Como es de público conocimiento el día de hoy arribará a nuestra capital la delegación de personalidades de la OEA con el propósito de analizar en “situ” la problemática socio política en que se halla inmerso nuestro país a fin de, según dicen, contribuir al logro de su superación y el fortalecimiento de la democracia. Su labor será cumplida en un tiempo muy corto pues, según la programación, se deberá llevar a cabo sólo durante los días: 21 y 22 de este mes debiendo sostener reuniones con los representantes de todas las instituciones tutelares, así como con los de las fuerzas vivas de nuestro país.
Este arribo se hace realidad a pedido
del Presidente Pedro Castillo quien se encuentra en serios aprietos judiciales
por las siete carpetas de investigación fiscal abiertas en su contra por
presuntas acciones de corrupción de él, su entorno familiar, amical y
ministerial; asimismo, por el rechazo de la ciudadanía que le reclama por su
incapacidad gubernativa y corrupción,
así como por la aflictiva recesión económica, el alza desmesurada del costo de
vida y el incremento constante de la delincuencia y criminalidad que aflige al
país, aparte de no concretar, luego de un año y 4 meses de mandato, alguna obra
de envergadura de alcance nacional y que propenda al desarrollo económico y
social.
Indudablemente que el accionar de la
Fiscalía y el Poder Judicial en contra del Presidente Pedro Castillo provocó
preocupación y contrariedad en el Ejecutivo motivo por el cual los abogados del
mandatario pidieron al Poder Judicial tomar acciones sancionadoras contra la
Fiscal Patricia Benavides, así como la anulación de todo el proceso
investigatorio en su contra, pedidos los cuales fueron rechazados por carecer
de sustento legal.
Mientras ambos poderes, Ejecutivo y
Judicial, se enfrascaban en esta pugna legal el otro poder, el Legislativo, se
enfrascó en pedir ante el Poder Judicial la vacancia presidencial encargando la
sustentación legal a su Procurador, un inepto abogado que hizo el ridículo ante
los jueces al no sustentar correctamente la posición del Legislativo, una
posición errada pues las opiniones lanzadas por Pedro Castillo en la ciudad de
la Paz y luego, en la entrevista con el Periodista de la CNN, de entregar una
salida al mar a Bolivia, mediante un referéndum, si bien constituye una intención
real de traición a la patria y afectaría nuestra soberanía nacional no lo ha
concretado enmarcándose así en el campo de la ética más no constituye un delito.
Aunque, a la verdad, este señor si
bien no lo llegó a concretar no le han faltado, ni le faltan ganas de hacerlo
guiado por su ignorancia (pues nuestra Constitución Política lo prohíbe) por su
carencia de patriotismo y sus ideas trasnochadas de la “patria grande sin
fronteras”, pero bajo el signo del ALBA de Hugo Chávez y sería rechazado por el
pueblo.
Es entonces que el Premier tomando el fracaso
de la vacancia presidencial a su favor consideró que era el momento de plantear
“la cuestión de confianza” pidiendo la derogatoria de una ley aprobada por el
Congreso que regula el referéndum la misma que está explícitamente señalada en
la Constitución Política en los arts. 31, 32 y 206. Un planteamiento que
facilitaría al Gobierno la convocatoria a un referéndum para hacer realidad la
Asamblea Constituyente y, por ende, una nueva Constitución Política. Una
cuestión de confianza que, como sabemos, va en camino de una posible disolución
del Congreso si se rechaza esta y se diera otra “cuestión de confianza”.
Mientras los tres poderes
del Estado se encuentran inmersos en una guerra el país se asfixia y no tiene rumbo,
por tener un seudo “capitán” que no se encuentra preparado ni siquiera como
“marinero”, empeñado en defenderse de sus problemas judiciales e, incentivado
por su entorno de allegados, en “fabricar” una dictadura y para ello divide al
pueblo criticando la falta de agua en los barrios pobres cuando los
responsables de darle solución son sus ministros Juan Silva y Geiner Alvarado cuestionados
por corrupción; lo mismo ocurre con el Premier que siembra el odio criticando a
los peruanos y a los niños que viven en San Isidro y Miraflores, comparandolos
con los nativos amazónicos, pero, sinvergüenza como es, no dice que él vive en
San Isidro. Por su parte el Alcalde de San Isidro dice que lo declarara como
“persona no grata al distrito” y lo denunciará por el delito de discriminación.
Pedro Castillo critica la
desigualdad económica y fomenta la división entre peruanos, criticando la
manera de vivir en las barriadas con los que viven en los barrios acomodados de
Lima, pero no dice que el responsable de cerrar esa brecha es su gobierno.
Tampoco dice que él gana 15,600 soles mensuales y en fiestas Patrias y Navidad
recibirá el doble, esto es, 31,200; mientras sus ministros y, entre ellos el
Premier, ganan 30,000 soles y en Navidad recibirán 60,000 soles; tampoco dice
que un profesor jubilado gana sólo1, 100 soles mensuales. ¡Señores, para
criticar a los demás hay que tener autoridad moral, sino, mejor quedarse
callados !
Finalmente, según el gobierno para acabar con esta “desigualdad” es necesario disolver el Congreso, institución tutelar que si bien está desprestigiada por la falta de idoneidad de la mayoría de sus miembros no esta manchada por la corrupción como si lo estaría el gobierno de Pedro Castillo y constituye la mejor trinchera democrática contra la dictadura y la tiranía. Una pretensión malévola del gobierno que sólo la unidad consciente y el despertar multitudinario del pueblo lo habrá de impedir.