Por: Dionicio Mantilla León
Un hecho que ha conmovido a la comunidad electoral en la presente semana lo constituyó la errónea medida implementada por el JNE al emitir una norma con el propósito de regular las operaciones de las empresas encuestadoras planteando restricciones a todas luces controversiales y que lesionaban elementales derechos contempladas en nuestra Carta Magna (Art. 2: 4 y 18), así como anulaban por completo la característica esencial de toda en cuesta como es la reserva y el anonimato.
Posiblemente, la intencionalidad de la medida haya sido otra, pero los efectos de todas maneras levantaron una fuerte reacción sobre todo en la institución que agrupa a todas las encuestadoras, la APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado) y los partidos políticos que se encuentran liderando las preferencias electorales entre ellos, Perú Posible. Planteando, la primera, la abstención de realizar encuestas de opinión hasta que se deje sin efecto la medida y, Alejandro Toledo, amenazando con realizar masivas movilizaciones de rechazo en todo el país. Como contrapartida las agrupaciones que se encuentran a la cola de las encuestas, entre ellas Solidaridad Nacional y el APRA, expresaban su decidido respaldo a la medida del máximo ente electoral y, como ya es costumbre, el Presidente de la República, Alan García, haciendo tabla raza de su neutralidad sostuvo:”Es una norma positiva. Los candidatos deben tener veedores durante el desarrollo de las encuestas”. En esta controversia terciaron diversos analistas políticos, magistrados, constitucionalistas y periodistas de la mayoría de medios haciendo conocer su discrepancia con esta medida y requiriendo su inmediata corrección.
Ante esta suerte de cargamontón de exigencias el pasado miércoles el Dr. Hugo Sivina, Presidente del J.N.E. asumiendo autocríticamente el craso error, informó la derogatoria de la norma planteando a su vez una reunión conjunta con los representantes de la Asociación de Encuestadoras, los partidos políticos y los diversos medios con el propósito de buscar adecuados mecanismos de fiscalización del trabajo de las encuestadoras sin que ello signifique el irrespeto a los derechos constitucionales. Saludable reconocimiento que permitirá continuar el presente proceso electoral de manera normal.
Un hecho que ha conmovido a la comunidad electoral en la presente semana lo constituyó la errónea medida implementada por el JNE al emitir una norma con el propósito de regular las operaciones de las empresas encuestadoras planteando restricciones a todas luces controversiales y que lesionaban elementales derechos contempladas en nuestra Carta Magna (Art. 2: 4 y 18), así como anulaban por completo la característica esencial de toda en cuesta como es la reserva y el anonimato.
Posiblemente, la intencionalidad de la medida haya sido otra, pero los efectos de todas maneras levantaron una fuerte reacción sobre todo en la institución que agrupa a todas las encuestadoras, la APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado) y los partidos políticos que se encuentran liderando las preferencias electorales entre ellos, Perú Posible. Planteando, la primera, la abstención de realizar encuestas de opinión hasta que se deje sin efecto la medida y, Alejandro Toledo, amenazando con realizar masivas movilizaciones de rechazo en todo el país. Como contrapartida las agrupaciones que se encuentran a la cola de las encuestas, entre ellas Solidaridad Nacional y el APRA, expresaban su decidido respaldo a la medida del máximo ente electoral y, como ya es costumbre, el Presidente de la República, Alan García, haciendo tabla raza de su neutralidad sostuvo:”Es una norma positiva. Los candidatos deben tener veedores durante el desarrollo de las encuestas”. En esta controversia terciaron diversos analistas políticos, magistrados, constitucionalistas y periodistas de la mayoría de medios haciendo conocer su discrepancia con esta medida y requiriendo su inmediata corrección.
Ante esta suerte de cargamontón de exigencias el pasado miércoles el Dr. Hugo Sivina, Presidente del J.N.E. asumiendo autocríticamente el craso error, informó la derogatoria de la norma planteando a su vez una reunión conjunta con los representantes de la Asociación de Encuestadoras, los partidos políticos y los diversos medios con el propósito de buscar adecuados mecanismos de fiscalización del trabajo de las encuestadoras sin que ello signifique el irrespeto a los derechos constitucionales. Saludable reconocimiento que permitirá continuar el presente proceso electoral de manera normal.
