Concurso de Caballos de Paso en el barrio Mariscal de Orbegoso, por la Fiesta Patronal en Honor a la Santísima Virgen de la Alta Gracia. (Fiesta Patronal de los Chancas - Huamachuco).
Concurso de Caballos de Paso en el barrio Mariscal de Orbegoso, por la Fiesta Patronal en Honor a la Santísima Virgen de la Alta Gracia. (Fiesta Patronal de los Chancas - Huamachuco).
Saludamos al barrio Mariscal de Orbegoso por el Día Central de Fiesta en Honor a la Santísima Virgen de la Alta Gracia.
La majestuosa procesión, desde su capilla a la Plaza de Armas, será a las 2 de la tarde, con la presencia de hermandades de diferentes sectores de Huamachuco, danzas y bandas de músicos.
Del total, 64 van a municipios distritales, 17 a comunas provinciales y 7 al gobierno regional. Políticos fueron procesados por omisión a la asistencia familiar, estafa agravada, peculado, conducción en estado de ebriedad, entre otros delitos. Somos Perú, APP y Podemos encabezan lista de condenados
El Instituto Aklla Perú analizó las fórmulas que participan en las elecciones del próximo 4 de octubre. La información, recogida del JNE, permitió establecer que Somos Perú inscribió a 20 aspirantes a cargos públicos con sentencias (22.47% del total), lo que lo convierte en la agrupación que más procesados lleva a estas elecciones municipales y regionales.
Después figura APP, con 11 postulantes con penas; Podemos Perú, con 10; Acción Popular, con 9; y el Partido Aprista Peruano (PAP), con 7.
Completan la lista: Perú Primero (6 candidatos condenados), Renovación Popular (6), Juntos por el Perú (3), Fuerza Popular (3) y Perú Libre (3).
También se encuentran los partidos Avanza País-Partido de Integración Social, Fe en el Perú, País para Todos y el Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN). Cada uno de ellos lleva a dos postulantes con sentencias.
Por último figura Progresemos, que tiene un postulante procesado.
La información de Aklla Perú también permite establecer quiénes son los aspirantes a cargos públicos con fallos judiciales y a dónde postulan.
En La Libertad, 64 políticos sancionados por el Poder Judicial pretenden ocupar cargos en municipalidades distritales: 35 buscan ser alcaldes y 29 quieren ser regidores.
Otros 17 condenados aspiran llegar a una comuna provincial: 10 quieren ser burgomaestres y 7 regidores.
Asimismo, el único candidato a gobernador que registró una sentencia fue Daniel Salaverry Villa, de Perú Primero. Él dijo que en 2025 la Corte Suprema lo absolvió de un proceso por peculado. El fallo revocó la condena de 8 años de prisión que se le impuso y lo absolvió de la acusación por presuntamente haberse apropiado de dinero destinado para gastos de representación cuando estuvo en el Parlamento, entre 2017 y 2018.
En tanto, seis postulantes a consejeros regionales también registraron sentencias. Encabeza esta lista, con cuatro fallos judiciales, Guillermo Guzmán Obando, que postula con Acción Popular representando a Otuzco. Él tiene tres condenas por manejar un vehículo en estado de ebriedad y una más por lesiones leves.
El partido de la lampa también inscribió a Sócrates Florián Medina, en representación de Trujillo. Sobre él pesa un proceso por peculado doloso y una demanda laboral que lo obligó a cancelar una suma de dinero.
Por Acción Popular también se presentan Gilmer Guzmán Hermenegildo (Julcán) y Wilde Siccha Chacón (Bolívar). Cada uno tiene una sentencia por omisión a la asistencia familiar y una demanda por pensión alimentaria.
También pretende llegar al Consejo Regional de La Libertad Fani Quiñones Carlos, de Perú Primero. A ella se le impuso una pena suspendida por estafa agravada.
Por último está Héctor Sifuentes Jara, que pretende ser consejero por Virú de la mano de Somos Perú. Él también tiene un fallo por omisión a la asistencia familiar.(Correo).
Transportistas y organizaciones de cuatro regiones protestan contra el alza del diésel, el incremento de pasajes y el impacto en el costo de vida. Los bloqueos afectan el abastecimiento y el tránsito, mientras Puno amenaza con un paro indefinido y el Gobierno busca contener el malestar social con subsidios y la reactivación del fondo de estabilización de combustibles.
