A esto se le suma la reciente declaración de Keiko Fujimori, quien al ser consultada por la permanencia de Arriola en el cargo, evitó confirmar su continuidad y se limitó a responder que esa decisión se tomaría junto al ministro del Interior, el general de división EP (r) César Astudillo.
Cabe destacar que Óscar Arriola asumió la Comandancia General de la PNP el 30 de septiembre de 2025 y su gestión terminaría recién a finales del próximo año.
Si bien el relevo es un movimiento que el gobierno ejecutaría, la decisión contradice el marco normativo vigente. El Congreso anterior modificó la ley para otorgar un periodo fijo de dos años a la Comandancia General de la PNP.
Aquella norma se aprobó el 1 de septiembre de 2022, con el voto unánime de Fuerza Popular a favor de esta modificación, lo que evidencia cómo las decisiones del fujimorismo en el Ejecutivo chocan una vez más con las de su propia bancada en el Legislativo.
Por ello, la salida de Arriola no puede darse por voluntad política, a menos que cumpla con ciertas cláusulas contempladas en la ley, como el pase a retiro por límite de años de servicio, solicitud propia, incapacidad comprobada o una falta muy grave debidamente investigada por Inspectoría.
El planteamiento de su salida ocurre en medio de señales políticas específicas, tales como la ausencia del general Óscar Arriola en las fotografías de reuniones oficiales, la militarización de la gestión del orden interno, además del reciente copamiento en el Ministerio del Interior (Mininter), donde existe una mayor presencia de cuadros militares.
"La salida de Arriola no va a cambiar nada la inseguridad"
Ante este panorama, La República dialogó con el politólogo Edgardo Manyari, quien advirtió que el relevo del comandante general no resolverá los problemas de corrupción y las mafias que afectan a la institución.
Señaló que el gobierno no cuenta con una estrategia para disminuir los índices de criminalidad tras la eventual destitución del comandante general de la PNP. "[La posible salida Arriola] demuestra que el gobierno no tiene ningún plan contra la inseguridad ciudadana", dijo para La República.
Agregó también que "Arriola es un peón más del ajedrez", pues su relevo no va a cambiar nada la situación crítica en el país, especialmente en los sectores más débiles. "El problema de la inseguridad no son personas, sino planes coherentes. Ya hemos visto el fracaso del plan Escudo, y la salida a las calles de las Fuerzas Armadas", indicó el experto.
Asimismo, Manyari cuestionó que la solución se busque a través de la militarización del sector y expresó que cualquier intento de fortalecimiento institucional debe priorizar una reestructuración profunda debido a los niveles de infiltración delictiva.
"Fortalecer la policía en estos momentos, con el nivel de corrupción que tiene, sería muy peligroso. Podría significar darle más armas, darle más capacidades operativas, incrementar en los sueldos, pero con el nivel de corrupción que tiene la policía, eso va a ser al revés, va a aumentar el nivel de inseguridad. ¿Por qué? Porque la policía lamentablemente está infectada de corrupción".
Manyari apuntó hacia la necesidad de articular una respuesta multisectorial y técnica que involucre tanto la cooperación internacional como a la academia, al proponer una reforma profunda policial.
"(…) que se reactive el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, se incluyan las Fuerzas Armadas y se incluya sobre todo a la academia".
Juan De la Puente: el general Arriola ha sido el operador político de Dina Boluarte y de la república obscena
Por su parte, el analista político y abogado Juan De la Puente señaló que el cambio en la comandancia de la Policía Nacional no es un hecho aislado, sino la culminación de un ciclo marcado por el rol político y policial del general Óscar Arriola en los últimos años.
"La salida de Arriola es más que eso (…) simboliza el fracaso del Estado peruano frente a la ola delictiva". (…) En términos puntuales muy precisos, el general Arriola ha sido el operador político y policial de la República obscena, incluso antes de ser comandante general de la policía”, mencionó para el portal Pata Amarilla.
De la Puente recordó además que, en su paso por la Dirincri y la Dircote, impulsó narrativas para estigmatizar las protestas sociales.
