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Según la Sala Situacional del Minsa, los últimos dos fallecidos se registraron entre el 25 y 31 de octubre. En tanto, el número total de infectados llegó a los 17,953. Sin embargo, de acuerdo con una última exposición del gerente regional de Salud, Gerardo Florián, son cinco los decesos y otros cinco están en investigación
El número es 700% superior al año pasado, que en el mismo periodo cerró con cero fallecidos
En el cuadro “Tendencia semanal de defunciones según tipo de diagnóstico, 2021-2026”, la misma entidad precisa que estos decesos fueron registrados en las semanas epidemiológicas 32 (9-15 de agosto), 33 (16-22 de agosto), 36 (6-12 de septiembre), 39 (27 de septiembre-3 de octubre), 42 (18-24 de octubre) y 43 (25-31 de octubre); en esta última dos casos.
A nivel nacional, son 101 las personas que han perdido la vida por este mal y La Libertad ocupa el sexto lugar (6.93%). Encabeza este cuadro Lambayeque, con 25 casos, y le siguen, hasta el quinto puesto, Piura (17), San Martín (17), Madre de Dios (9) y Ucayali (7).
Luego de La Libertad figuran Amazonas (5), Lima (4), Pasco (3). Loreto (3), Cuzco (1) y Áncash (1).
Hasta la SE 43 de 2025, el país sumó un total de 52 defunciones por dengue; es decir, hay una variación de 94% con respecto al mismo periodo de este año.
Ayer este Diario intentó conocer la versión del gerente regional de Salud, Gerardo Florián Gómez, pero en la misma entidad señalaron que no podía atendernos por encontrarse ocupado en el traslado de una bebé de dos meses de edad a Lima por otra enfermedad.
No obstante, en una nota de prensa enviada también ayer por el Gobierno Regional de La Libertad se indica que, de acuerdo con una última exposición de Florián Gómez, en este departamento “hay cinco fallecidos confirmados y [otros] cinco en investigación”.
“La región registra 18,896 casos totales de dengue (13,413 confirmados y 5,483 probables)”, precisa el comunicado.
Pese a este escenario y a que la misma Geresa declaró Alerta Epidemiológica Regional N°02-2026 ante el incremento sostenido de casos de dengue en diferentes localidades del departamento, la entidad sanitaria aseveró que La Libertad ocupa el primer lugar a nivel nacional en vacunación contra esta enfermedad.
“[...] La Libertad ocupa el primer lugar a nivel nacional en el avance de aplicación de la primera dosis de vacunación contra el dengue, alcanzando las 17,543 dosis aplicadas en los distritos priorizados (78,5% de avance). Esto demuestra el esfuerzo denodado de nuestro personal de salud en primera línea”, destacó el galeno, según la referida nota de prensa.
A nivel nacional, La Libertad es la región con más casos de dengue y la situación podría agravarse debido a la presencia de lluvias provocadas por el fenómeno El Niño.
Fuente: Diario Correo.
Nuevo Juicio. Los jueces supremos han detectado una grave afectación al debido proceso en la definición del delito atribuido al expresidente Pedro Castillo y sus colaboradores que los obligaría a anular el juicio y volverlo a repetir. ¿Rebelión o conspiración para rebelión?
El 22 de octubre último, la Corte Suprema admitió a trámite el recurso de apelación presentado por la fiscalía y la procuraduría del Estado contra dicha condena, que incluye además a los exministros Willy Huerta Olivas, Betssy Chávez Chino y Aníbal Torres Vásquez, entre otros.
Sin embargo, en la resolución que admite el recurso de apelación también se dispone que "se solicite a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos del Ministerio Público, un informe expreso y documentado, con indicación de fecha y disposición fiscal correspondiente, en qué momento y bajo qué fundamento el delito de conspiración para la rebelión dejó de ser objeto de la investigación preparatoria...".
Además, los jueces supremos pidieron al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria si se ha emitido resolución alguna en etapa intermedia o en investigación preparatoria sobre el mencionado delito.
Durante los últimos días, periodistas de La República estuvieron indagando en la Corte Suprema sobre los motivos y las probables consecuencias de dicho requerimiento. La respuesta común de todas las fuentes consultadas es la nulidad del juicio realizado y, en la mejor posibilidad, que se realicen nuevas audiencias públicas para definir la responsabilidad penal de los implicados.
