ROSA LEDESMA ALCÁNTARA. (Huamachuquina) Decana del Colegio de Abogados de La Libertad (CALL). Presidenta de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú.
Lucyana Zavaleta Urtecho
Trujillo
Semanas atrás el procurador anticorrupción Christian Salas anunció que la institución a la que representa iba a desplegar acciones en diversas regiones, entre ellas La Libertad, debido al alto índice de denuncias por corrupción que aquí se registran. ¿Así de grave es el panorama en la región?
Creo que sí. La corrupción nos está destruyendo como sociedad. Considero que la delincuencia está en el nivel que está justamente por la corrupción, pero esto no es algo que parta solo de las instituciones. La sociedad se queja pero tampoco hace nada para evitar que la corrupción se extienda. El que da y el que recibe son cómplices de la corrupción, y eso es algo de lo cual no se tiene mucha conciencia. Es tan culpable el que ofrece la coima como el que la recibe.
El Gobierno dice que combate la corrupción, pero en la práctica parece ser un tema en el cual no hay un compromiso real.
En la Fiscalía Anticorrupción el personal es escaso para todo el problema que tenemos aquí. Tanto fiscales como asistentes no se abastecen porque los expedientes son demasiado voluminosos; es decir, la corrupción se ha convertido en un flagelo en la sociedad. Si no se contrata mayor cantidad de personal y no se implementan oficinas ni mecanismos para poder contribuir a esas investigaciones, la lucha contra la corrupción será un fracaso. El Gobierno debería priorizar personal en la región, pues se trata de una zona donde hay mayor riesgo, mayor cantidad de casos. Además, no olvidemos que los fiscales tienen que recorrer toda la provincia, con todo el gasto de tiempo que eso genera. Así se frustran las diligencias, a veces por el mal estado de las carreteras u otras contingencias. Creo que debería haber personal por lo menos en las provincias donde hay mayor cantidad de denuncias, como Sánchez Carrión.
Cuando se habla de corrupción, un gran sector de la ciudadanía lo relaciona con los profesionales del Derecho. ¿Cómo ven ustedes esta situación y como institución qué están haciendo al respecto?
No podemos tapar el sol con un dedo. No podemos decir que dentro del gremio no hay personas que tengan conductas inadecuadas; eso es innegable. Nuestra preocupación es grande y queremos contribuir a que esto no ocurra y mejorar poco a poco la imagen del abogado ante la ciudadanía. Por ello, en el colegio, poco después de empezar mi gestión hemos instalado una secretaría técnica del Consejo de Ética, que se dedica exclusivamente a procesar a los abogados que incurren en conductas incorrectas. Las quejas que vienen de los patrocinados son mayormente por incumplimiento del trabajo por parte del letrado, pues les cobran y luego no realizan la labor deseada. También tenemos quejas del Poder Judicial o del Ministerio Público, en el sentido de que algunos de nuestros agremiados no acuden a la audiencia o abandonan al cliente.
DEFIENDE NCPP
¿Cómo evalúa la implementación de los nuevos códigos en nuestra región?
En lo penal tenemos muchas trabas y son pocos los abogados que están trabajando en esta materia. En materia laboral también hay procedimientos nuevos, y los abogados se tienen que capacitar para trabajar al ritmo que se requiere, para evitar el embalsamiento de expedientes. Se hace necesaria también una mayor cantidad de juzgados, pues las audiencias son más extensas. Los abogados necesitamos volvernos más técnicos en el proceso, manejar técnicas de litigación en materia penal y laboral, que sirvan para agilizar los procesos judiciales.
Algunos gremios de la ciudad, como el de transportes, han criticado al Nuevo Código Procesal Penal, calificándolo de garantista de los derechos de los delincuentes. ¿Comparte usted esta opinión?
No creo que sea garantista. El tema es que nosotros hemos tenido primero un sistema inquisitivo, que era demasiado duro y no permitía defenderse; luego vino el mixto, que tendía un poco a la defensa y después se volvió inquisitivo. Entonces, ahora permitir que una persona pueda defenderse parece que fuera demasiado garantista.
Un gran sector de la población, e incluso congresistas, están proponiendo que los jóvenes que cometan el delito de sicariato sean juzgados como adultos. ¿Tiene el CALL una posición fijada al respecto? O en todo caso, ¿cuál es su opinión?
Como colegio no hemos arribado a un consenso. Particularmente lo veo como un problema complicado, porque efectivamente hay casos en los que menores de 16 años de edad actúan como adultos y ya no se les puede tratar como menores. Sin embargo, creo que aplicarles las penas de los mayores no es muy conveniente, de repente establecer un mecanismo intermedio podría ser más adecuado, porque llevar a un menor acusado de sicario al penal El Milagro sería ponerlo en una escuela de altos estudios para el crimen, y llevarlo a un centro de menores es negativo, porque se convierte en un gran maestro para los otros adolescentes que cometieron faltas menores.(la república)