Por: Dionicio Mantilla León
Hace algunos años cuando quien les habla integraba el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Huamachuco que presidía el Obispo Sebastián Ramis, tuve una curiosa experiencia. Al apersonarme, junto a otros dos integrantes del mismo, la Prof. Naya Prado y el Dr. Quique Rodríguez, al local de la PNP ubicado en el jirón Sánchez Carrión muy cerca al hospital Leoncio Prado encontramos a 24 reos acusados de diversos delitos. Estaban en proceso de investigación para luego ser conducidos a la cárcel de Cajabamba. El motivo de nuestra visita era conocer el estado legal y de salud de los reos; asimismo, para verificar el tema del hacinamiento a fin de darle una rápida solución.
Al preguntarles el porqué de su detención cada uno nos iba explicando sus razones las cuales eran diversas, pero todos coincidían en afirmar con énfasis, como para que no quede duda, una sola frase: ¡SOY INOCENTE! Conclusión que por supuesto no creíamos por los numerosos indicios que obraban en nuestro poder proporcionados por la policía, más aún por las miradas burlonas, risueñas y cómplices que, a escondidas, se lanzaban dichos reos.
Esta anécdota la traemos a colación en la actual coyuntura política que vive nuestro país en ocasión en que el ex representante de la empresa brasileña ODEBRECHT Jorge Barata ha lanzado una verdadera bomba que ha provocado mil destrozos en las tiendas de la mayoría de los partidos políticos nacionales. Una bomba que ha desenmascarado en detalle la forma como dicha súper empresa ha corrompido la endeble estructura moral de los mismos comenzando por sus máximos líderes pasando por sus lugartenientes. Seis partidos fueron coimeados con más de 8 millones de dólares valiéndose de la estrategia de “apoyo a la campaña electoral”. Supuestamente entregando el dinero no al líder sino a sus hombres de confianza, dinero que luego recuperaría con las obras que les harían ganar si ellos ganaban las elecciones.
Estallada la bomba mediática todos los líderes han salido a decir por todos los medios “¡SOY INOCENTE! Yo no he pedido algo a Barata”. Todos los líderes: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuzchinski y Susana Villarán. Aunque, al interno de sus tiendas políticas mirándose entre temerosos y burlones, presuntamente no se cansarán en intentar convencer a sus militantes diciéndoles: “Tranquilos. Esa denuncia no va a prosperar. Barata no tiene pruebas.”, pero no toman en cuenta que dichas pruebas obran registradas en las oficinas de ODEBRECHT en Suiza y en el mismo Brasil, en las Oficinas del Departamento de Operaciones Estructuradas.
De esta manera, la bomba que ha hecho estallar el ex funcionario Jorge Barata, ha provocado gigantescos daños a la clase política del país que va a hacer muy difícil que vuelva a renacer como el ave Fénix. Todos enlodados con el mismo manto de la corrupción: algunos con pequeños y otros, con grandes montos. Un panorama negativo que perjudica la gobernabilidad y produce graves daños a nuestra endeble economía que no sale del 2.5 % de crecimiento, porcentaje que ha disminuido considerando el 4% en que lo dejara el gobierno de Ollanta Humala.
Un triste panorama que motiva nuestra vergüenza por la penosa imagen que exhibe nuestro país a nivel mundial. Otrora un país con una cultura ancestral admirable hoy vitrina de corrupción a todo nivel. ¿Dónde queda hoy aquello de: “Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella” , preciado legado que nos dejaron los incas? No le faltaba razón a nuestro ilustre pensador Manuel González Prada al decir “¡En el Perú donde ponemos el dedo salta la pus!”.
Cuando cayeron Ollanta y Nadine todos los políticos hicieron leña de ellos y se alegraron por la pena privativa de 18 meses que les impuso el Juez Concepción Carhuancho (Y eso que ellos no recibieron directamente de ODEBRECHT sino del Partido de Los Trabajadores, y gestionado por el ex Presidente del Brasil, Lula Da Silva.) ¿Si, hoy, 6 partidos políticos son denunciados de haber recibido directamente una coima de ODEBRECHT y nuestra Carta Magna dice que todos somos iguales ante la ley no es posible la misma penalidad?
En conclusión, sólo queda esperar que el Ministerio Público y el Poder Judicial, previa una prolija investigación, cumplan su papel de administrar una correcta justicia.