Mientras continúa el festival de las cuentas, el caso Nadine pasa a otra fase. La Corte Superior decidirá si prosigue la investigación de la fiscalía. Pero lo sustantivo de la verdad ya se conoce.
Ricardo Uceda
El Informante
El Ministerio Público apeló la resolución del 43 Juzgado Penal de Lima, que le ordena archivar la investigación a Nadine Heredia por transferencias de dinero recibidas entre el 2005 y el 2009. La Corte Superior resolverá. La sentencia de la jueza María Niño se afirma en una garantía constitucional: Nadine, cuyas cuentas ya fueron investigadas, no puede ser examinada una vez más por los mismos hechos. La apelación, sin embargo, insiste en que es pertinente.
La apelación del fiscal Ricardo Rojas se basa en las excepciones al principio de que nadie puede ser doblemente procesado. Una tiene lugar cuando aparecen nuevos elementos probatorios. Otra, cuando la primera investigación fue deficiente. En este último caso no se produce un procedimiento jurídicamente válido y lo resultante no podría considerarse cosa juzgada. Rojas cita al Tribunal Constitucional en varias sentencias. La jueza Niño, en su fallo, no se refirió taxativamente a las excepciones.
—Sí se refirió —dice un miembro del equipo de defensa de Heredia—. Lo hizo implícitamente, al establecer que ni había nuevos elementos probatorios ni la investigación era deficiente. Una alusión al fondo del asunto.
PROCESO A MEDIAS
La primera investigación del fiscal Eduardo Castañeda, ante un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no encontró signos de lavado de activos en depósitos bancarios por US$ 216,000 realizados a favor de Nadine Heredia entre 2006 y 2009. En 2009, al ordenar el archivamiento —refrendado en 2010 por un fiscal superior—se conformó con la versión de que el dinero provenía de cuatro contratos de servicios. Nueve de las diez personas que hicieron los depósitos no eran sus contratantes ni poseían solvencia económica.
No había concordancia entre lo estipulado en los contratos y algunos abonos en las cuentas. Hubo una pausa hasta enero del 2015. Ante la denuncia de un ciudadano, Rojas abrió nuevamente investigación preliminar por lavado de activos. La materia prima era solo un artículo aparecido en el diario Expreso, algo que le mereció críticas de liviandad.
Los depósitos aludidos eran los mismos que ya se habían investigado a medias. Pero Rojas, antes de que la defensa de Nadine presentara un hábeas corpus por vulneración del debido proceso, amplió su hipótesis de trabajo, dirigiéndola a un presunto lavado de activos con fondos recibidos entre 2011 y 2014. El fiscal quería saber si Nadine estaba relacionada con operaciones de Martín Belaunde Lossio y las empresas Antalsis y Todo Graph. Se proponía investigar un par de inmuebles comprados por su madre, Antonia Alarcón, y a la ONG PRODIN, de la que Nadine usaba una camioneta. Es la parte de la investigación que no ha sido impedida por la jueza Niño. Aquí el fiscal aún tiene pista libre, aunque tendrá que volver sobre las cuentas del proceso archivado hace cinco años. Por eso los abogados de Nadine han insinuado que apelarían el fallo de la jueza, a fin de que extienda la prohibición de investigar hasta el 2015.
LO QUE NO SE HIZO
Una de deficiencias de la investigación señaladas por Rojas es que no se examinaron los libros ni las cuentas de las empresas que contrataron a Nadine Heredia. Solo de esa manera se comprobaría si efectivamente efectuaron disposiciones patrimoniales a su favor. Tampoco se acreditó el cumplimiento de los servicios a los que ella se comprometió. ¿Qué capacidad económica tenía Eladio Mego, un empleado nacionalista del Congreso, para prestar US$ 20,000 a Heredia, conforme esta declaró? Pese a que fue levantado el secreto bancario de ella y de quienes le depositaron dinero, no se practicó una pericia contable de las cuentas. Así, nunca se conoció el universo patrimonial de los investigados. El fiscal archivó sin saber qué cuentas tenía Nadine.
