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domingo, 26 de octubre de 2014

La no reelección de gobernantes

ANÁLISIS DE ACTUALIDAD:


Por: Dionicio Mantilla León

El 23 de este mes un acontecimiento histórico se produjo en el seno del Congreso de la República con gran repercusión en el devenir político y la gobernabilidad de la nación peruana. Se trata de la aprobación, en primera legislatura, del proyecto de ley de la no reelección inmediata de las autoridades municipales y regionales. Un hecho que venía siendo materia de controversia y debate en los partidos políticos y movimientos políticos locales y regionales y que tiene mucho que ver con el espíritu de la democracia peruana.

Sin embargo, si bien este importante proyecto de ley aún no ha sido refrendado plenamente debido que aún falta que ser ratificada en una segunda legislatura en el mismo Congreso de la República la misma que se habrá de producir en marzo del próximo año no deja de provocar la expectativa y el análisis de la colectividad nacional.

¿Es o no importante la no reelección inmediata de nuestros gobernantes locales y regionales?¿Tendrá alguna repercusión en la conducción gubernativa?¿Son estos los únicos entes gubernativos que no deben ser reelectos de manera inmediata?

A todas luces y fuera de discusión está que la no reelección inmediata es beneficiosa por ser un elemento enriquecedor de la vida democrática basada en la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos; así mismo, en la eliminación de argollas y corruptelas al interno tanto del Gobierno Regional como de los gobiernos locales en los cuales florecen a medida que aumentan los años de permanencia de una misma agrupación política en el poder. Esto no significa negar que existan casos excepcionales de gobernantes eficientes y honestos que se dedican íntegramente a trabajar por el desarrollo y bienestar de su comunidad. Casos que se van a ver perjudicados de aprobarse esta ley, pero que, en realidad, son muy escasos.

Muchas veces en el devenir de la gestión gubernativa la ciudadanía preocupada por la inoperancia de sus autoridades les urgen atender los problemas comunales o regionales recibiendo como respuesta que “en el primer año están aprendiendo el tema administrativo y el manejo gerencial y que el trabajo efectivo será a partir del segundo año de gestión” lo que en buena cuenta su mandato es sólo de 3 años. Esta torpe justificación resulta censurable toda vez que se supone que quien postula es porque está preparado, algo que en el 99 % de casos no es así. Otro argumento en contra de esta futura Ley esgrimido por nuestros gobernantes es que el tiempo resulta corto para hacer realidad los proyectos comunales el cual en muchos casos es verdad dada la engorrosa tramitación administrativa estatal un tema que debe ser superado encontrando mecanismos ágiles, pero que se topa con la incapacidad en la elaboración de proyectos y, al ser aprobados y presupuestados, en la incapacidad del gasto público.

Pero el tema en debate quedaría corto si no se toma en cuenta,junto a los gobernantes regionales y locales, a los otros mandos gubernativos vale decir Consejeros Regionales y Congresistas de la República, pues todos deben estar involucrados en esta ley. Más aún, todos deben tener un período de gobierno de 5 años tan igual como el Presidente de la República. De esta manera se estaría actuando de manera realmente democrática y se permitiría una gestión más holgada y fructífera en favor de la comunidad de parte de alcaldes y presidentes regionales.

Con el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Dr. Francisco Távara, coincidimos en que cualquier postulante a gobernante debe proveerse de un currículum vitae excepcional en donde la preparación profesional, capacidad, honestidad y la trayectoria de servicio en favor de la comunidad sean los méritos a exhibir de manera obligatoria requisitos que lamentablemente no están estipulados en nuestra Carta Magna lo cual da pie a todo el descalabro moral e ineficiencia que año a año va en crecimiento en nuestro país. Un tema que siempre hemos planteado a través de diferentes medios y que urge ser tomado en cuenta por el Congreso de la República si es que realmente deseamos un país desarrollado y libre de las lacras de la ineficiencia y la corrupción.