Los principales focos de la jornada se encuentran en Ucayali e Iquitos. En Pucallpa, se cumplió el tercer día de huelga indefinida que afecta carreteras, vías urbanas, transporte fluvial y el abastecimiento de combustible. En Loreto hubo bloqueos y movilizaciones, mientras que en Arequipa el transporte volvió a circular, pero gremios advierten que el paro no ha sido levantado.
El conflicto también alcanzó Bagua, donde comunidades awajún de Wawas, en Imaza, bloquearon el IV Eje Vial para exigir la reactivación de obras educativas paralizadas y la construcción de un puente peatonal destruido hace más de un año.
En Pucallpa, los transportistas mantienen bloqueados distintos puntos de la carretera Federico Basadre, que conecta Ucayali con Huánuco, Tingo María, Huancayo y Lima. La Defensoría del Pueblo identificó restricciones en varios kilómetros de la vía, además de bloqueos en zonas de la ciudad y limitaciones al tránsito fluvial en los ríos Tamaya e Iparía. También se reportaron enfrentamientos con la Policía.
El principal reclamo es el alza del combustible. Un dirigente señaló que el diésel pasó de S/11,50-S/12 por galón en marzo a S/23-S/24 actualmente. La protesta ya afecta el abastecimiento: grifos permanecen inoperativos y se forman largas filas, mientras Petroperú sostiene que hay combustible disponible, pero los bloqueos dificultan su traslado en cisternas. También existe acumulación de basura, problemas para retirar residuos hospitalarios y suspensión de clases presenciales en Coronel Portillo.
En una mesa de diálogo, transportistas y organizaciones plantearon reclamos por infraestructura y servicios de salud, agua potable, saneamiento e infraestructura vial. Los dirigentes solicitaron al Gobierno que instalara una comisión de alto nivel con capacidad de decisión.
En Arequipa, los transportistas reclaman elevar el pasaje de S/1 a S/1,30 debido al incremento del combustible y otros costos como aceite, llantas, repuestos y mantenimiento. "Prácticamente trabajamos para pagar el combustible", señaló un chofer.
El martes, seis de las diez empresas que no obtuvieron autorización para cobrar la nueva tarifa paralizaron sus actividades, afectando el transporte de la ciudad y a unos 220.000 estudiantes, cuyas clases presenciales fueron suspendidas. Este miércoles, los buses retomaron el servicio tras recibir cartas notariales de la Municipalidad, aunque los transportistas precisaron que el paro no ha sido levantado.
La noche del miércoles, los dirigentes se reunieron con la alcaldesa Ruccy Oscco. La Municipalidad informó que la mesa de diálogo continuará este jueves, con participación de la Defensoría del Pueblo, la Gerencia Regional de Educación y la Prefectura. La comuna sostiene que las empresas deben cumplir los requisitos y presentar su documentación antes de aplicar el incremento.
En Tacna, la Federación de Transporte convocó un paro de 48 horas los días 10 y 11 de agosto, con la paralización de unidades de transporte urbano e interurbano. Los gremios cuestionaron el precio del diésel, que llegó hasta S/25,35 por galón, y advirtieron que el incremento afecta directamente sus costos de operación. La medida tuvo impacto en el traslado de pasajeros y llevó a la Dirección Regional de Educación a suspender las clases presenciales durante ambos días en los colegios.
En Loreto, el impacto no se concentra únicamente en el transporte terrestre, sino también en una región cuya conectividad depende fuertemente de las vías fluviales. La Defensoría reportó el bloqueo de la carretera Nauta-Iquitos. Además, gremios de transporte de pasajeros, mototaxistas y operadores fluviales habían anunciado medidas de protesta adicionales contra el incremento de los combustibles, cuyo costo repercute en el traslado de personas.
En Puno, el malestar podría convertirse en una nueva paralización. El diésel se vende entre S/24,80 y S/25 por galón y los transportistas aseguran que el incremento ha reducido sus ganancias. “Literalmente estamos subvencionando nuestro propio trabajo”, señaló el transportista Jaime Machaca, quien sostuvo que destina más de S/150 diarios de sus ingresos al combustible.
