Por: Dionicio Mantilla León
Una gran indignación viene produciendo en la población la pretensión de los congresistas de los partidos tradicionales: Fuerza Popular, APRA y Alianza Para el Progreso de plantear trabas electorales con el propósito de evitar la participación de otras fuerzas políticas en la lid electoral que se avecina como son las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre fijando para ello tres años como requisito para la inscripción de un nuevo partido político y, consecuentemente, tener así el derecho de participar en el próximo proceso electoral.
Esto bajo el prurito o pretexto de lograr, de esta manera, el “fortalecimiento” de dichos partidos políticos, y , por lógica, garantizar un gobierno idóneo y honesto, como si el fortalecimiento e idoneidad de los mismos estuviera supeditado a la antigüedad y no a la doctrina, consistencia de programas de gobierno y a la trayectoria, capacidad y honestidad de los candidatos a gobernantes.
Si fuera así, como lo afirman sus mentores, el APRA que tiene 86 años de existencia, sería el paradigma y la lumbrera de los partidos políticos no sólo del Perú sino del mundo lo cual, como todos conocemos, está muy lejos de ser verdad tal como así lo señala la historia política del país. Un partido que nos dejó, con los dos gobiernos de Alan García, una nación en ruinas y que, junto con el fujimorismo, compiten, ayer y hoy, en acciones de mega corrupción.
Las referidas propuestas enarboladas por Mauricio Mulder del Apra y Ríchard Acuña, de Alianza para el Progreso, definitivamente son antidemocráticas y absurdas y esconden la intención de hegemonizar el poder político en el país de tal forma que sea mangoneado sólo por pocas agrupaciones políticas que hoy tienen representación en el Congreso de la República y cuyo actuar incapaz, deshonesto e improductivo ha traído como consecuencia la desaprobación ciudadana llegando a la histórica cifra de sólo el 11% de aprobación.
Este y otros intentos de “reforma electoral” como el gestado por el fujimorismo de permitir la entrega de dádivas durante las campañas electorales (dizque por una sola vez) y de permitir la financiación privada de las campañas electorales así como la vigencia del voto preferencial no hacen más que prostituir el proceso electoral lesionando seriamente el sagrado derecho que tenemos los ciudadanos de elegir libremente a los mejores candidatos que dirigirán los destinos de nuestro país, regiones y localidades.
De otro lado, en el caso particular del proceso electoral del 7 de octubre en donde renovaremos a los gobiernos regionales y locales, resulta ridículo que el fujimorismo elimine el derecho de los pueblos a formar sus movimientos políticos locales los cuales impulsarían la candidatura del mejor vecino para que gobierne su localidad. Ahora, por decisión de Fuerza popular, quien desee candidatear el 7 de octubre obligatoriamente deberá integrarse a un partido político nacional.
Un planteamiento sin sustento habida cuenta del desprestigio en que están inmersos la casi totalidad de dichos partidos con sus líderes presos o con serios procesos de investigación por corrupción; pero, fundamentalmente, porqué el 90 % de ellos no son realmente partidos políticos pues carecen de algo esencial como es doctrina política, estructura orgánica, programa de gobierno y cuadros de gobierno idóneos, amén de que en muchos de ellos no se práctica la democracia interna y el que manda es el caudillo, el que tiene más dinero y la cúpula argollera.
Definitivamente las torpes y mal intencionadas iniciativas legislativas lanzadas por los tres partidos mencionados son inconstitucionales y esconden el claro interés de acaparar el accionar político, atentando contra los derechos ciudadanos que no perdemos la esperanza de hallar ciudadanos honestos y capaces de adecentar la política y la democracia, personajes idóneos de quienes nos sintamos orgullosos y no la clase de políticos que hoy nos avergüenzan: falsificadores de títulos, ladrones, narcotraficantes, mudos, ineptos, etc. Una oportunidad que se nos presenta este 7 de octubre.