron diversos juristas.
El exmagistrado del Tribunal Constitucional, Magdiel Gonzales Ojeda, explicó que la Megacomisión que investigó las irregularidades cometidas en el segundo gobierno aprista tuvo la misión de indagar y sustentar estos hechos, y no de acusar.
Agregó que por ello no debió proceder el recurso de amparo que presentó el exmandatario y cuya apelación está pendiente de resolución.
"El informe pasará a la subcomisión de acusaciones constitucionales, y allí es donde corresponde que le informen al señor García de qué se le acusa y dónde podrá ejercer su legítimo derecho a la defensa", precisó.
Gonzales aclaró que, de no hallar nada, el caso se archivará, de lo contrario habrá lugar a un juicio político, que es facultad del Parlamento.
Por su parte, el profesor de derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, David Lovatón, indicó que la aprobacion del informe del caso 'Narcoindultos' es constitucional.
Dijo que no existe jurisprudencia que impida al Congreso a determinar una infracción constitucional, como asegura la defensa de Alan García, y lo que hay es un fallo del Tribunal Constitucional exhortando al parlamento que la tipifique mejor.
"Pero ello no lo invalida a pronunciarse. Hacerlo sería atar de manos al Congreso y recortarle sus facultades de control político", comentó.(la república)