La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó este lunes por mayoría iniciar las acciones para solicitar el levantamiento bancario y tributario de la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia Alarcón.
Dicha medida fue adoptada en la sesión reservada que este grupo de trabajo realizó en la sede del Parlamento, en el marco de la investigación iniciada a Heredia por las agendas de su propiedad.
La decisión también alcanza a un grupo de ciudadanos incluidos en la investigación sobre este tema, como Rocío Calderón, Ilán Heredia, entre otros.
Según el parlamentario fujimorista Héctor Becerril, la medida busca determinar el origen y el destino del dinero cuyo manejo supuestamente está registrado en las agendas de Heredia.
“Mediante este levantamiento vamos a poder ver de dónde vino y a dónde fue a parar el dinero”, comentó en declaraciones a la prensa.
Ana Jara: "Es un trámite innecesario"
Al respecto, la congresista nacionalista, Ana Jara, consideró como un trámite innecesario que se solicite el levantamiento del secreto bancario de Heredia a pocos días del término de la presente legislatura.
"...el plazo que tenemos para hacer este trabajo (...) es insuficiente, porque de aquí a unos 15 días acaba la legislatura y se reiniciaría en marzo de 2016, a puertas de elecciones generales. El tiempo no va alcanzar", dijo a RPP Noticias.
Además, sostuvo, que dicha información se solicita a partir de supuestos ilícitos, y que en el caso de la primera dama no se ha precisado nada al respecto en Fiscalización.
"Me parece que no era lo que correspondía, uno debe partir de supuestos ilícitos y en mérito a eso solicitar a las entidades constitucionales, autónomas que te den esa información", explicó.
"Acá lo que se nos ha señalado es que es necesaria esa información para ver si es que existe un desbalance patrimonial, para ver si acá no hubiera un delito de activos. Pero no precisan ni los montos, ni los escenarios, ni las personas involucradas", agregó
Según la legislación vigente, el levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones de un ciudadano puede tramitarse por orden judicial, del Ministerio Público o una comisión investigadora del Congreso ante la Superintendencia de Banca y Seguros.(RPP)