Acusaciones contra ex fiscales de la Nación serán derivadas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso
El pleno del Congreso aprobó anoche el informe final de la Comisión Áncash, el cual pide denunciar penalmente a los ex fiscales de la Nación José Peláez Bardales y Carlos Ramos Heredia, entre otros, por los presunto delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
El pleno, alrededor de las 12:08 a.m. y luego de un intenso debate de más de tres horas, decidió respaldar con 61 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención el informe en mayoría presentado por el titular de la Comisión Áncash, Mesías Guevara.
Asimismo, se menciona que la red del ex presidente regional de Áncash, César Álvarez, amasó un aproximado de S/.1,414 millones y cobró sobornos por S/.748 millones.
Dicho documento señala que los ex titulares del Ministerio Público habrían conformado la "red de impunidad" que permitió que la organización criminal de César Álvarez, ex gobernador regional de Áncash, pueda operar y permanecer en el tiempo.
Sobre José Peláez Bardales, la Comisión Áncash concluyó, por ejemplo, que destituyó arbitrariamente a los cuatro fiscales que allanaron ‘La Centralita’ en el 2011.
En el caso de Carlos Ramos Heredia, en tanto, que arbitrariamente recomendó, cuando era fiscal supremo de Control Interno, la destitución y sanciones a fiscales que investigaban la gestión de Álvarez.
Las denuncias contra Peláez y Ramos serán derivadas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su evaluación y eventual aprobación.
AL DETALLE
El informe final de la Comisión Áncash indica que entre el período 2007-2014 hubo 3.004 empresas que ganaron procesos de selección. Sin embargo, el 50% de la cuantía de las adquisiciones estuvieron concentradas en el 1,4% de las empresas; además, el 68,3% de las empresas se constituyeron durante las dos últimas gestiones de gobierno.
Asimismo, se destaca la sobrevaluación del Proyecto Chinecas y la contratación direccionada a favor de la notaría de Vilma Salvador, cuñada del congresista nacionalista Fredy Otárola, que obtuvo contratos de servicios por S/.805.648 durante la gestión de César Álvarez en el gobierno regional.
Por otro lado, se garantizaron obras mediante cartas-fianza ilegales por un monto aproximado de S/.116’092.201. Según el grupo liderado por Mesías Guevara, las cooperativas cobraban entre el 8% y 9% por el monto garantizado y “habrían obtenido un ingreso ilícito de S/.10 millones”. Coopex, la cooperativa de Orellana, emitió la mayor cantidad de cartas-fianza ilegales.
En otro momento, el informe elaborado por la Comisión Áncash apunta que ‘La Centralita’ habría sido usada por una organización criminal con el fin de planificar las estrategias de desprestigio a los opositores de César Álvarez "y, para evadir cualquier sospecha de estas actividades ilícitas, tenían como fachada a la empresa Ilios Producciones S.A.C., de propiedad de Martín Belaunde Lossio".
Del mismo modo, refiere que en la mencionada región existió una red de medios de comunicación y de periodistas que "tenían como función generar una falsa imagen del Gobierno Regional de Áncash con el fin de mantener en el poder a César Álvarez".
Ante ello, el documento concluye que, en la forma ilícita de utilizar a los medios y periodistas, habrían participado Rodolfo Orellana, Benedicto Jiménez, Martín Belaunde Lossio y el actual congresista Heriberto Benítez, entre otros.
Por último, el informe comenta que se investigó la suscripción de convenios interinstitucionales entre el Poder Judicial y el Gobierno Regional de Áncash cuando César Álvarez ya era procesado.
Se señala que existiría infracción constitucional de parte de los ex titulares del Poder Judicial Javier Villa Stein y Enrique Mendoza. “El segmento justicia, formado por el Poder Judicial, Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura, fue la columna vertebral de esta organización”, concluye.(el comercio)