Congresista Rosa Mavila dice que llegará hasta el final en busca de conocer reales vínculos de Oropeza con alta dirigencia del Partido Aprista.
La comisión que indaga los vínculos entre el narcotráfico y la política deberá determinar “hasta dónde llega el vínculo” entre la familia de Gerald Oropeza y algunos líderes del Partido Aprista, señaló la presidenta de este grupo de trabajo, Rosa Mavila, quien considera que el caso es “investigable”.
Ello se desprende, según dijo, de las características que este asunto presenta y las declaraciones de sus familiares cercanos, quienes han reconocido ante la comisión investigadora “su militancia orgánica en el Partido Aprista”.
Mavila dijo que estos hechos se refuerzan con las declaraciones de José Facundo Chinguel, militante aprista preso por la entrega irregular de indultos y conmutaciones de pena a condenados por narcotráfico.
Sus declaraciones, así como otros indicios dan cuenta de los supuestos lazos de Oropeza con la Presidencia de la República a través del exsecretario de Palacio de Gobierno Luis Nava, recordó Mavila.
Otro aspecto a observar, según la parlamentaria, es el referido a su “estatus económico, las empresas de limpieza que posee, el flujo económico de las mismas y el tipo de instituciones públicas a las que prestan servicios”, como el Ministerio Público y la Universidad Nacional Federico Villarreal, esta última una especie de reducto aprista.
La comisión que preside Mavila interrogó hace unos días a Pilar López, madre del prófugo Gerald Oropeza, quien reafirmó su militancia y la de su familia en el Apra. Dijo que mantenía oculto a su hijo en la capital y que no lo entregará a la justicia. Oropeza es investigado por lavado de activos y narcotráfico.
INFILTRACIÓN
Asimismo, Rosa Mavila dijo al diario UNO que se debe combatir y disminuir la infiltración del narcotráfico en el sistema político, el cual también habría alcanzado sus influencias en el Ministerio Público.
“El narcotráfico no tiene representantes directos sino influencias con desvíos patrimoniales, infiltración institucional incluso en el Ministerio Público, si usted viera la cantidad de demoras significativas en investigaciones a personas con altos índices de desbalance patrimonial y de contacto con el narcotráfico y lavado de activos”, subrayó.
Ante ese problema manifestó que presentará un proyecto de ley para que el CNM incluya un criterio para la ratificación de jueces y fiscales, es evaluar todos sus fallos y resoluciones relacionados en investigar y sancionar a personajes relacionados con el lavado de activos y el narcotráfico.
LAVADO DE ACTIVOS
“Deben explicar por qué la demora en el trámite en procesos de estos delitos, pues hay algunos casos de autoridades regionales con procesos por lavado de activos cuyos procesos siguen demorados por más de 6 a 7 años. También se ha perdido numerosa cantidad de expedientes”, aseveró.
Indicó que en sus investigaciones encontró un excesivo desbalance patrimonial en autoridades regionales y locales, las cuales dijo no se preocupan o no tienen un plan en la lucha contra el narcotráfico.
“Las autoridades señalan que no tienen nada que ver con ese problema señalando que la Policía o las Fuerzas Armadas deben encargarse. Eso es un error porque a las autoridades les corresponde la seguridad ciudadana y luchar contra el narcotráfico y sus consecuencias como el sicariato y asesinatos selectivos”, agregó.
MILITARES NO COLABORAN
Sostuvo que las Fuerzas Armadas no dan facilidades de quiénes son los operadores militares que están en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro y en el Huallaga porque hasta hoy no rinden cuentas, a través del Ministerio de Defensa, sobre qué acciones están tomando contra el narcotráfico.
“Hace más de dos meses envié un oficio a los institutos armados para pedir información de los jefes de las unidades castrenses que trabajan en las zonas vinculadas al narcotráfico y hasta ahora no responden. Eso quiere decir que hay algo irregular o están poniendo obstáculos. Deberían ser transparentes en su función contra el narcotráfico”, aclaró.
ADEMÁS
“En cuanto a la actuación de las Fuerzas Armadas en la zona del Huallaga y el Vraem debe ser evaluada porque la incautación de insumos químicos es poco significativa y se permite su tráfico. Hay que devolver facultades a la Fuerza Aérea para que haga la interdicción aérea”, dijo la legisladora Rosa Mavila.(diario uno)