Según la Policía, delincuentes de Trujillo, Cajamarca y Chiclayo participaron en este rapto. Hallaron tres fusiles y tres pistolas en el búnker
Para la Policía, en este rapto habrían participado delincuentes de Trujillo, Cajamarca y Chiclayo. En total serían seis las personas que participaron en este hecho criminal. Ellos ya estarían identificados y se espera capturarlos pronto.
El general José Luis Quiroz Dávila, jefe de Región Policial Cajamarca, informó que en el “campamento del terror”, situado en el sector Rayán, se encontró armamento de guerra que dejaron enterrados los raptores.
“En los alrededores donde estuvo secuestrada esta persona, en un sótano, se ha encontrado tres fúsiles marca R-15, uno de ellos reportado como hurtado el 31 de marzo de 2024, en Trujillo. El segundo fusil, semi automático, fue sustraído el 6 de marzo de 2025, en la localidad de Huamachuco (Sánchez Carrión). Y el tercer fusil está con serie erradicada, por lo que va a ser motivo de pericias para determinar su procedencia”, remarcó Quiroz Dávila.
También hallaron tres pistolas semiautomáticas, una de ellas reportada como perdida el 23 de marzo de 2025, en Trujillo. Otra arma está a nombre de un ciudadano de Pataz y otra, marca Glock, tiene la serie limada. “Estas armas de fuego serían las mismas que fueron utilizadas en la acción de secuestro por los presuntos delincuentes”, apuntó.(Correo).
Estudiantes de inicial, primaria y secundaria inician el año escolar el 16 de marzo. Contraloría inspecciona instituciones educativas de la región La Libertad
Detalló que existen 2,607 locales escolares públicos y 713 privados, los que deberán adecuar su planificación interna al cronograma oficial establecido por el Ministerio de Educación (Minedu) para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.
El calendario escolar 2026 contempla 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión, organizadas en bloques que permitirán fortalecer tanto la planificación pedagógica como las labores administrativas en las instituciones educativas públicas y privadas.
El titular de la Gerencia de Educación, Rufino Rodríguez, precisó que la distribución busca garantizar el cumplimiento de los objetivos académicos, así como espacios adecuados para la planificación docente y la evaluación institucional.
Precisó que, en casos de emergencia, la norma establece que las instituciones educativas deben fijar sus horarios priorizando las necesidades de los estudiantes y considerando las condiciones climatológicas, geográficas y el contexto social de cada zona, asegurando el cumplimiento de la jornada diaria establecida.
Hay que indicar que la Contraloría General de la República inició, entre finales de enero e inicios de febrero, inspecciones a centros educativos de la región La Libertad para evaluar la infraestructura, el equipamiento y los servicios que brindan los planteles. Los detalles de los hallazgos aún no son informados por el órgano de control.(Correo).
La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se encuentra bajo investigación por presuntos delitos ambientales, junto a otros ministros de carteras como Justicia, Ambiente e Interior.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez, cuenta con más de una investigación abierta: dos por negociación incompatible y una por colusión agravada. Además, anteriormente el titular de la cartera de Justicia fue incluído en una denuncia por falsificación realizada tras la detección de firmas falsas presentadas ante Reniec para la inscripción de un partido político.
Así como Jiménez, quien también se encuentra investigado por colusión —en este caso, colusión simple— es el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres.
Nelly Paredes del Castillo, ministra del Ambiente, registra dos investigaciones en trámite: una por omisión de funciones y otra por genocidio. Esta última podría explicarse por su pasado político: la actual titular del Minam fue ministra de Desarrollo Agrario y Riego durante los inicios del Gobierno de Boluarte, periodo en el que se produjeron las muertes de manifestantes en las protestas ocurridas entre 2022 y 2023.
Completa la lista Wilder Alejandro Quilcate, ministro de Vivienda. Según su declaración jurada, Quilcate es el integrante del gabinete que enfrenta el mayor número de investigaciones: seis procesos ante las autoridades. Entre otros delitos, es acusado de negociación incompatible, lavado de activos y usurpación, entre otros.
El ministro de Economía, Gerardo López Gonzáles, también contaría con investigaciones. Esto pese a que no consigno ninguna de ellas en su declaración jurada. En el apartado para comentarios sobre las denuncias en su contra, López Gonzáles deja este comentario: “He marcado la opcion ‘no’; sin embargo, tengo conocimiento que existen investigaciones fiscales en calidad de imputado. Al no tener dicha informacon en detalle al momento de la firma del presente, la consignaré a través del anexo 3″.
No solo las denuncias en trámite llaman la atención. Otros ministros también registran investigaciones archivadas. Tal es el caso de algunos que aún son investigados, como Denisse Miralles, Luis Enrique Jiménez y Nelly Paredes del Castillo.
