"En cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía, la Policía por supuesto que puede y debe usar sus armas", declaró el ministro del Interior.
El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, afirmó que los agentes de la Policía Nacional están autorizados a usar armas de fuego "de manera racional" si son atacados durante manifestaciones violentas.
"En cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía, la Policía por supuesto que puede y debe usar sus armas", declaró el ministro a los periodistas al comentar la publicación de un vídeo en donde se ve a un agente disparando con una pistola durante las protestas contra el proyecto minero Tía María, en la provincia sureña de Islay.
El general Jorge Flores, director general de la Policía Nacional, añadió que se ha identificado al agente que realizó estos disparos y dijo que este dirigió su arma hacia una zona baldía colindante, con la intención de rescatar a un suboficial que era golpeado por los manifestantes.
"Gracias a esa acción liberan a ese policía, que ha quedado con fractura de codo y desviación de faringe. Por lo tanto estaba justificado el uso del arma", remarcó.
Enfatizó que la actuación de las fuerzas del orden está regulada por el manual de derechos humanos aplicados a la función policial que, según dijo, tiene niveles disuasivo, reactivo y de uso de armas letales.
Las protestas en la provincia de Islay frenaron temporalmente el proyecto minero Tía María, del Grupo México, cuestionado por los defensores de la agricultura en Perú.
Southern contempla la inversión de unos 1.400 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.
El viernes, el presidente de la empresa, Óscar González Rocha, anunció una "pausa" en el proyecto con el objetivo, según dijo, de permitir que todos implicados presenten "sus inquietudes y temores, identificar las soluciones, convenir el camino y definir las responsabilidades que cada uno debe asumir en un plazo razonable".
A pesar de ello, organizaciones sociales y civiles de siete regiones del sur de Perú han convocado a un paro de 48 horas para el 27 y 28 de mayo próximo para exigir la anulación total del proyecto minero.
Hasta la semana pasada y durante los más de 50 días de protestas en Islay, murieron tres personas, entre ellas un policía, y más de 200 resultaron heridas.
EFE(RPP)