Representantes de organismos piden a padres de familia denunciar cualquier irregularidad. Defensoría y Fiscalía anuncian operativos coordinados.
Tome nota. Exija información necesaria al momento de matricular a su hijo
Trujillo. Están avisados. El representante de la Defensoría del Pueblo, José Agüero Lovatón, y el fiscal decano del Ministerio Público, Walter Cortez Albán, informaron que vienen realizando operativos de inspección en instituciones educativas públicas de nuestra región y, a un mes y medio del inicio de clases en todo el país, advirtieron que si se detecta a directores infringiendo la gratuidad de enseñanza, serán sometidos a procesos disciplinarios que van desde la destitución del cargo hasta cuatro años de cárcel.
El primero en pronunciarse sobre el tema fue Agüero Lovatón, quien adelantó que la próxima semana su despacho publicará una lista de los centros educativos infractores que están incurriendo en cobros abusivos de matrículas y sugirió a los directores brindar información adecuada a los padres de familia para que las apafas no cobren más de los S/. 57 estipulados por la ley.
“Sin embargo, este pago no es obligatorio, sino, opcional. Si algún director permite que se cobre de más al momento de matricular a un menor, serán denunciados ante el Ministerio Público y se les abrirá un proceso disciplinario en la Gerencia de Educación.
Allí serán sancionados, suspendidos en forma temporal o destituidos de sus cargos, pero dependiendo de la gravedad de la falta”, manifestó en diálogo con periodistas de La Industria.
Delito contra administración
A su turno, el presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad, Walter Cortez Albán, adelantó que un equipo de magistrados del despacho de prevención de delito vienen diseñando una estrategia clave para visitar los planteles, en forma inopinada, y descubrir si los directores están infringiendo la gratuidad educativa.
No obstante, aunque evitó revelar el número exacto de años de prisión que estos últimos podrían recibir, confirmó que de vulnerar el dispositivo legal, los directores estarían incurriendo en el delito contra la administración pública, lo cual es castigado por el Código Penal Peruano con penas no menor de uno ni mayor de cuatro años de cárcel.
Tenga en cuenta
El artículo 383 del Código Penal, referido a delitos cometidos por funcionarios
públicos, sobre exacción, señala lo siguiente: “El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos o en cantidad que excede a la tarifa legal, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de uno ni mayor de cuatro años”.(la industria)