"Megacomisión habría encontrado responsabilidad política en el exministro, en caso de los colegios emblemáticos."
El exministro de Educación José Antonio Chang sería el responsable político de la serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción detectados en la remodelación de los llamados colegios emblemáticos durante el gobierno de Alan García, al haber contribuido a emitir el decreto de urgencia 004 para exonerar de toda licitación estas obras, sin respetar la ley y la propia Carta Magna que establece que solo puede darse este tipo de dispositivos para afrontar situaciones de emergencia y desastres.
Según fuentes confiables de LA PRIMERA, el último gobierno de García buscó acaparar y unificar todos los organismos con capacidad ejecutora, bajo el discurso de que se pretendía modernizar el Estado.
“Esta fue la estrategia que usó en diferentes sectores como Educación, donde unió el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (Infes) y la Oficina de Infraestructura Educativa (Oinfes). Lo mismo ocurrió en el sector Vivienda, donde también se fusionaron diferentes organismos entre ellos, Cofopri”, dijeron.
MANIOBRA POLÍTICA
Añadieron que las pesquisas que realiza la “megacomisión” investigadora de los presuntos actos de corrupción del gobierno de García, demostrarían que el hombre de confianza del exmandatario aprista, a través de una resolución ministerial, delegó facultades a su secretario general, Acevedo Saavedra.
Este individuo pasó así a firmar los diferentes documentos relacionados al Programa Nacional de Recuperación de los Colegios Emblemáticos y sirvió a Chang para evadir su responsabilidad directa en las irregularidades detectadas en este proceso.
“No sé, yo no sabía”, han sido las palabras de Chang ante la comisión que preside el congresista Sergio Tejada para deslindar responsabilidad. En este sentido, no se descarta que precisamente el gobierno aprista haya recurrido a Saavedra, por no ser militante del partido de la estrella, para escudarse en él.
DECRETO 004 CARECE DE FUNDAMENTO
Nuestras fuentes afirmaron que el gobierno anterior recurrió a un andamiaje armado para favorecer a determinadas empresas constructoras y propiciar actos irregulares. En ese contexto, el decreto de urgencia 004 atenta contra la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
La Constitución señala que el Presidente solo puede dictar decretos en materia económica cuando así lo requiera el interés nacional, cosa que no se dio. Y la ley de contrataciones exige que las obras de cierta magnitud sean concursables.
Es decir a través de la norma alanista se dejó el camino libre para la designación a dedo de las empresas constructoras, cuyos representantes han asegurado que muchas veces fueron “invitados” por correos electrónicos.
Esta situación hace casi imposible determinar quién o quiénes eran los encargados de “invitar” a las empresas, como Graña y Montero, DH Mont, Cosapi, que fueron algunas de las que quedaron tras una “invitación” masiva.
NUNCA SE DECLARÓ UNA CRISIS ECONÓMICA
El argumento de los exfuncionarios del Ministerio de Educación y el propio extitular del sector ante la “megacomisión” es que este controvertido decreto de urgencia fue para paliar los efectos de la crisis económica internacional.
Sin embargo, este grupo investigador ha determinado que el gobierno anterior jamás declaró el país en crisis económica, y que a decir de García los peruanos estábamos blindados dentro de “una burbuja” y podíamos dar lecciones al resto de cómo actuar en estas circunstancias.
Vilma Escalante
Redacción (la primera)