SEGUNDO DELITO EN LA LIBERTAD
Ministerio Público registra apenas 19 denuncias en la región por trata de personas. En lo que va del año hubo 498 operativos en todo el Perú. No hay ni una sentencia por este delito
Se trata de uno de los delitos que se comete con mayor incidencia en la región y país y, sin embargo, no existen denuncias ni sentencias que frenen la preocupante realidad.
Apenas 19 denuncias por el delito de trata de personas tiene registrado el Ministerio Público de La Libertad bajo la modalidad de comercio sexual. Una cifra que no se ajusta a la realidad considerando que, de acuerdo cifras que maneja la Fiscalía, la trata de personas es el segundo delito más cometido a nivel regional, detrás del tráfico ilícito de drogas.
Así lo confirmó la presidenta de la junta de fiscales superiores de la región, Gladys Ramos Urquizo, quien indicó que La Libertad, en especial Trujillo, son paraderos de jóvenes —y hasta menores de edad— que son traídas desde la selva para prostituirlas en bares y centros nocturnos.
“La mayoría de mujeres son desarraigadas de sus lugares de origen, en su mayoría de Loreto e Iquitos. El gobierno tiene que asumir su papel protector para las víctimas y testigos, de lo contrario nos encontramos impedidos”, mencionó.
Lamentó que las muchas de las víctimas de explotación sexual no denuncien el delito debido a que las mafias y bandas criminales las amenazan para continuar sometiéndolas esclavitud.
“A ellas se les obliga a ejercer la prostitución, trabajos domésticos, venta de órganos, entre otras modalidades solo que por el temor que se infunde en las víctimas, se sienten desprotegidas y prefieren callar”, dijo con preocupación.
No hay intervenciones
Ramos Urquizo justificó el escaso número de intervenciones para identificar las mafias dedicadas a la trata de mujeres y niños aduciendo que no existen casas de refugio donde se pueda albergar a las víctimas. Aún así indicó que se realizan operativos inopinados en bares y night clubs de dudosa reputación, por ser los locales donde se obliga a las mujeres a ejercer el meretricio.
“El no tener casas de refugio nos impide a realizar mayor número de operativos, actualmente no se encuentran contempladas en el presupuesto nacional, debido a la falta de iniciativa de las autoridades nacionales, regionales y locales. Sin embargo, coordinamos con entidades públicas y privadas como la ONG Micaela Bastidas, la iglesia y hasta empresas de transportes y líneas aéreas para evitar que las víctimas sean sacadas del”, refirió.
No hay sentencias
La presidenta de la comisión de Salud e integrante del portafolio de Inclusión Social del Congreso, Karla Schaefer Cuculiza, cuestionó que no exista ni una sola sentencia del Poder Judicial por el delito de trata de personas, a pesar de haber encontrado a cómplices y proxenetas en flagrante delito.
“Este año se han realizado 498 operativos a nivel nacional y no hay ninguna sentencia en los delitos de comercio sexual y prostitución infantil, todo están en procesos abiertos. No hay sentencias para las personas que son cómplices y proxenetas. En esos casos no hay mucho qué investigar porque hay flagrancia de delito”, dijo.
Agregó que La Libertad es una de las regiones con mayor índice de trata de personas en su modalidad de comercio sexual. “Los desarrollos económicos traen ese tipo de actividad aumenta el tráfico de personas. Donde hay minería ilegal hay mucha explotación laboral sobre todo con menores de edad. Eso es lo ocurre en La Libertad”, dijo.
En tal sentido, convocó al Poder Judicial y Ministerio Público a actuar con celeridad y a ser drásticos en las sanciones contra las personas que atentan contra la libertad sexual de mujeres y niños.
“Hay un muy buen marco legal pero se tiene que sensibilizar a los sectores que son protagonistas como el Poder Judicial y Ministerio Público, porque los delitos que se determinan como trata de personas son flagrantes en su mayoría de intervenciones y, por ello, debería existir una sentencia inmediata”, mencionó.
Cabe precisar que, según estipula el Nuevo Código Procesal Penal, las penas privativas para aquellos que incurran en el delito de trata de personas es de ocho a 25 años.
Ricardo Urquiaga / Karin Espinoza | Redacción La Industria