" AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO "

domingo, 22 de julio de 2012

EL DERECHO TORCIDO

Por: César Lévano

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha anulado aspectos de las sentencias dictadas contra el Grupo Colina que incluye a Vladimiro Montesinos y otros asesinos, y ha rebajado las penas. Se trata de una maniobra política que entreabre las puertas de la prisión para Alberto Fujimori.

La Sala presidida por Javier Villa Stein ingresará a la historia como un tribunal que “descubre” que la matanza de Barrios Altos, que victimó incluso a un niño de ocho años de edad, fue solo delito común, no de lesa humanidad.

Para indignación nacional e internacional, y asombro de lo futuro, el fallo afirma que la política de Estado bajo Fujimori “no era contra la población civil, sino contra los mandos y delincuentes terroristas, que no forman parte de la población civil”.

Villa Stein y sus colegas tendrían que haber investigado y probado que las víctimas de Barrios Altos eran terroristas. En más de una ocasión he señalado en esta columna que los miembros del Grupo Colina erraron, igual que en La Cantuta, al sindicar como senderistas a quienes no lo eran. En el caso de Barrios Altos yo vi, después de la masacre, la tarjeta de invitación senderista a una pollada en el segundo piso del solar del jirón Huanta 840, no en el primer piso, donde había otra pollada para recaudar fondos destinados a reparar los sistemas de agua y desagüe del predio, fiesta organizada por unos humildes heladeros.

De modo que la Sala Penal Permanente no solo premia a unos asesinos, sino también a unos ineptos.

Alegan los magistrados de la Sala que para que exista delito de lesa humanidad debe existir una planificación previa.

Por supuesto que hubo una política de terror de Estado planificada.

La Sala Penal Permanente se muestra olvidadiza o, por lo menos, desprolija, cuando respecto a esa planificación omite lo que se reveló en la sentencia condenatoria expedida el 7 de abril de 2009 en primera instancia contra Fujimori por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Se trata de documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos, provenientes de comunicaciones cursadas entre la Embajada de Estados Unidos y el citado Departamento. Uno de esos textos insertos en el libro Extradición, juicio y condena de Alberto Fujimori, editado por Justicia Viva, explica que el Gobierno estadounidense conocía desde años anteriores el papel de Montesinos, y dice:

“Asimismo, conocía por una fuente de inteligencia no identificada, de las dos políticas que Montesinos Torres patrocinaba, una pública y otra confidencial que incluía a las unidades de operaciones especiales del Ejército entrenadas en asesinatos extrajudiciales en materia de enfrentamiento contra el terrorismo, cuya realidad –en este último caso– es patente a través de la actuación y crímenes del Destacamento Especial de Inteligencia Colina.”(la primera)