En picada. En enero, el Parlamento tenía una aceptación del 22%, que subió a 24% en febrero y marzo. Con el reparto de cargos en el BCR, el TC y la Defensoría empezó una caída libre. Las denuncias contra legisladores empeoraron la situación.
Enrique Patriau.
Año aciago. Cuando empezó el 2012, el Congreso peruano tenía una aprobación del 22%, según la encuestadora GFK.
En febrero subió al 24%, su pico más alto. No es una gran cifra, pero también es verdad que los parlamentos en el mundo no suelen ser focos de popularidad ciudadana.
En Chile, un país con una institucionalidad mucho más consolidada, el Congreso también presenta índices de aceptación reducidos. De acuerdo con la encuestadora Adimark, en febrero la aprobación del Senado era del 22% y su desaprobación del 66%. Mientras que la aprobación de la Cámara de Diputados era del 19% y su desaprobación del 69%.
Es decir, a inicios de este año el Parlamento nacional bordeaba niveles de aceptación que pueden ser considerados normales en comparación con otros casos. Sin embargo, a partir de julio el declive se empezó a hacer evidente. Varias cosas explican esta caída libre (ver infografía).
En julio, precisamente, las propuestas en las calles pusieron en evidencia el descontento ciudadano por la denominada ‘repartija’ en la selección de los candidatos para la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Banco Central de Reserva.
La indignación fue tal que al Congreso no le quedó otra que anular todo el proceso en sesión de emergencia y empezar de nuevo. A partir de entonces, todo fue hacia abajo.
“Lo de la repartija fue un hito, algo muy fuerte. Dejó la sensación de que todo el mundo en el Congreso está en el plan de querer ganar algo para sí mismo, por encima del bien común”, declara Hernán Chaparro, responsable de GFK.
Los recurrentes escándalos protagonizados por congresistas también ayudaron a perjudicar la imagen del Parlamento. “Tenemos denuncias de malos legisladores a cada rato, de malas prácticas. Y todo eso jala hacia abajo”, explica Chaparro.
Los casos
Varios congresistas estuvieron en la mira en el 2012. Quien inauguró el año fue el fujimorista Víctor Grandez Saldaña, relacionado con el hostal Toro Bravo, en donde se han perpetrado una serie de delitos sexuales contra menores de edad en Iquitos. Se han acreditado al menos dos casos de violación y uno de explotación.
Grandez negó cualquier relación con dicho hostal aunque, tal como se consigna en el artículo publicado en La República, Toro Bravo se encuentra registrado a nombre de su madre, Rosa Estefita Saldaña.
Además, debe mencionarse al nacionalista Walter Acha Romaní. Un programa televisivo emitió un reportaje en el cual su ex conviviente, Alicia Talavera Rojas, lo denunciaba por incumplir con la manutención de sus tres hijos.
Ambos casos, el de Grandez y Acha, fueron investigados de oficio en la Comisión de Ética. Sin embargo, en los informes finales no se hallaron responsabilidades.
Distinta suerte corrió el legislador de Perú Posible, Modesto Julca, quien sí fue suspendido 120 días por haber promovido la contratación en la Comisión de Fiscalización de Elizabeth Angélica Aliaga Alva, hija de su esposa. Julca era vicepresidente de ese grupo de trabajo y se comprobó que le sugirió al entonces presidente, Martín Belaunde Moreyra, hacerse con los servicios de Aliaga. La suspensión se mantiene vigente al día de hoy.
Sin duda, el que se convirtió en el caso emblemático de la mala praxis parlamentaria fue el de Michael Urtecho.
Una investigación periodística demostró que recortaba los sueldos de los empleados asignados a su despacho.
Urtecho (o alguien cercano) se encargaba de cobrar los depósitos que realizaba el Congreso en las cuentas bancarias de los trabajadores. Posteriormente, él mismo se encargaba de pagar, en efectivo, los sueldos recortados. Incluso varias trabajadoras dijeron en el Congreso que nunca recibieron su asignación mensual por alimentos.
Urtecho ya fue destituido por el Pleno del Parlamento. Quedó inhabilitado diez años para ejercer cargos públicos.
Un caso similar al de Urtecho, aunque todavía en investigación, es el de Alejandro Yovera, acusado de exigir préstamos a sus trabajadores y no devolverles el dinero bajo la amenaza de dejarlos sin trabajo. En el 2012 había sido suspendido 120 días porque mintió en su hoja de vida.
Por todo esto, el 2014 el Congreso lo empezará casi desde el suelo. “Sí creo que es posible cambiar la tendencia. Lo que la gente quiere son congresistas que evidencien preocupación por los grandes temas nacionales, no por los propios”, señala Chaparro.
Una receta que, habrá que ver, si los congresistas estarán en condiciones de aplicar.
El Congreso de los noventa vivía sometido
Si usted cree que el actual Congreso es muy malo, lo cierto es que en los noventa la cosa iba peor. Un reciente libro del académico Barry S. Levitt, titulado Power in the balance: Presidents, parties and legislatures in Peru and beyond recuerda cómo el Parlamento, en la práctica, claudicó en sus funciones durante el fujimorismo al pasar de ser un foco de debate y centro de decisión política a convertirse en una mera "caja de resonancia" del gobierno, con sus mecanismos de vigilancia muy debilitados.
Levitt establece que de las 263 solicitudes presentadas entre 1995 y 2000 para la formación de comisiones investigadoras, apenas prosperaron el 2,3%. No es que lo de ahora funcione especialmente bien, aunque no deja de ser verdad, como señala Levitt, que el Parlamento peruano, al menos, ha recuperado autonomía institucional. Algo es algo.
La república