Por: Dionicio Mantilla León
Según la última encuesta de DATUM, la aprobación de la gestión de la Alcaldesa de la Municipalidad de Lima, Susana Villarán, llega sólo a 13%, mientras que su desaprobación a 85%, siendo el principal argumento para esta desaprobación la nula ejecución de obras comunales y la no solución de los neurálgicos problemas de la inseguridad y el transporte público. Algo más, el 65 % de los encuestados estarían a favor de la revocatoria de su mandato. Sin embargo, estos resultados no son los únicos. A lo largo de todo el país se añaden otros referidos a Presidentes de gobiernos regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores. Muy pocas son las autoridades que se salvan del ojo inquisidor de la ciudadanía que votó hace un año por quienes consideraban encarnaban el liderazgo que necesitaban, pero que transcurrido ese lapso, no han respondido satisfactoriamente a sus expectativas.
En este contexto, surgen las causales que justifican la desaprobación ciudadana y, por ende, para el ejercicio, consagrado por nuestra legislación, del derecho a la revocatoria. El que, en muchos de los casos, es empujado por los opositores al gobierno local o regional o candidatos perdedores en las últimas elecciones, pero en otros, por ciudadanos decepcionados y exasperados por la inacción, desidia y acciones de corrupción de sus autoridades a quienes confiaron su representación y mandato gubernativo.
El derecho a la revocatoria está amparado por la Ley 26300 “Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano”, el que señala, que la ciudadanía puede destituir de sus cargos a Alcaldes y Regidores, autoridades regionales y magistrados; y, que no procede ejercerse dicho derecho durante el primer y último año de mandato, no requiriendo ser probado, pero si fundamentado. Asimismo, que es preciso presentar la petición acompañando el 25% de firmas del total de electores de la jurisdicción de la autoridad que se quiere defenestrar. Para que la revocatoria de una autoridad sea aprobada deberá contarse, asimismo, con la mitad más uno de los votos.
De acuerdo a la Ley 29313, dada en el 2008, se detalla que pueden ser revocados el Presidente Regional, el Vicepresidente Regional y los Consejeros Regionales y que en caso de ser revocados los primeros deberán ser elegidos por el Consejo Regional entre los integrantes de la lista a la que pertenece la autoridad revocada mientras que el Consejero, por su accesitario.
Ahora bien, a nivel de nuestra región se han recabado de la ONPE un buen número de kits por diversas instituciones y ciudadanos con el propósito de revocar a nuestras autoridades ediles y regionales. En la mira se encuentran autoridades de diversas provincias y distritos y hasta el mismo Presidente Regional Ing. José Murgia y el Alcalde Provincial de Trujillo, Ing. César Acuña. La revocatoria de estos últimos, es impulsado por el “Frente Amplio de Defensa de la Región La Libertad”, aduciendo incapacidad de gasto y desinterés en la solución de los problemas de la región y la Provincia de Trujillo, respectivamente. Empero, hasta ahora no se ha recabado kits para revocar a los consejeros regionales, cuyo desempeño, en la mayoría de los casos, es una incógnita conociéndose de ellos sólo sus líos internos. De otro lado, se conoce que en la Provincia de Sánchez Carrión se han recabado kits para revocar a los alcaldes distritales de Sarín, Chugay y Sanagorán, así como para el Alcalde Provincial de Sánchez Carrión.
Sin lugar a dudas que la revocatoria es un derecho valedero para el fortalecimiento de nuestra democracia y es legítimo su ejercicio, pero ¿A quién se le ha ocurrido tocar el tema de la revocatoria de nuestros congresistas? Estos representantes nacidos del voto popular también debe ser revocados, más aún con el nivel de desprestigio en que han incurrido convirtiéndose, la casi totalidad ellos, en una vergüenza para los peruanos. ¿Pero serán capaces ellos mismos de legislar su inclusión en la Ley de Revocatoria? Oportuno es traer a colación, las palabras del Presidente Ollanta Humala, cuando era candidato y que parece se ha olvidado: “Hoy en día en el Perú se puede revocar a un alcalde o un Presidente Regional, pero no se puede revocar a los congresistas, ni al Presidente de la República y eso crea la impunidad. Yo voy a luchar contra la impunidad,…comenzando por el Presidente de la República”.
La revocatoria es un derecho, ejerzámoslo con decencia, pero no nos olvidemos que dentro de ella deben estar involucrados todos los que el pueblo ha encargado la honrosa tarea de conducir sus destinos con capacidad y honestidad.