La primera ministra llegó a enfrentar graves acusaciones en su momento, al ser investigada por delitos como lavado de activos y otros vinculados a corrupción. Jiménez, titular de Justicia, quien todavía enfrenta una denuncia por colusión, ya tuvo archivado anteriormente un caso en su contra por ese mismo delito. Por último, Paredes del Castillo afrontó denuncias por nombramiento ilegal y omisión de funciones, ambas posteriormente archivadas.
Otros ministros que actualmente no son investigados mantienen antecedentes relevantes. César Quispe Luján, ministro de Producción, llegó a tener hasta diez procesos abiertos por delitos que iban desde apropiación ilícita hasta estafa, incluyendo lavado de dinero. Con ese número de investigaciones archivadas, se convierte en el ministro que más veces enfrentó procesos de esta naturaleza ante las autoridades.
Luis Napoleón Quiroz y Fátima Altabas, titulares de Salud y Cultura, respectivamente, también cuentan con dos investigaciones archivadas. El primero fue acusado de cohecho pasivo propio —figura penal empleada para describir los sobornos—, mientras que la segunda fue investigada por delitos contra la libertad.
Quien también habría sido investigado, aunque no en el fuero judicial ordinario, es el ministro de Defensa, Luis Enrique Arroyo. En su declaración jurada, el titular del sector señala que atraviesa un proceso en el fuero militar por faltas vinculadas al ámbito castrense. Sin embargo, no precisa si dicha investigación se encuentra abierta o ya fue cerrada.
Por último, el ministro de Educación, Erfurt Castillo, no registra denuncias en la información consignada en sus declaraciones juradas. Sin embargo, en redes sociales se viralizó una denuncia presuntamente realizada por su suegra en su contra por violencia sexual. Al respecto, el Ministerio de Educación respondió mediante un comunicado, asegurando que “la denuncia fue archivada luego de que informes del Instituto de Medicina Legal acreditaran que la denunciante presentaba problemas de salud mental”.(La República).
Área de Fiscalización determinó que consejero regional habría vulnerado el principio de neutralidad al cuestionar a exgobernador apepista y apoyar a Podemos Perú
De acuerdo al informe N° 000114-2026-LIC-JEETRUJILLO-EG2026/JNE, del 19 de febrero, la ciudadana Rocío Patricio Castillo denunció que el consejero difundió un video en su cuenta de TikTok en donde “realiza expresiones que inducen a una valoración negativa respecto de la gestión del anterior gobierno regional, presidido por el señor Cesar Acuña Peralta; particularmente en relación con el manejo de la inseguridad ciudadana que afecta a la ciudad de Trujillo”.
“Queda evidenciada la conducta del consejero regional Víctor Robert De La Cruz Rosas, lo que configuraría infracción al principio de neutralidad electoral, ya que, haciendo invocación a su cargo (se identifica como consejero regional de La Libertad), se ha pronunciado y emite opinión negativa sobre el señor César Acuña”, indica el documento firmado por la fiscalizadora Liz Iturrizaga.
Esa misma funcionaria también emitió el 19 de febrero el informe N° 000113-2026-LIC-JEETRUJILLO-EG2026/JNE. Acá indica que la ciudadana Nelly Zagal Villalobos denunció que el consejero difundió en su cuenta de TikTok videos en donde participa en actividades proselitistas a favor de Podemos Perú.
Iturrizaga indicó en su informe que “queda evidenciada la conducta del consejero regional Víctor Robert De La Cruz Rosas, lo que configuraría infracción al principio de neutralidad electoral, ya que, en las cuentas de redes sociales identificadas (Facebook y Tiktok), además de presentarse como autoridad política del Gobierno Regional de La Libertad, difunde publicaciones de actividades en las que participa y en las que favorece directamente a la organización política Podemos Perú”.(Cosmos Perú).
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• ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD
El consejo municipal acordó convocar a la Contraloría para que investiguen los gastos hechos por el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, en los megaconciertos que habrían sido organizados con fondos municipales.
La inseguridad ciudadana en Trujillo sigue muy presente, una fuerte lluvia y posible inundación es inminente, pistas en mal estado y, pese a todo ello, el alcalde Mario Reyna decidió llevar a cabo un concierto de cumbia en un evento que poco o nada tiene que ver con ello. Pese a este comportamiento, todo parece indicar que se le acabará la fiesta al burgomaestre trujillano.
Durante el concejo municipal, los funcionarios acordaron solicitar la intervención de la Contraloría General de la República para investigar los gastos en estas tocadas masivas, pues se presume que se habría usado fondos municipales para la organización de estos.
