El magistrado no apela decisión de jueza que rechaza pedido de prisión preventiva para los imputados.
La Libertad.- En un hecho insólito, un fiscal antidrogas desistió de apelar la decisión de una jueza que rechazó su pedido de prisión preventiva contra unos trujillanos acusados de lavado de activos producto del tráfico ilítico de drogas.
Se trata de un caso que involucra a seis personas procesadas por, supuestamente, ser parte de una banda dedicada al lavado de activos.
Los imputados son Marco Benavides Bargallo y su madre Matilde Emilia Bargallo viuda de Benavides, además de Bruno Bracamonte Moreno y su progenitoria Victoria Elena Moreno Godoy, así como Nancy Margarita Vidal Villarroel y Nancy Céspedes Obando.
Para estas personas el Ministerio Público está pidiendo 25 años de cárcel.
Sin embargo, lo que ocurrió el último jueves en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a cargo de Irma Rivertte Chico, llamó la atención de la Procuraduría Antidrogas de La Libertad.
La reunión con la jueza, el fiscal y los abogados de la defensa, entre ellos César Nakasaki, tenía el propósito de ver el control de la acusación fiscal y la presentación de los medios de pruebas contra los enjuiciados por lavado de activos.
De esta manera, el fiscal Jesús Ramírez Llanos argumentó el pedido de prisión preventiva para los acusados, presentando tres documentos claves: el pedido de prisión superior a los cuatro años de cárcel, pruebas para una posible condena y el peligro de fuga.
Sin estas tres consideraciones, según la ley, la prisión preventiva se declara improcedente.
A continuación, Rivertte Chico consideró firmes las dos primeras pruebas del fiscal, mas no la última, donde se especificaba que por el poder adquisitivo de los procesados su huida era una posibilidad.
En ese momento, la jueza declaró improcedente el pedido de prisión preventiva, otorgándole la palabra a Ramírez Llanos.
Lo lógico era que el fiscal apele al fallo de la titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, como como corresponde a la defensa del Estado y por tratarse de una primera instancia. Esto no fue así.
El representante del Ministerio Público quedó conforme con el criterio de Irma Rivertte. Entonces, salta la pregunta, ¿para qué pidió prisión preventiva contra los acusados?
INCREÍBLE. Los abogados consultados por este Diario cuestionaron la decisión del fiscal antidrogas, sobre todo porque si estaba convencido de pedir la prisión preventiva, entonces debió apelar.
Uno de los más indignados con la posición de Ramírez Llanos es el procurador antidrogas en la región Miguel Fernández, representante de la entidad que también lleva el proceso en defensa de los intereses del Estado.
“Es una decisión totalmente absurda en cuanto a su actitud de no apelar. Es una mala sorpresa. Entiendo que ellos tienen que defender su posición como institución hasta el final. No creyó el fiscal lo que estaba sustentando ante la juez. Dicho en otra forma, la juez la convenció”, comentó.
Asimismo, sostuvo que la posición de la magistrada es refutable, más aún cuando se trata de una primera instancia.
“Por qué no ha sido tan perseverante como sí lo ha sido en otros procesos”, cuestionó Miguel Fernández a Ramírez Llanos.
LA JUEZA. El procurador consideró que la actitud de Irma Rivertte es criticable, considerando que en otros casos contra microcomercializadores de droga ha sido implacable.
“La jueza no ha sido tan pegada a la ley. Antes ha enjuiciado a personas que han caído con menos de 200 gramos de droga y los ha mandado a prisión preventiva”, sostuvo.
Como se puede corroborar en los procesos de la Corte de Justicia de La Libertad, en cinco procesos ajenos al mencionado en estas líneas, dicha jueza pidió privisión preventiva para Osain Salazar Zegarra, Máximo López Chong, Abel Vega Mori, Wilmer Edwin Ríos Alayo y Manuel Jesús Ríos Ríos.
Estas personas cayeron con menos de 200 gramos de estupefacientes, pero fueron enviados al penal por orden de Rivertte Chico, quien dictó prisión preventiva.
HISTORIA. La investigación antidrogas comenzó el 5 de agosto de 2002, cuando en un taller de mecánica encontraron 4 kilos de cocaína camuflados en un pistón.
Por este caso se le abrió un proceso a Marco Benavides, quien fue absuelto en primera y segunda instancia, encontrándose en la Sala Suprema, que preside César San Martín, el pedido de anulación que ha hecho la Fiscalía Suprema.
Antes de que llegue a esta instancia, extrañamente, todo el expediente se perdió en la Corte liberteña.
Este proceso por tráfico de drogas es paralelo al que se lleva por lavado de activos.(correo)