Heredia dijo que un crédito hipotecario por US$ 100,075 fue pagado con el ingreso de sus contratos. Pero unos quince pagos tuvieron otro origen, hasta hoy desconocido. Un contrato presentado por Heredia ante la UIF es distinto al que entregó a la fiscalía. Es el suscrito con Arturo Belaunde, padre del detenido Martín. La UIF detectó que retiros de su cuenta que hacía Giuliana Belaunde, otra de sus hijas, coincidían con depósitos que en fecha próxima hacían terceros a Nadine. Varios recibos de honorarios de la esposa del presidente presentan inconsistencias en la numeración y en las fechas. Eso tampoco se investigó.
NUEVOS ELEMENTOS
Rojas también destaca los nuevos elementos probatorios que justificarían volver sobre las cuentas. Principalmente depósitos provenientes de la empresa venezolana Inversiones Kaysamac a favor de la madre de Nadine, Antonia Alarcón, y de su amiga Rocío Calderón. Ambas le depositaron un total de US$ 15,600. En su resolución la jueza menospreció el dato: “dichas transferencias son las mismas que fueron materia de la investigación preliminar”. La novedad, la identificación Kaysamac como fuente originaria, no le pareció relevante.
El penalista Carlos Caro, un experto en lavado de activos, tiene un argumento adicional no considerado por Rojas en su apelación, para afirmar que la Corte Superior debe permitir que Nadine continúe siendo investigada. Existe, asegura, jurisprudencia consolidada del TC para no conceder hábeas corpus contra resoluciones del Ministerio Público.
—El hábeas corpus protege libertades —dice—. Está en el Código Procesal Constitucional. Y ninguna resolución de fiscalía afecta alguna libertad. Así de sencillo.
JUICIO POPULAR
Hasta aquí lo jurídico, pero lo político importa más. Las evidencias de que la pareja presidencial no vivió de su trabajo en los últimos años son múltiples. Aunque pudieran tener éxito en la apelación judicial, el juicio popular tiene la sentencia hecha. Sectores que ven nuevas informaciones como maniobras de medios concentrados o manifestaciones de machismo político están quedando descolocados. Un balde de agua fría fue la revelación de una nueva cuenta de Nadine en el Scotiabank, aparecida en Cuarto Poder. Tiene origen inexplicable, pues no puede tomarse en serio que Ollanta Humala deposita allí su sueldo.
Por otra parte, los documentos de Panorama sobre cuentas suizas de la hermana del presidente, Ivoska Humala, son altamente verosímiles, pese a la lluvia de críticas que sus periodistas recibieron, incluso desde la prensa. Rosana Cueva, una editora seria, no publicó sin tener convicción de que los papeles que mostraba eran auténticos. Nadie habla de lavado de dinero, pero por lo visto doña Ivoska le rinde cuentas a Nadine de un dinero que no es suyo. Son documentos que han salido de un entorno íntimo, al punto que existe un certificado de depósito original de veinte mil dólares en favor de la famosa Rocío Calderón en unos fondos mutuos. ¿Por qué un documento así no está en poder de su beneficiaria?
En fin, si el sistema de justicia no investiga, seguramente parte del periodismo lo hará. Los Humala, entretanto, se han ganado el apelativo de Mayormente Corruptos, según la última encuesta de Ipsos Apoyo aparecida en El Comercio. ¿Qué es un político mayormente corrupto?
¿Alguien que no lo es a tiempo completo? Pensando mal, la decisión de la pareja de tener régimen conyugal de bienes separados pudo ser tomada para que Nadine, la administradora, no fuera involucrada en los rigores de transparencia de todo funcionario público, que arrastran al cónyuge. Si fue así, la estrategia no tuvo mucho éxito.(la república)