Los regidores Luis González Rosell y Andrés Sánchez Esquivel aseguraron que también solicitarán informes que indiquen el direccionamiento de ciertos montos y los criterios para seleccionar a las empresas que trajeron el espectáculo. Todo esto no es para menos, puesto que los conciertos fueron realizados en un periodo crítico para la ciudad, tuvieron una asistencia numerosa de gente, algunos de los espacios representaban un riesgo ciudadano y se habría desembolsado miles de soles para su organización.
El 29 de diciembre de 2025 se llevó a cabo un megaconcierto en el estadio Mansiche, esto luego de que se propusiera al Centro Histórico como primera opción para celebrar el 205 aniversario de la independencia de Trujillo. Así como inicialmente se aseguró que no habría venta de bebidas alcohólicas, también se dijo que no se destinarían fondos municipales. Estas dos afirmaciones no resultaron ser ciertas.
Al menos S/250 mil se habría gastado en la organización del concierto al que asistieron reconocidas agrupaciones musicales. De igual forma, se advierte un desembolso similar para el más reciente, el cual tuvo lugar el último sábado, en donde la presencia de Corazón Serrano generó cuestionamientos, pues nuevamente se trataba de un grupo de cumbia siendo partícipe de un evento totalmente ajeno a ello.
Este hecho se repite con el primer concierto, el cual llegó en un momento crítico, en donde una serie de asesinatos acaparó el ojo público de la provincia y de la región, cuando la delincuencia había sumido a la ciudad en un tenso clima de inseguridad y esta festividad aparentaba a ser más una excusa para que Reyna, no irónicamente, pueda aguantar hasta las últimas.(Noticias Trujillo).
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Fiscalía dispuso iniciar indagación preliminar contra el gerente general, Rogger Ruiz, y el titular del área de Asesoría Jurídica, Nelson Lozano
Fue el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, Manuel Ruiz Briones, quien realizó la denuncia ante el Ministerio Público, alegando que cada uno de los funcionarios, presuntamente, omitió sus funciones con la finalidad de que la Resolución Gerencial Regional N° 000448-2024, de fecha 05 de febrero de 2024, quede firme el 4 de febrero de 2026.
Cabe indicar que dicho documento fue firmado por el exgerente de Educación de La Libertad, Martín Camacho Paz. El mismo tenía como finalidad aprobar un incremento del bono de preparación de clases de S/ 30.07 a S/ 423.82 a favor de su madre.
De acuerdo a Manuel Ruiz, los funcionarios aludidos habrían “retardado” y “paralizado” el Expediente de Documento N° OTD-00020250311742 del 27 de noviembre de 2025, para la nulidad de oficio de la Resolución Gerencial Regional N° 000448-2024.
Señaló que el responsable de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Grell, Doris Velezmoro Arbaiza; la encargada del Trámite Documentario, Rosa Gil Palacios; la titular de Oficina de Resoluciones, Rosa Esperanza Sánchez; y la jefa de la Oficina de Personal, Julia Silva Briceño, habrían omitido cumplir en los deberes inherentes a su cargo y, presuntamente, demoraron al emitir pronunciamiento.
Correo se contactó con el gerente general del GORE La Libertad, Rogger Ruiz, quien se mostró confiado en que esta denuncia se archivará, pues, desde su punto de vista, se cumplió con el trámite administrativo correspondiente y en los plazos establecidos.
“El plaza vencía el 4 de febrero, pero yo emití una resolución (Resolución Gerencial N° 000033-2026 GRLL-GGR) el 28 de enero de 2026, anulando la Resolución Gerencial Regional N° 000448-2024. O sea, no se vulneró nada”, acotó.(Correo).
Líder de APP respondió a economista y cuenta su versión.
La noche del martes, Hernando de Soto no juró como presidente del Consejo de Ministros, como se esperaba inicialmente, y la economista Denisse Miralles fue finalmente quien asumió la jefatura del gabinete encabezado por el presidente José Balcázar. La jornada estuvo marcada por tensiones y especulaciones sobre negociaciones de último minuto.
El economista Hernando de Soto recientemente expresó que el mandatario Balcázar se encuentra “secuestrado en Palacio de Gobierno”, al referirse a las presiones políticas y partidarias que rodearon la formación del nuevo gabinete.
Asimismo, De Soto reveló que recibió cerca de “dos docenas” de llamadas de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), en el contexto de las negociaciones que habrían podido llevarlo al cargo de premier. Según señaló, se abstuvo de contestarlas para evitar ser instrumentalizado.
“El presidente José Balcázar está secuestrado… y si hubiera contestado, de repente hubiera dicho: ‘Me llamó para pedirme un ministerio’”, manifestó con un tono irónico, remarcando lo que considera presiones indebidas sobre su persona y sobre la conformación del gabinete.
El economista anunció además que hará pública la relación completa de comunicaciones recibidas durante los días previos a su frustrada incorporación, al tiempo que advirtió sobre una presunta coordinación entre APP y sectores afines a Vladimir Cerrón, lo que, según él, condiciona decisiones dentro del Ejecutivo.