“Como jefe de la dirección de investigación criminal [Dirincri] de la policía entre los meses de mayo y junio del 2023, él inventó graves cargos contra los manifestantes. (…) "Y meses atrás, cuando tenía otro cargo, cuando era director contra el terrorismo [Dircote], me refiero a enero del 2023, cuando estaba en su punto de efervescencia en las protestas sociales, llegó a decir que las movilizaciones en tres ciudades fueron organizadas por el Comité Regional de Sendero Luminoso”, señaló De la Puente.
Wilfredo Pedraza: “Las Fuerzas Armadas realizan labores simbólicas”
Sobre esta misma línea, en entrevista con Wilfredo Pedraza, exministro del Interior manifestó que lo ideal es respetar el periodo establecido por ley, exigiendo al mismo tiempo un cambio urgente en la planificación estratégica de la PNP.
"Creo que por un tema de mantener la institucionalidad, en general, respetaría terminar su periodo [...]. Sin embargo, me parece que en tanto está él al mando, se le tiene que exigir acciones de planificación, acciones de redireccionamiento de la estrategia que hasta ahora no ha dado, porque es el jefe de la Policía”.
El extitular del Mininter también cuestionó el uso de las Fuerzas Armadas en labores de resguardo urbano y patrullaje en espacios públicos. Desde su punto de vista son medidas ineficientes.
"Yo creo que las Fuerzas Armadas en temas como la inseguridad, solo realizan labores simbólicas. Hace muchos años vemos Fuerzas Armadas en la calle, en todos los estados de emergencia prácticamente militares. Todas las Fuerzas Armadas han sido desplazadas en algunos puntos (...). Yo creo que esos recursos que se gastan en esa movilización simbólica deberían de trasladarse para la compra de equipamiento, para hacer inteligencia, para recursos, (…)”.
Además, al evaluar la conformación actual del ministerio y la tendencia a militarizar los operativos urbanos, Pedraza advirtió sobre la eficacia de estas decisiones y coincidió que existe una falta de rumbo en la estrategia de seguridad.
"Veo, entonces, una situación inconveniente para esos tiempos en los que se necesita un compromiso enorme si quieres trabajar en el sector interior y la Policía. Sin embargo, esta situación se puede salvar cuando se observan planes adecuados, cuando se observe el diálogo. Y aunque dos semanas de gobierno son muy prontos para pedir resultados, diría que lo que estoy observando hasta ahora me indica que no se está yendo por un buen camino”, manifestó Pedraza.
Ricardo Valdés: “La militarización de la institución es un error”
Por su parte, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés también advirtió para La República que la creciente presencia de mandos y poderes militares en la gestión del sector es una medida equivocada que debilita el diálogo político con las autoridades locales y regionales.
"Siento que estamos, lamentablemente, repitiendo una receta equivocada para manejar los temas de seguridad, sobre todo a nivel de la política, a nivel de políticas y políticamente hablando a nivel del diálogo político también con las autoridades locales, regionales y nacionales (…). La seguridad requiere de muchos diálogos políticos porque la inseguridad se produce en los territorios que son políticamente manejados por los alcaldes y ahí no hay nada mejor que civiles con experiencia en seguridad que puedan sostener este diálogo”, señaló.
Sobre la eventual salida del comandante general Óscar Arriola sí consideró que lo más beneficioso para el país es su renuncia. "Me parece que la presidenta perfectamente podría dialogar con Óscar Arriola y solicitarle su renuncia. En tanto que se trata de un gobierno nuevo y que se trata de generarle a la población un mensaje de renovación (...). Me parece que en ese diálogo el comandante general debería estar dispuesto por el bien de la ciudadanía y del país a dar un paso al costado presentando su carta de renuncia”.
Además, Valdés cuestionó la eficacia de involucrar a las fuerzas castrenses en el control de la criminalidad urbana. “Yo personalmente creo que es un error, creo que es un error responder a los temas de seguridad ciudadana solamente con un enfoque persecutorio punitivo y en donde la fantasía de que los militares son más poderosos aplicando la mano dura. Me parece que es una lectura equivocada”.(La República).
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