Plaza de Armas de Huamachuco. Foto: Beto Mendoza.
Por: Dionicio Mantilla León
Nunca como hoy el viejo dicho popular: “Agua que no haz de beber, déjalo correr” que sirve como título a nuestro comentario del día de hoy es más oportuno. En efecto, el antiguo tema del agua potable para Huamachuco, con ser indispensable para una vida normal y el bienestar de nuestra población, se ha convertido en peor que una pesadilla por la negativa de los dirigentes de la comunidad campesina “Juan Velazco Alvarado”, establecida en los caseríos de La Florida y Yamobamba, a otorgar la denominada “licencia social” para dar curso al proceso destinado a hacer realidad el proyecto integral del servicio del agua potable y alcantarillado para Huamachuco.
Y este dicho popular se hace muy evidente por cuanto el agua que se desea captar no es del mismo caudal en sí de la laguna Guangagocha sino del rebose o sobrante, es decir no afectaría a la laguna, convirtiendo así la negativa de los directivos antes referidos en una actitud egoísta. Peor aún, si nos ubicamos en el plano de la ley, el agua que fluye de las tierras de La Florida y Yamobamba y de cualquier otro pueblo de nuestro país, pues sencillamente no es propiedad de los moradores de estos caseríos, es propiedad de todos los peruanos representados por el Estado. Un tema conocido por los comuneros lo que pasa es que existiría el interés de algunos de aprovechar de la necesidad de la población huamachuquina. Posiblemente no se quiere entender que quien se atreva a impedir el uso del gua indispensable para la vida de miles de Huamachuquinos, simplemente estaría cometiendo un gravísimo delito penado por la Ley por estar atentando contra la vida, es decir, estaría cometiendo un homicidio en masa.
A lo largo de estos años quien les habla ha venido abogando porque prime por un lado la responsabilidad y el dinamismo de nuestras autoridades municipales para concretar a la brevedad posible el anhelo de los huamachuquinos de contar con el servicio de agua potable, pero, también, invocando a la cordura y sensatez de los dirigentes de la comunidad “Juan Velazco Alvarado” para otorgar la licencia social a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión que junto con el Fondo Social vienen impulsando este sensible proyecto. Un tema que pasa, como es justo y es un derecho de todos los caseríos, por la ejecución por parte de la comuna huamachuquina de las respectivas obras de desarrollo en favor de esta comunidad tema que ya se ha iniciado. Junto a esto las autoridades huamachquinas tendrían que abocarse a tener listo el expediente técnico, el Estudio de Impacto Ambiental y el financiamiento respectivo. Lamentablemente, por ambos lados, ha habido falta de dinamismo y voluntad para concretarlo dejando transcurrir el tiempo y con ello el agravamiento del problema.
Durante el reciente cabildo abierto convocado por la comuna huamachuquina se informó de la pretensión de los directivos de la comunidad de cobrar regalías por el consumo del agua de la laguna y según información, alcanzada años atrás, por el presidente del FEDIP, Víctor Espinoza, algunos dirigentes de la comunidad Juan Velazco pretenderían cobrar el 50% de lo recaudado por consumo de agua a sabiendas que el cobro a realizar no es por el consumo en si del agua pues este por ser propiedad del Estado es totalmente gratuito, sino que lo recaudado se emplea para cubrir los gastos de arreglo y mantenimiento del servicio. Una recaudación que de quitársele el 50% no alcanzaría para dicho menester lo que traería consigo elevar las tarifas perjudicando así económicamente al consumidor.
Ante la magnitud del problema surge la necesidad de plantear alternativas de solución. Para ello proponemos la convocatoria a una mesa de diálogo a establecerse con todos los involucrados en el tema: Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, Fondo Social Alto Chicama, comunidad campesina Juan Velazco Alvarado, organizaciones sociales de base, representantes del Poder Judicial, del ANA, el ARA, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y Defensoría del Pueblo.
Posiblemente algunos manifiesten su desacuerdo a esta propuesta por los resultados poco halagüeños de anteriores mesas de diálogo desarrolladas en nuestra provincia, pero en esta oportunidad esta se convocaría con un solo tema: EL AGUA POTABLE DE HUAMACHUCO, sus acuerdos tendrían carácter vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio de las partes y el arbitraje estaría a cargo de un representante de la Presidencia del Concejo de Ministros a través del Alto Comisionado de “LAS MESAS DE DIÁLOGO PARA EL DESARROLLO Y LA SOSTENIBILIDAD. De no tener éxito esto lo que quedaría, lamentablemente, es que el Concejo Provincial de Sánchez Carrión, a nombre del pueblo de Huamachuco, plantee la respectiva denuncia ante el Poder Judicial en contra de quienes se opongan a que el pueblo de Huamachuco consuma algo que es de propiedad de todos los peruanos como es el agua potable con los resultados penales ya señalados anteriormente.
DATOS LEGALES PARA TOMAR EN CUENTA.
ARTÍCULO 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE 1993:
“Los recursos naturales, renovables y no renovales, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento”.
LEY GENERAL DE AGUAS DE 1969:
“Las aguas sin excepción alguna son de propiedad del Estado. No hay propiedad privada del agua”
DÉCIMO QUINTA POLÍTICA DE ESTADO PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA OLLANTA HUMALA Y APROBADO EN LA SESIÓN DEL ACUERDO NACIONAL DEL 14 DE AGOSTO DEL 2012:
“Ninguna persona o entidad pública ni privada puede atribuirse la propiedad del agua. El Estado establece los derechos y condiciones de su uso”. (14 DE AGOSTO DEL 2012)