Contra la impunidad. Han pasado 24 años desde que se cometió delito contra Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer y la justicia aún no sanciona a los autores materiales de hechos por los que ya fue condenado Alberto Fujimori.
En vísperas de cumplirse un año más del autogolpe del 5 de abril, la justicia peruana volverá a poner sobre el banquillo al asesor principal del gobierno fujimorista, Vladimiro Montesinos, y a una cúpula de las fuerzas del orden, esta vez por el secuestro cometido en contra del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
Y es que para hoy a las 10:30 am. fue programado el inicio del juicio oral en la Sala Penal Nacional contra Montesinos y más de diez ex altos oficiales de las Fuerzas Armadas y policiales que participaron en los actos de secuestro.
El plan “orden”
Tras concretarse el autogolpe, a las tres de la madrugada del 6 de abril de 1992, Gustavo Gorriti, quien para entonces había realizado trabajos de investigación sobre el prontuario del asesor presidencial Vladimiro Montesinos, fue víctima de secuestro y posterior reclusión en los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), conocido como el “Pentagonito”.
Para tal fin, desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), controlado por el hoy preso Montesinos, se había diseñado un plan bajo el nombre de “Orden”. Este documento fue firmado por el general EP Nicolás Hermoza Ríos.
La justicia peruana determinó luego que la orden de detención de Gorriti provino del responsable del autogolpe, Alberto Fujimori, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
El secuestro del periodista fue ejecutado por tres grupos militares. El primero estuvo conformado por efectivos vestidos de civiles que ingresaron a su domicilio con armamentos AK 47 y AKM, y solo se identificaron como agentes de seguridad del Estado.
Un segundo grupo estuvo conformado por presuntos agentes de inteligencia que, portando armamentos HK, se llevaron por la fuerza la computadora y documentos del periodista.
El tercer contingente estaba integrado por personal militar uniformado que rodeó la vivienda del periodista en camiones portatropas.
Gorriti fue trasladado por la fuerza a los sótanos del SIE y, ante la presión de organizaciones de defensa de los derechos humanos, además de los gobiernos de España y Estados Unidos, fue liberado al mediodía del 7 de abril.
El periodista recordó que por esa época Fujimori vivía en el SIE y fue él quien dispuso que personal militar y de inteligencia proceda a privarlo de su libertad.
Caso sótanos del SIE
El 27 de julio de 1992, tres tres meses después del autogolpe fujimorista, también fue secuestrado el empresario Samuel Dyer Ampudia, en circunstancias en que se aprestaba a abordar un avión rumbo a Estados Unidos, sin que exista ningún mandato judicial de detención.
Dyer fue encerrado en una habitación del SIE y estuvo detenido hasta el 5 de agosto, fecha en la que logró fugar, con la supuesta ayuda de personal militar que no ha sido identificado.
Tarda pero llega
Precisamente por estos hechos ya fue condenado a 25 años de cárcel el ex presidente Alberto Fujimori, en el expediente que fue agrupado con el caso de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos.
En tal sentido, Alberto Fujimori, además de haber sido sentenciado como autor mediato del delito de homicidio calificado, fue condenado por secuestro agravado, “bajo la circunstancia agravante de trato cruel”.
A pesar de que la sentencia contra Fujimori fue dictada el 7 de abril del 2009, han pasado siete años y hasta la fecha la justicia no ha sancionado a quienes ejecutaron los actos de secuestro, según explicó Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Fiscalía pide 25 años de cárcel para ex asesor presidencial
Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), precisó que son entre 10 y 12 los militares y policías que rendirán cuentas ante la justicia, junto con el ex asesor Montesinos, para quien el Ministerio Público pidió 25 años de cárcel.
También será procesado el general en retiro Nicolás Hermoza Ríos, quien firmó el documento bautizado como “Orden” para la ejecución de los secuestros.
Otros procesados son Carlos Elesván Bello, Alberto Pinto Cárdenas y Carlos Domínguez Solís.
Además de Gorriti y Dyer, se incluyó como víctimas a Jorge del Castillo y a César Barreda Bazán.
Según Rivera Paz, este juicio ayudará a “recordar la forma delictiva de cómo se manejaban las cosas desde el año 1990, y más aún desde el golpe de Estado” ocurrido el 5 de abril de 1992.(la república)