¿A qué se debe esta decisión? ¿Qué han encontrado los jueces? ¿Qué puede salvar el juicio inicial?
De la revisión del expediente judicial y su trámite, resulta que la fiscalía investigó a Pedro Castillo por delito de rebelión y conspiración para rebelión, en agravio del Estado, señalan las fuentes consultadas.
En el expediente judicial no vuelve a aparecer el delito de conspiración para rebelión. ¿La fiscalía lo archivó, el juez aprobó el archivo? ¿La investigación continúa por ese delito?
Al revisar el expediente, los jueces supremos detectaron que, tras realizar el juicio público, la Sala Penal Especial que condenó a Castillo decidió apartarse de la acusación por rebelión y acordó condenarlo solo por conspiración para rebelión.
Pero este delito ya estaba definido en el inicio de la investigación. De tal manera que si la fiscalía ya había establecido que no existía conspiración para rebelión o hay un proceso aparte, los jueces de juicio no lo podían condenar por ese delito, en este caso.
Al dictar sentencia en un caso, los jueces detallan todo el procedimiento. En la sentencia escrita condenatoria a Castillo aparece que se le investigó por conspiración, pero no se detalla en qué terminó ese proceso, si efectivamente culminó. En todo caso, hay una posible afectación al debido proceso y el derecho de defensa.
Puede que la definición o conclusión de ese delito se haya llevado por separado, por eso los jueces supremos piden a la fiscalía y al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria informar si ese delito se llegó a definir, presentando las respectivas copias del expediente.
Tanto si permanece en el limbo jurídico o se archivó, sin ser tratado en el nuevo, corresponderían, como única salida, de acuerdo con las fuentes judiciales, que se realice un nuevo juicio que evalúe los delitos de rebelión y conspiración para rebelión en conjunto, pues no pueden haber pronunciamientos contradictorios que afecten la legítima defensa.
Todos estos temas serán evaluados en la audiencia de apelación. La fiscalía aún tiene la posibilidad de salvar el caso y la defensa un argumento más para la nulidad de todo el proceso.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, integrada por los jueces Víctor Prado Saldarriaga, Manuel Luján Túpez, Paloma Altabás Kajatt, Sara Maita Dorregaray y Hans Contreras Cuszcano, se pronunciará luego de la audiencia y de recibir los informes de la fiscalía y el juzgado.
Fuente: Diario La República.
La detención se realizó en menos de 24 horas, tras recibir información sobre la amenaza. Las autoridades actuaron rápidamente para garantizar la seguridad.
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La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de Argentina confirmó la detención de un hombre acusado de realizar amenazas de muerte contra el papa León XIV, a pocas horas de su llegada al país sudamericano. El procedimiento se concretó en menos de 24 horas desde que las autoridades recibieron información sobre la intimidación.
La investigación comenzó el viernes 6 de noviembre, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina comunicó la existencia de una llamada intimidatoria contra la vida del pontífice. A partir de esa información, la SIDE coordinó las acciones que permitieron identificar y localizar al presunto responsable.
El organismo de inteligencia informó que la detención se realizó en menos de 24 horas desde que obtuvo los primeros datos sobre la amenaza. Aunque el Gobierno argentino no difundió la identidad del sospechoso ni mayores detalles del procedimiento, Infobae señaló que se trataría de un hombre que trabaja como obrero.
Durante el allanamiento en la localidad de Pilar, las autoridades encontraron tres teléfonos móviles, uno de los cuales habría sido utilizado para realizar la llamada intimidatoria. También incautaron un dron cuyas capacidades operativas están siendo investigadas por los especialistas.
Según medios locales, el hombre enfrenta acusaciones por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista. La detención se produjo antes de la visita de León XIV a Argentina, donde el pontífice permanecerá cuatro días y tiene previsto participar en actividades multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
Fuente: Diario La República.
En un operativo conjunto de la comisaría de Shorey y la Divopus, las autoridades hallaron el material peligroso dentro de una vivienda
La Intervención estuvo a cargo de la comisaría de Shorey, en coordinación con la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) Huamachuco. Durante el operativo, las autoridades también incautaron un camión presuntamente utilizado para sustraer los explosivos desde el polvorín de la empresa Bezago, en Quiruvilca.
La diligencia permitió la incautación de las cajas de emulsión Emulnor 5000, de la marca Famesa. Todo el material recuperado quedó bajo custodia policial para las pericias técnicas correspondientes.