“Otra cosa que entregaré es la lista de llamadas del señor César Acuña, que no atiendo desde hace dos días… Hay gente de APP que refleja intereses económicos y hay tendencias cerronistas que los identifican”, agregó, en una serie de declaraciones que enfatizan la influencia de actores políticos sobre el nombramiento ministerial.
Hernando de Soto también cuestionó la gestión de la administración pública, describiendo al Estado como “una especie de vaca muy gorda con aproximadamente mil pezones”, en referencia a las oportunidades de cargos y beneficios que, según él, se usan con fines partidarios más que técnicos.
Por su parte, César Acuña ratificó su versión a través de su cuenta de X y en entrevistas televisivas, aclarando que sus llamadas fueron únicamente un gesto de amistad y reconocimiento profesional hacia De Soto, y que no buscaba ejercer presión política.
“Lo llamé para felicitarlo y agradecerle, porque teniéndolo como premier era una seguridad, porque es una imagen para el país… no lo llamaba para un interés personal, sino en calidad de amigo”, declaró Acuña, reafirmando que su intención era protocolar y no vinculada a negociaciones ministeriales.(Expreso).
Economista Hernando de Soto dice que hay una “restauración” de grupos de poder sin respaldo ciudadano. “Ningún presidente peruano, a pesar de sus buenas intenciones, ha podido evitar ser secuestrado por estos grupos”, aseveró
El economista Hernando de Soto difundió un tajante comunicado en sus redes sociales, luego de que no se concretara su eventual designación como presidente del Consejo de Ministros. En el pronunciamiento, titulado “¿Qué pasó ayer? Todos fuimos engañados y yo fui el primero”, cuestionó con dureza el sistema político peruano y marcó distancia del escenario que derivó en su salida del Ejecutivo.
En el documento, Hernando de Soto responsabilizó a las élites políticas tradicionales por la actual coyuntura y afirmó que se ha producido una “restauración” de grupos de poder sin respaldo ciudadano.
Sostuvo que “ningún presidente peruano, a pesar de sus buenas intenciones, ha podido evitar ser secuestrado” por estos sectores, a los que acusó de influir de manera determinante en el rumbo del país.
El economista también criticó la fragmentación del sistema electoral, al señalar que fue diseñado en “38 pedazos” y que ello dificulta la fiscalización de las autoridades.
A su juicio, esa estructura ha permitido el retorno de los mismos actores políticos y ha generado una “recaída institucional”, donde el poder -según indicó- permanece en manos de ministros que no responden directamente ante el electorado.
Finalmente, advirtió que el actual contexto podría impedir una verdadera renovación en los próximos comicios y alertó sobre el riesgo de que se perpetúe la corrupción.
De Soto llamó a los futuros candidatos a priorizar propuestas técnicas y reformas estructurales, y a demostrar capacidad para instaurar un sistema que frene la desinformación y fortalezca la representación ciudadana.
Lo que pasó fue la restauración en el poder de grupos de políticos y lobistas que están desesperados por 9 de cada 10 peruanos.
Lo que pasó es que ningún presidente peruano, a pesar de sus buenas intenciones, ha podido evitar ser secuestrado por estos grupos.
Lo que pasó es que quienes diseñaron un sistema electoral fragmentado en 38 pedazos (partidos políticos) que además de confundirnos hace imposible fiscalizarlos son los mismos que han regresado al poder.
Lo que pasó es que hemos sufrido una recaída: de una cuestión que nos permitía a todos ser soberanos, a que ahora el poder seguirá repartido entre 19 ministros que no son responsables ante el electorado.
Lo que pasó es que las próximas elecciones no serán un acto de renovación del poder sino la restauración de la corrupción.
Lo que pasó es que los mismos políticos que no han sabido ni quieren identificar a los criminales que hoy día están matando y extorsionando a miles de choferes, bodegueros, mineros y empresarios, ni ubicar a los prófugos, se quieren perpetuar en el poder.
Lo que pasó es que, como siempre, se ignoró que un problema no es que los peruanos sepamos elegir y votar con criterio, sino que los políticos que hay manejan el Estado, con el pretexto de preservar tecnicismos y tradiciones jurídicas, creen que elegir significa que pueden hacer lo que les da la gana sin consultarnos previamente.
Lo que debe pasar ya no es si yo u otro ciudadano puede dar tranquilidad a través del gobierno. Ahora la responsabilidad recae en aquellos candidatos que quieren representar al 9 de cada 10 peruanos. Ellos, en lugar de seguir insultando a sus opositores, se abocan a competir demostrando que tienen los conocimientos necesarios para instaurar un sistema que impida la corrupción y la desinformación.
Seguiremos en contacto.
(Correo).
