Gerente desvirtúa investigación, pero promete solución a problemas. Defensoría advierte que ente educativo no cuenta con ventanillas preferenciales
Las colas son una constante en la Gerencia de Educación | Foto: C. Flores B.
Trujillo. La Defensoría del Pueblo en La Libertad abrió una investigación contra la Gerencia Regional de Educación (Grell) debido a que esta última entidad viene vulnerando las leyes de atención preferencial y procedimientos administrativos, perjudicando así a cientos de personas con discapacidad y fomentando el retraso de los trámites gestionados por los usuarios.
Así lo reveló a La Industria el representante defensorial, William León Huertas, al sostener que en la última visita de inspección realizada al área de Trámite Documentario de la Grell, el 13 de agosto último, se detectó que de tres ventanillas existentes, solo una atendía al público, de 12.30 del día a 2.30 de la tarde, debido a que uno de los empleados se encontraba de refrigerio.
“La tercera ventanilla está inoperativa por falta de personal y presupuesto. Estos problemas dificultan una buena atención, pues a diario se recibe un promedio de 350 a 400 expedientes. Lo peor de todo es que no existe una ventana exclusiva para dar preferencia a ancianos, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Para colmo, no hay personal que apoye a ordenar las coleas y son los mismos vigilantes quienes se encargan de conducir a la gente mayor hacia Mesa de Partes”, indicó.
En la misma línea, León Huertas mostró el oficio Nº 1057-2012-DP/OD-LA LIB, enviado al titular regional de Educación, Willard Loyola Quiroz, el 7 de setiembre último, en donde se puede leer que dicha situación “promueve la aglomeración de personas en una sola fila, quienes tampoco tienen acceso directo al Texto Único de Procedimientos Administrativos (Tupa)”, el cual debe publicarse en un lugar visible y al alcance de todos.
“La Gerencia de Educación está vulnerando la Ley Nº 28683, que establece la atención preferencial a gestantes, niños y adultos mayores en instituciones públicas. Si no cumplen con dicho dispositivo legal, la entidad estatal será sancionada con una multa que no excederá el 30% de la UIT", sentenció.(la industria)