Los gremios dieron al Gobierno un plazo de un mes para atender su reclamo. Exigen una subvención o la reactivación de un fondo de estabilización que permita reducir el precio hasta unos S/20,00.
El 23 de agosto se realizará una reunión regional de transportistas para definir una posición conjunta. Mientras tanto, el Frente de Organizaciones Populares ya protagonizó un plantón contra el alza.
En mayo se aprobó un subsidio temporal de S/4 por galón de diésel B5 y B20 para transportistas de pasajeros y mercancías, precisamente para amortiguar el impacto del alza del combustible sobre pasajes y fletes. El beneficio cubre las compras realizadas entre el 29 de mayo y el 29 de julio y está sujeto a requisitos específicos.
La medida no evitó que el malestar escalara a las calles, y los paros muestran el límite de esa respuesta. Transportistas reclaman una solución frente al precio que pagan por operar, no solo una compensación temporal.
El politólogo Andy Philipps indicó a este medio que cualquier subsidio es una respuesta de corto plazo que no garantiza una reducción sostenida del precio del combustible. Plantea que el Gobierno debería apostar por masificar el gas natural, promover la conversión de vehículos y avanzar en una nueva matriz energética, una discusión que —sostiene— lleva años postergada.
Philipps señala que el problema no es nuevo y que varias regiones llevan años enfrentando dificultades para sostener un transporte accesible. Pone como ejemplo a Arequipa, Moquegua y Tacna, donde el precio del pasaje se ha convertido en un tema central de la agenda pública debido al incremento del combustible. “El precio del pasaje es un primer orden de agenda pública regional”, sostiene, al advertir que en algunas ciudades las tarifas incluso han llegado a duplicarse.
Para el politólogo, la actual crisis representa una oportunidad para que el Gobierno defina si continuará respondiendo con medidas temporales o si impulsará cambios estructurales. En esa línea, cuestiona que una subvención de corto plazo pueda solucionar el problema si no existe garantía de que la reducción llegue finalmente a los grifos. “Este subsidio no resuelve nada de fondo”, afirma, y plantea que el Estado debería promover la conversión de vehículos, especialmente camiones, al gas natural vehicular.
Philipps considera que el país necesita avanzar hacia una transformación de su matriz energética, una discusión que, según recuerda, lleva años pendiente. “Estamos ante un primer punto de quiebre”, señala, aunque expresa dudas sobre la voluntad de la actual gestión para impulsar ese cambio. A su juicio, el Gobierno mantiene “un enfoque más extractivista, cortoplacista” y podría dejar pasar nuevamente la oportunidad de reducir la dependencia de combustibles caros.
El Ejecutivo anunció la reactivación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y un subsidio temporal para la Amazonía. Pero las protestas muestran que el alza del combustible fue un detonante. El reclamo, sin embargo, empieza a concentrar una agenda mucho más amplia de demandas regionales y costo de vida.(La República).
Lenny Ruiz Fernández, una joven abogada y defensora de los animales, falleció durante el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto. Su cuerpo fue hallado bajo los escombros del edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua de Cali, junto a su perro Salomón, quien sobrevivió al derrumbe al ser encontrado debajo de ella durante las labores de rescate.
Los rescatistas trabajaron durante horas para llegar hasta el lugar donde ambos quedaron atrapados. Al retirar los bloques de concreto, encontraron al pequeño can con vida debajo del cuerpo de su dueña. La escena fue descrita por medios locales y colectivos animalistas como una de las más desgarradoras que dejó la tragedia, pues la posición en la que fueron hallados sugiere que Lenny habría protegido a su mascota durante el colapso del edificio.
Aunque las autoridades no han confirmado que se tratara de un acto deliberado para proteger a su perro, la posición en la que fueron encontrados ambos convirtió el caso en uno de los relatos más conmovedores tras la tragedia. Familiares y organizaciones animalistas le rindieron homenaje, destacando el profundo vínculo que mantenía con Salomón y su dedicación a la protección de los animales.(N60).