Fuente: Diario Correo.
La Gerencia de Contrataciones del GORE La Libertad resolvió el contrato que se firmó con el Consorcio La Libertad para construir el moderno edificio considerado por el exgobernador César Acuña como una obra “emblemática”. Esto, debido a que el contratista no cumplió con sus obligaciones y hay un retraso injustificado
En efecto, este Diario ha tenido acceso a la Carta Notarial N° 000083-2026-GRLL-GGR-GRCO, de fecha 26 de octubre de 2026, firmada por Nilton Pascal Yong, gerente de Contrataciones del GORE La Libertad, mediante la cual se comunica al representante común del Consorcio La Libertad, Efrain Agüero Moreno, la resolución del contrato N°007-2024, para la ejecución de la obra “Fortalecimiento Institucional del GORE La Libertad”, cuyo presupuesto inicial fue de S/ 152,262,719, pero debido a la aprobación de una serie de adicionales el costo se elevó a S/ 161,278,405.26.
Dado que el Consorcio La Libertad no venía cumpliendo con lo estipulado en el contrato y constantemente se registraba paralizaciones en los trabajos y, por ende, una reducción injustificada de la ejecución de la obra, el 13 de julio de 2026, a través de la Carta N° 002344-2026-GRLL, la Región exigió al contratista cumplir con sus obligaciones.
Empero, el problema persistió y fue entonces que el GORE La Libertad, el 11 de setiembre de 2026, mediante Carta Notarial N° 000071-2026-GRLL, se le otorgó a la empresa el plazo de 15 días para que reinicie los trabajos y restablezca el normal ritmo de la ejecución de la obra.
El 29 de setiembre, concluido el plazo, el coordinador de la obra hizo una verificación en campo del cumplimiento del apercibimiento y elaboró el Informe Técnico N° 000644-2026-GRL, en el que señaló lo siguiente: “Entre los días 14 y 29 de setiembre la obra contó solo con ocho trabajadores que no podían activar los frentes de trabajo en las partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias”.
Además, se constató la ausencia del residente de obra y que se estaban retirando herramientas e insumos en camiones por parte del contratista.
El supervisor reportó que la valorización ejecutada acumulada al 30 de septiembre de 2026 (valorización quincenal N° 62) es de 57.30 % frente a un 74.26 % programado.
Correo se contactó con el vicegobernador regional, Ever Cadenillas, y dijo que “no hay duda” de que hay problemas en la referida obra, pero que el tema lo están viendo de manera directa Asesoría Jurídica y Procuraduría.
El gerente general, Rogger Ruiz, evitó declarar y mencionó que el gerente de Infraestructura, Aldo Zambrano, era el indicado para hablar sobre el tema.
No obstante, fue el procurador Pedro Armas quien mencionó que el caso pasará a un arbitraje, pero con una medida cautelar la nueva gestión (nuevo gobernador) podrá ejecutar el saldo de obra.
Fuente: Diario Correo.
El Jurado Nacional de Elecciones confirmó que López Aliaga no podrá ser proclamado como alcalde.
En 2024 hizo una maestría en finanzas corporativas en la Universidad Privada del Norte. Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, trabajó como contadora en una promotora de desarrollo en educación y cultura.
Dentro del partido es también secretaria nacional de Economía. El 30 de mayo de 2026 presentó un escrito ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para corregir un error material en la fecha de inicio de ese cargo, figuraba el 16 de enero de 2025 y quedó rectificada al 16 de enero de 2026.
Fue elegida regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el periodo 2023-2026. Su hoja de vida no registra sentencias.
Anoche, la secretaria general del JNE, Jessica Clavijo, anunció que el primer regidor que haya ejercido como alcalde en el periodo anterior “no será proclamado ni recibirá las credenciales”. Precisó que tampoco podrá asumir el cargo por sucesión ante una vacancia ni postular en las siguientes elecciones.
López Aliaga figura entre los casos, pues postuló como primer regidor de Renovación Popular por Lima tras la renuncia de Luis Rubio, candidato original a la alcaldía, y la lista del partido ganó las elecciones municipales.
En esa misma línea, el JEE de Ica proclamó alcaldesa de San Juan Bautista a Rita del Carmen Guerrero Cajo, segunda regidora de la lista del mismo partido. Ese jurado sostuvo que la prohibición busca garantizar la alternancia democrática y que recuperar el cargo por la renuncia de un candidato la dejaría sin contenido.
