El procurador anticorrupción dijo que las indagaciones buscan asegurar el pago de la reparación civil que el exmandatario le adeuda al Estado peruano.
El procurador anticorrupción, Julio Arbizu, aseguró que este organismo viene efectuando indagaciones para ubicar el dinero que tendría el expresidente Alberto Fujimori y asegurar el pago de la reparación civil que el exmandatario le adeuda al Estado peruano.
Afirmó que a casi mil millones de soles asciende la deuda de aquellos exfuncionarios que incurrieron en actos de corrupción durante el régimen fujimorista y dijo que la procuraduría a su cargo hará todos los esfuerzos para que estas personas puedan cumplir con el pago.
“Es una preocupación constante porque (Alberto Fujimori) tiene una deuda de 27 millones de soles y no ha pagado un solo sol. Estamos haciendo indagaciones para saber dónde está el dinero que este señor tiene y con el que debería responder a esta reparación”, afirmó.
Arbizu informó, en ese sentido, que se enviaron diversas comunicaciones al Congreso de la República y la Universidad Nacional Agraria La Molina (donde Fujimori laboró antes de ser presidente) para saber si el exmandatario recibe de ellos algún tipo de pensión.
“Los bienes que pudo amasar un delincuente son susceptibles de ser incautados. Si hay descubrimiento, esas cuentas son incautadas y si este señor (Fujimori) tiene una pensión, nosotros tenemos derecho de embargar el 30 por ciento de esta”, explicó.
En otro momento, el abogado del Estado refirió que la Procuraduría Anticorrupción firmó un convenio con el Instituto Basilea (Suiza), para que pueda apoyar al Perú en lo que se refiere a la recuperación de activos, producto de hechos delictivos, como la corrupción.
“Si algún país tiene halladas cuentas producto de delitos de corrupción, este instituto ayuda en el litigio a los Estados. Servirá, además, para promover el regreso de los 35 millones de dólares que tenemos congelados muchos años en Suiza y que en años previos nadie hizo nada”, dijo.
Recordó que dicho dinero es de propiedad de Alberto Venero y de traficantes de armas rusos, producto de la compra de los aviones MIG 29, por parte el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
Andina