Por: Dionicio Mantilla León
El problema comenzó el 9 de octubre del 2011, cuando un grupo de personas presuntamente dueños de una camioneta 4x4, procedieron a la captura de la líder de una banda delincuencial intentando averiguar el paradero de uno de los hijos de dicha señora a quien acusaban de ser el autor del robo. Luego, la referida dama, denunciaría a 4 ex dirigentes de las rondas urbanas de Huamachuco de haberla secuestrado, acusación rechazada por los denunciados afirmando no tener participación alguna en el hecho. Al ser procesados judicialmente el fiscal provincial pediría cadena perpetua para ellos, lo que motivaría la ira de las rondas siendo una de las razones para la realización del paro indefinido que, comenzara el 27 de mayo y concluyera con la instalación de una Mesa de Diálogo.
Empero, al procesamiento judicial a los ronderos huamachuquinos se añaden otros casos similares en otras provincias. Casos que ponen en debate la validez del actuar de las rondas: ¿Reconoce el Estado a la justicia campesina? ¿En caso de ser así porqué no la toman en cuenta algunos jueces y fiscales?
La Constitución Política en su art. 149 estipula:”Las autoridades de las comunidades Campesinas y Nativas con el apoyo de las Rondas Campesinas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La Ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.
Luego, la Ley de Rondas (27908), dice de las rondas:”Reconócese personalidad jurídica como forma autónoma y democrática de organización comunal…”, y su Reglamento (D.S.025): “Los integrantes de las rondas campesinas contribuyen al desarrollo, seguridad, moral, justicia y paz social… Colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial… En el cumplimiento de sus deberes y funciones y en el ejercicio del derecho consuetudinario gozan del respeto de su cultura y costumbres por parte de la autoridad y sociedad….”
Como es posible apreciar las rondas campesinas son reconocidas por el Estado y basan su actuar en los usos y costumbres comunales para hacer justicia, norma que en nuestro medio no se cumple siendo motivo de una serie de desencuentros de jueces y fiscales con los ronderos razón por la cual el Primer ministro, Juan Jiménez Mayor, dijera: “lamentablemente algunos jueces y fiscales no conocen el tema rondero”. Empero, justo es reconocerlo, en su actuar los ronderos incurren, algunas veces, en excesos los cuales deben ser corregidos.
Ahora bien, cuando las rondas capturan a un delincuente proceden, en uso de sus costumbres y según la gravedad de la falta o delito, a castigarlo físicamente o pasarlo por “cadena ronderil” haciéndoles trabajar en labores agrícolas en varias comunidades, con el propósito de lograr su arrepentimiento y su reinserción social en su comunidad con muy buenos resultados. Inserción que muy escasamente se da con la justicia ordinaria con el agravante, en muchos casos, de una pésima administración y una descarada corrupción.
Las rondas campesinas y urbanas son, pues, un medio eficaz para contener a la delincuencia aunque en su actuar incurren en algunos excesos que podrían superarse si existiera coordinación con la justicia ordinaria y una adecuada capacitación normativa. Pese a esto, ¿Porqué algunos jueces y fiscales no acatan lo dispuesto por la Constitución y la Ley respecto a la justicia campesina?¿Porqué en la normatividad se ha obviado a las rondas urbanas? ¿Por qué se sataniza a la justicia campesina? ¿Existen celos de la justicia campesina por parte de algunos jueces y fiscales? Interrogantes que merecen urgente respuesta.
Es hora de que este tema merezca la relevancia del caso habida cuenta del clima de inseguridad y corrupción que atormenta a nuestra sociedad y, que la justicia campesina, sea valorada en su verdadera dimensión como freno a estas lacras sociales siendo urgente, también, que las rondas urbanas sean reconocidas e intauradas en todas las ciudades del país.