Por: Dionicio Mantilla León
Nuestro país vive en estos días momentos de gran tensión a raíz de los graves problemas que se vienen suscitando en la minera “Las Bambas”. Un conflicto social que lleva ya varios años sin hallar visos de solución y más bien si de recrudecimiento por la detención, por el Ministerio Público, de su dirigente Gregorio Rojas y sus asesores legales.
Un conflicto que de no manejarse con la prudencia y la sensatez pertinente de parte de los involucrados y la comunidad nacional “incendiaría la pradera” con fatídicos saldos de cientos de muertos y heridos siendo esta la razón por la cual todos los peruanos estamos obligados a contribuir en el planteo de salidas razonables; sin embargo, con preocupación observamos las ácidas críticas y peticiones inoportunas de parte de las fuerzas políticas opositoras entre ellas las del Presidente del Congreso, Daniel Salaverry y varios congresistas pidiendo “mano firme”, calificando de “inepto e incapaz” al Presidente de la República, y de “inexpertos” y otras expresiones indicadoras de adopción de medidas represivas arropados en el “principio de autoridad”, sin plantear alternativas que coadyuven a salir del problema.
Presentado así el contexto entonces, ¿Cuál es la raíz del problema del conflicto de Las Bambas y cuáles serían las medidas más aconsejables a implementar?
Las Bambas son yacimientos de cobre ubicados en las provincias de Cotabambas y Grau en la región Apurímac que contienen un millón ochenta mil toneladas de concentrado de cobre y, según el Banco Central de Reserva, la exportación del mineral aporta anualmente con el 1% del PBI. Su primera concesionaria fue la empresa suiza Xstrata la cual al instalar el “minero ducto” por donde debía transportar el mineral a Tintaya (Región Cusco) y ser rechazado se producen actos represivos que provocan la muerte de 7 comuneros motivo por lo cual Xstrata vende la mina al consorcio chino M.M.G.; sin embargo, este no contrata a los comuneros del lugar como trabajadores, tampoco construye obras de infraestructura e instala una planta de tratamiento químico que produce contaminación ambiental por lo que los comuneros de Challhuahuacho realizan dos paros declarándose y el gobierno declara estado de emergencia lo que dio como saldo 4 muertos y decenas de heridos.
Pese a todo, en enero del 2016, la empresa minera MMG inicia formalmente sus operaciones de extracción, pero surge otro problema: el transporte de minerales. Al comienzo Xtrata proyectó hacerlo por minero ducto desde Las Bambas (Apurímac) a Tintaya (Cusco) en donde serían procesados, pero luego se cambió por carretera y vía férrea, procediendo a construirlas sin autorización de las comunidades por donde pasaban. El cambio de modalidad de vía de minero ducto a carretera descubrió fallas en los Estudios de Impacto Ambiental cambiados adrede por la empresa china.
Para paliar las protestas comunales Martín Vizcarra, como Ministro de Transportes, entregó como compensación por el pase no autorizado de la vía varios millones de soles a las comunidades ofertando entregar más posteriormente. Lo peor fue que el 23 de mayo del 2018, ya como Presidente de la República, “reclasifica” o cambia el corredor minero de “ruta regional” a “ruta nacional” comprometiendo así al gobierno nacional a asfaltar la vía, por supuesto que con el beneplácito de la empresa minera quien era la obligada a hacerlo. Un compromiso de asfaltado que no se ha cumplido. Lo que es necesario destacar es la contaminación ambiental que produce el paso diario de cientos de camiones transportadores del mineral continúan los que levantan polvo que destruye los sembríos y afecta la salud de los comuneros.
LAS CAUSAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
El incumplimiento de la responsabilidad social por parte de la empresa china MMG y el incumplimiento del pago de la compensación económica y el asfaltado de la vía por donde pasa el mineral por parte del gobierno son las causas principales del conflicto de Las bambas. Este es el panorama real del problema razón por la cual quienes piden alegremente imponer el “principio de autoridad” con medidas represivas sin importarles que haya víctimas de por medio es condenable y lo rechazamos enérgicamente. ¡De lo que nos hemos librado si estos políticos represivos hubieran ganado las elecciones, el Perú sería un cementerio!
Las comunidades indígenas de cuyo sub suelo se extrae el mineral y por cuyas tierras pasan sin su permiso y, para colmo, deterioran su medio ambiente merecen ser atendidas en sus justos reclamos. Y en lugar de pedir “mano firme” (lease represión) contra nuestros hermanos concordamos con quienes plantean establecer “Una mesa de diálogo tripartita” con participación de representantes de las comunidades, empresa MMG y el gobierno con una agenda que incluya el levantamiento del paro y toma de carretera, el cumplimiento de la minera del pago justo del canon, regalías, el asfaltado de la vía y el cumplimiento de su responsabilidad social. El gobierno no debe gastar nada porque la beneficiaria es la empresa minera MMG.
La reciente liberación del dirigente Gregorio Rojas y el ofrecimiento del Presidente de la Conferencia Episcopal, Manuel Cabrejos Vidarte, como mediador de esta mesa de diálogo coadyuva al éxito de este conclave y, por ende, al restablecimiento de la paz en esta parte del país.