Fuente: Diario La República.
Presidenta y ministro de Educación promulgaron las nuevas directivas escolares para mejorar la disciplina en las aulas.
Luego de recibir los aportes de la comunidad educativa y de la sociedad en general, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, suscribió el Decreto Supremo que aprueba los “Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica”, los cuales establecen nuevas disposiciones para ordenar la convivencia y recuperar las condiciones de respeto y disciplina en los colegios públicos y privados.
En el acto estuve presente el ministro de Educación, José Antonio Chang, con quien precisaron las responsabilidades de directores, docentes y familias, clasificaron las faltas en leves, graves y muy graves, y establecieron sanciones que van desde una amonestación verbal hasta la separación definitiva (expulsión) del estudiante de la institución educativa.
Uno de los aspectos centrales de la norma es el reconocimiento de la autoridad docente, entendida como la facultad legítima del profesor para orientar, conducir y mantener el orden en el aula y los demás espacios educativos. En ese marco, los docentes pueden amonestar verbalmente a los estudiantes que incumplan las normas, mientras que las faltas graves y muy graves deben ser comunicadas oportunamente a la dirección del colegio.
Los directores, por su parte, tienen la responsabilidad de conducir la gestión de la disciplina escolar y determinar las sanciones correspondientes. La normativa considera la suspensión temporal, la matrícula condicional y la separación definitiva o expulsión, esta última ante tres suspensiones durante el año, una falta muy grave que lo amerite o conductas reiteradas que hagan inviable la permanencia del estudiante en el colegio.
Contra la violencia y el acoso
Los lineamientos establecen una clasificación de las conductas que afectan la convivencia escolar. Entre las faltas graves, figuran las agresiones físicas que no ocasionan lesiones, las agresiones psicológicas, las amenazas, las humillaciones, la divulgación de información personal, la reincidencia en faltas leves y el uso de celulares u otros dispositivos tecnológicos para fines ajenos al proceso educativo sin autorización.
También se consideran faltas graves las tardanzas injustificadas reiteradas, la posesión o consumo de sustancias prohibidas y las acciones que inciten a otros estudiantes a participar en retos, apuestas o actividades que pongan en riesgo su integridad.
En el grupo de faltas muy graves se incluyen el bullying y el ciberbullying que afecten la integridad de los estudiantes, la violencia y el acoso sexual, los actos de discriminación, las amenazas, la extorsión y el cobro ilegal de cupos, así como la promoción o comercialización de drogas y otras sustancias prohibidas.
En lo que corresponde a la presentación personal, los lineamientos establecen que los estudiantes de colegios públicos y privados deben asistir con adecuada higiene y aseo, utilizar correctamente el uniforme o vestimenta definida por la institución y mantener una presentación acorde con las condiciones de seguridad y disciplina escolar.
Para las instituciones públicas, se prohíbe el uso de maquillaje y accesorios como aretes, piercings, anillos, cadenas y pulseras, así como los tatuajes, las faldas por encima de la rodilla y el cabello pintado. También se dispone que el cabello de las estudiantes debe estar ordenado y que los varones deben llevarlo recortado y asistir afeitados, en tanto, en los colegios privados, las reglas sobre presentación personal y sus restricciones deben estar expresamente consignadas en el reglamento Interno y ser comunicadas oportunamente a las familias.
Sanciones con límites y derecho a la educación
Las medidas previstas comprenden amonestaciones verbales, reparación del daño ocasionado, restricciones temporales de espacios de recreación o actividades extracurriculares y separación temporal del aula con permanencia en la institución educativa y supervisión pedagógica.
Para las faltas graves y muy graves se dispone la suspensión temporal de asistencia hasta por tres días hábiles. También se establece la matrícula condicional y, en los casos que corresponda, la separación definitiva del colegio.
La aplicación de estas medidas debe considerar la edad y el desarrollo del estudiante, sus antecedentes de conducta, las circunstancias en que ocurrió la falta y el daño ocasionado. Asimismo, se debe escuchar su versión de los hechos antes de determinar la medida y comunicar formalmente a la familia las decisiones adoptadas.
En caso de separación definitiva, el director debe comunicar la decisión a los padres o representantes legales. Además, deberá informar a la UGEL para garantizar que el estudiante tenga una alternativa que le permita continuar sus estudios en una institución educativa pública, en la modalidad que corresponda.