EN EL OJO DE LA TORMENTA.-
Las encuestas, en realidad, siempre han estado en el ojo de la tormenta de todo proceso electoral. Ellas han servido para tomar la fotografía coyuntural de las preferencias electorales y servían como un tradicional condimento que le da sabor a las lides electorales y, lo que es mas, también sirven para auscultar el parecer de la ciudadanía respecto a la labor del mandatario de turno. En ese sentido los últimos resultados resultaban desastrosos para Alan García, pues graficaban, nada más ni nada menos, que el 73% de desaprobación.
¿Qué, el resultado de las encuestas grafican tendencias? Así es. ¿Qué, pueden catapultar a un candidato? No, porque así como suben, caen. ¿Qué, pueden servir de influencia para los electores indecisos? Tal vez. ¿Qué están sujetos a algún grupo de poder que los solventan? No, por cuanto los que las contratan son los diversos medios pues los resultados de las encuestas sirven de elemento motivador para elevar su nivel de venta. La única encuestadora politizada, es IDICE cuyos propietarios no esconden su filiación aprista que, como es de suponer, publica resultados sesgados a favor de los intereses oficialistas.
En la presente coyuntura electoral en donde el partido aprista está a punto de desaparecer como partido político--por cuanto todo indica que no pasará la valla electoral--por presentarse descabezado y muy lesionado por los numerosos actos de corrupción detectados en todas las instancias gubernamentales, así como en su añeja dirigencia, no era conveniente que este descalabro electoral se vea graficado en las encuestas, por esta razón el partido de la estrella se sumó a los cuestionamientos hechos a las encuestadoras realizados por los candidatos pequeños pretendiendo restarles credibilidad.
El intento del J.N.E. de plantear condicionamientos fuertes que anulaban la característica esencial de las encuestas como es la reserva y el anonimato resultaban a todas luces, aparte de inconstitucionales, antidemocráticos y anti técnicos, propios de regímenes tiránicos. Las encuestas operan en todo el mundo y realizadas de manera transparente, sin intereses subalternos, científicamente operadas y debidamente reguladas, son provechosas, merecen nuestro respeto y son parte importante de un proceso electoral democrático.
Las encuestas, en realidad, siempre han estado en el ojo de la tormenta de todo proceso electoral. Ellas han servido para tomar la fotografía coyuntural de las preferencias electorales y servían como un tradicional condimento que le da sabor a las lides electorales y, lo que es mas, también sirven para auscultar el parecer de la ciudadanía respecto a la labor del mandatario de turno. En ese sentido los últimos resultados resultaban desastrosos para Alan García, pues graficaban, nada más ni nada menos, que el 73% de desaprobación.
¿Qué, el resultado de las encuestas grafican tendencias? Así es. ¿Qué, pueden catapultar a un candidato? No, porque así como suben, caen. ¿Qué, pueden servir de influencia para los electores indecisos? Tal vez. ¿Qué están sujetos a algún grupo de poder que los solventan? No, por cuanto los que las contratan son los diversos medios pues los resultados de las encuestas sirven de elemento motivador para elevar su nivel de venta. La única encuestadora politizada, es IDICE cuyos propietarios no esconden su filiación aprista que, como es de suponer, publica resultados sesgados a favor de los intereses oficialistas.
En la presente coyuntura electoral en donde el partido aprista está a punto de desaparecer como partido político--por cuanto todo indica que no pasará la valla electoral--por presentarse descabezado y muy lesionado por los numerosos actos de corrupción detectados en todas las instancias gubernamentales, así como en su añeja dirigencia, no era conveniente que este descalabro electoral se vea graficado en las encuestas, por esta razón el partido de la estrella se sumó a los cuestionamientos hechos a las encuestadoras realizados por los candidatos pequeños pretendiendo restarles credibilidad.
El intento del J.N.E. de plantear condicionamientos fuertes que anulaban la característica esencial de las encuestas como es la reserva y el anonimato resultaban a todas luces, aparte de inconstitucionales, antidemocráticos y anti técnicos, propios de regímenes tiránicos. Las encuestas operan en todo el mundo y realizadas de manera transparente, sin intereses subalternos, científicamente operadas y debidamente reguladas, son provechosas, merecen nuestro respeto y son parte importante de un proceso electoral democrático.