La adolescente Ariana V.P.(16), sobre la cual se emitió una alerta de desaparición de la Policía el 26 de julio, se presentó la noche del martes ante el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad. Ante los efectivos policiales manifestó que su supuesto “secuestro” fue una mentira y todo el tiempo estuvo con su enamorado Segundo Rodríguez Ruiz (20), quien la habría amenazado para que se autoinculpe de la patraña.
Como informara Noticias Trujillo, su hermano, quien se comunicó con nosotros, señaló que tras su desaparición habían recibido mensajes extorsivos en donde les exigían S/ 100 mil y luego S/ 50 mil para liberarla, de lo contrario, le cortarían los dedos y la matarían.
Anoche, la menor llegó al Depincri-Huamachuco junto con Beatriz Ruiz, madre de su enamorado. A solas con los detectives, la colegiala adujo que Segundo Ruiz, al ver la gravedad de los hechos, le dijo que se echara la culpa del “secuestro” y que no lo involucre a él ni a sus amigos “Tilín” y “Cachorro”, de lo contrario, la iba a matar.
Ariana dio la dirección del inmueble donde había estado con su enamorado, ubicado en la intersección de los jirones Ugarte y Estete, en Huamachuco, donde fue detenido Segundo Ruiz y donde se halló, escondidos en la azotea, dos celulares usados para las extorsiones. El sujeto es investigado por el presunto delito de coacción, vinculado a extorsión.(Noticias Trujillo).
¡Buenos días! 👘Hoy puede caer la Junta Nacional de Justicia. El CAL revisará si los suspende por reponer a alias Vane. Mientras, Rospigliosi 🐛denuncia a más jueces que no aplican sus leyes pro crimen.
Delincuentes atacaron a estudiante de colegio Los Pinos cuando se dirigía a su vivienda
Alertados del hecho, serenos de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y un equipo de salud del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegaron al lugar para socorrer al escolar.
El adolescente fue trasladado al hospital Belén para descartar algún golpe de consideración.(Correo).
Las mesas directivas de las comisiones del Senado ya tienen distribución para el periodo 2026-2027. Fuerza Popular presidirá cuatro grupos, mientras los demás partidos asumirán otras.
El Senado definió la distribución de las mesas directivas de sus comisiones para el periodo 2026-2027. La Junta de Portavoces aprobó por mayoría el reparto proporcional de los cargos, con Fuerza Popular al frente de cuatro grupos, incluidos Constitución, Inteligencia y Presupuesto, según el acuerdo.
Este acuerdo fue adoptado durante una sesión realizada en la sala Bolognesi y conducida por Miguel Torres. La distribución comprende comisiones ordinarias legislativas y no legislativas del nuevo parlamento bicameral para 2026-2027.
El bloque de Fuerza Popular asumirá las presidencias de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Inteligencia; Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción; y la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, correspondiente al periodo.
Asimismo, tendrá otras mesas directivas con vicepresidencias o secretarías. La relación aprobada establece su participación en Defensa Nacional y Orden Interno, Desarrollo Productivo, Economía, Salud, Gestión del Estado, Justicia y Procedimientos Especiales durante el periodo anual de sesiones.
Renovación Popular obtuvo las presidencias de Defensa Nacional y Orden Interno, así como de Justicia y Derechos Humanos. En ambos casos, Fuerza Popular ocupará las secretarías. La bancada también tendrá la vicepresidencia de Procedimientos Especiales y de Control Político sobre actos normativos para este periodo.
Obras presidirá la comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo. Además, tendrá vicepresidencias en Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, y Defensa Nacional y Orden Interno, mientras que Fuerza Popular ocupará las respectivas secretarías durante 2026-2027 en el Senado.
La distribución también asignó responsabilidades a Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú. Cada bancada obtuvo una o más presidencias, vicepresidencias o secretarías, de acuerdo con el reparto proporcional aprobado por la Junta de Portavoces para las comisiones senatoriales.
Ahora Nación encabezará la comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor, con Fuerza Popular en la vicepresidencia y Buen Gobierno en la secretaría. También tendrá la secretaría de Gestión del Estado y Contraloría, presidida por JPP.
El Partido del Buen Gobierno presidirá la comisión de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital. JPP ocupará la vicepresidencia y Fuerza Popular la secretaría. Asimismo, también tendrá vicepresidencias en Justicia e Inteligencia.
