“A veces pasamos sed. Hay peleas por el agua. Tiene un sabor terrible, como a tierra o pescado. Es muy limitada por la cantidad de internos. En una ocasión, un ‘taita’ intentó golpearme, sólo que yo forcejeé con él y luego los demás presos se metieron y no permitieron que me golpeara. Por eso me sancionaron”, relata.
Y añade: “Los presos que no tienen un familiar que les traiga alimentos, que son la inmensa mayoría, tienen que vivir con lo que hay. Son los que pasan 12, 14 horas sin comer nada entre la comida y el desayuno”.
Este miércoles, la diferencia entre la capacidad de albergue en los 69 establecimientos penitenciarios del país y la población interna es de 63.392 personas, que representan el 152% de la capacidad. En pocas palabras, esta cantidad de reclusos no tendría cupo en el sistema carcelario.
El penal de San Ignacio, ubicado en Cajamarca, constituye el recinto menos hacinado. La infraestructura está prevista para 152 internos, pero, en la actualidad, la ocupan 65.
Sucede lo mismo en las cárceles de Sanaguillo, en el departamento de San Martín (-10%), y de Cochamarca, en Cerro de Pasco (-13%). De todas las cárceles que hay en el país, solo 17 no están sobrepobladas (-20%).
Lo preocupante es la enorme cantidad de presidios hacinados, como el establecimiento penitenciario de Tacna, que tiene 446% de sobrepoblación; Sarita Colonia, del Callao (422%); Miguel Castro Castro, de San Juan de Lurigancho (404%); Abancay (439%); y Camaná, en Arequipa (424%).
Un establecimiento que destaca es el penal de Lurigancho, que se encuentra en el puesto 25 de los más hacinados. Los medios de comunicación y la opinión pública consideran a esta cárcel la más sobrepoblada por el número de personas. Sin embargo, lo cierto es que este penal es el que tiene mayor capacidad de albergue en todo el país.
A marzo del 2026, el número de reclusos en el territorio nacional es de 214.083. De estos, 105.156 (49%) están presos por un mandato de detención judicial o prisión preventiva, o por sentencia con pena privativa de libertad efectiva.
Mientras que 108.927 (50,8%) son personas que deben asistir a los establecimientos en cumplimiento de penas limitativas de derechos, medidas alternativas de internamiento o liberados con beneficio penitenciario de semilibertad o liberación condicional.
VOCES CONDENADAS
El Estado priva de libertad, vigila y se desentiende del resto. Son las familias, la mayoría de las veces, y las mujeres son las que asumen el costo de la reclusión: alimentación, ropa, gastos de desplazamiento, teléfono…
“A todo eso se suman el agotamiento causado por una burocracia pesada y el dolor de apoyar a su ser querido en el interior, mientras continúan viviendo fuera”, reflexiona Pablo Z., uno de los delegados del penal de Lurigancho.
“Mi hijo está en prisión, está en una celda bipersonal donde duermen cinco”, sostiene Irma Castro. Unas palabras que abren paso a los prejuicios, a la incomprensión y suenan a puertas que se cierran.
Como Irma Castro, otros familiares de personas privadas de libertad relatan cómo la estigmatización afecta todos los aspectos de su vida. Desde la acusación implícita hasta la exclusión social. ¿Cómo vivir con ese peso mientras piensan en la sobrepoblación de las cárceles?
Hace una semana, el Gobierno aprobó el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028, con el objetivo de revertir la situación de sobrepoblación en las cárceles del país.
La medida se cumplirá de manera articulada entre el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y la Dirección de Gracias Presidenciales.
El plan responde al mandato del Tribunal Constitucional, que declaró un “estado de cosas inconstitucional” respecto al hacinamiento carcelario, y se alinea con los objetivos de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 y la declaratoria de emergencia del Sistema Nacional Penitenciario.
El personal penitenciario de tratamiento y seguridad trabaja en la coordinación y evaluación de los centros de reclusión y de la población penal que será trasladada.
En un informe del Inpe sobre la población penitenciaria de marzo del 2025 a marzo del 2026, se reporta un crecimiento del número de internos de 7,1%. Esto es, han aumentado de 199.886 a 214.083. Se trata de un incremento de 14.197 personas en un solo año. En el caso de la población intramuros, en marzo del 2026 se registró un crecimiento de 3,8% (3.854 internos).
UNA MIRADA POR EDADES
Otro punto a subrayar es que, pese a que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en enero del 2026 la norma que permitía juzgar como adultos a menores de 16 y 17 años, la presencia de estos en los penales se debe a que el fallo no implica una liberación automática.
Los casos deben ser revisados y reconducidos individualmente al sistema penal juvenil especial.
En cambio, los jóvenes de 18 a 29 años representan el 23,7% de la población penitenciaria en todo el Perú. También está considerada entre la población joven y económicamente activa o productiva.
Respecto a los grupos de 30 a 59 años, que representan el 69,3%, el Inpe señala que se les da mayor énfasis a la educación para el trabajo, para que asimilen competencias que los ayuden en la inserción en el mercado laboral al egresar del penal.
Por otro lado, la población de adultos mayores representa el 7,0% en los presidios nacionales. A estos, las normas les reconocen una especial protección del Estado y el acceso a condiciones carcelarias dignas que garanticen el respeto de sus derechos humanos.
Esta situación se agudiza cuando no cuentan con atención de salud especializada, tratamiento y control de enfermedades físicas y mentales, programas de tratamiento con enfoque diferencial, infraestructura necesaria y alimentación acorde, entre otras condiciones. Este es el infierno que viven los presos en Perú.(La República).