JPP presidirá Gestión del Estado y Contraloría, Ética Parlamentaria y Procedimientos Especiales. La bancada tendrá además la secretaría de Inteligencia y la vicepresidencia de la comisión vinculada con Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital.
Con esta distribución, las mesas directivas de las comisiones del Senado quedan asignadas para el periodo 2026-2027. El acuerdo establece las presidencias, vicepresidencias y secretarías correspondientes a las bancadas, mientras el Cuadro Nominativo fija la composición de las comisiones de la Cámara Alta.(Exitosa).
La Fiscalía inició una investigación preliminar contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por delitos contra la voluntad popular, la tranquilidad pública y el orden constitucional, tras dirigirse de forma intimidatoria hacia el titular de la ONPE y convocar protestas frente al JNE.
La decisión fiscal se formalizó el 7 de agosto, y se especifica una serie de faltas que el Ministerio Público evaluará sobre el caso. “(…) por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular y contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en agravio del Estado (…)”.
De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, la investigación surge a raíz de acusaciones por expresiones directas y calificadas como “intimidatorias” hacia la máxima autoridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
“El 01 de abril de 2026, luego de participar en un debate presidencial, el denunciado habría emitido expresiones contra el Jefe de la ONPE, Piero Alessandro Corvetto Salinas, con presunto contenido intimidatorio”.
Asimismo, la Fiscalía incluyó la postura adoptada por el investigado tras las votaciones del 12 de abril de 2026, cuando difundió una narrativa de fraude al atribuir presuntas irregularidades al proceso y pedir que se anule.
Según señala la disposición, López Aliaga desconoció los resultados de las elecciones y también promovió manifestaciones públicas cerca de la sede institucional de la entidad electoral.
“Asimismo, señala que, tras los resultados electorales difundidos luego de la jornada electoral del 12 de abril de 2026, el denunciado habría cuestionado la legitimidad del proceso, atribuyendo presuntas irregularidades y convocando movilizaciones frente al Jurado Nacional de Elecciones, donde habría realizado expresiones dirigidas contra autoridades electorales y exigido determinadas actuaciones a funcionarios públicos”.(Correo).
Las provincias de Trujillo, Pataz, Chepén y Virú, que están en estado de emergencia, concentran el 79% de homicidios ocurridos en la región
De acuerdo con el Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana, Trujillo es la provincia con más homicidios registrados durante los primeros siete meses del año. En esta jurisdicción el hampa cobró la vida de 52 personas.
La segunda zona más violenta es Pataz. Acá la guerra entre bandas por el control de la minería ilegal dejó 24 víctimas mortales.
En tercer lugar figura Chepén, con 21 asesinatos, y luego viene Virú, en donde se reportaron 10 muertos a balazos.
Estas cuatro provincias encabezan el ranking de criminalidad y concentran el 79.2% de los homicidios ocurridos este año en La Libertad. Esto a pesar de que se encuentran en estado de emergencia por inseguridad ciudadana: Trujillo, Pataz y Virú desde el 2024, mientras que Chepén ingresó en mayo de este año.
La ola de inseguridad también alcanzó a Ascope, en donde ocurrieron 10 asesinatos. Después vienen Pacasmayo (8), Gran Chimú (6), Otuzco (2) y Santiago de Chuco (2).
Se debe recalcar que a estos 135 crímenes habría que agregarle al menos siete homicidios ocurridos durante los primeros ocho días de agosto: uno en Virú, otro en Huanchaco, uno en La Esperanza y cuatro en Salaverry.
El gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Dávila, lamentó que la delincuencia siga cobrando vidas en este departamento. No obstante, destacó que las cifras, en comparación al 2025, disminuyeron.
“El año pasado, de enero a julio, tuvimos 166 asesinatos y este año hay 135. Son hechos lamentables, pero hemos tenido 31 homicidios menos que el año pasado, que hacen un promedio de casi 19% menos”, indicó.
El funcionario aseguró que los hechos delictivos disminuyeron por el trabajo conjunto que realizan el Gobierno Regional de La Libertad y la Policía.
Además, resaltó la implementación de la página web www.trujillovencelaextorsion.com.pe. Según dijo, “está dando resultados porque se pueden hacer denuncias anónimas, sobre todo de delitos graves como sicariato, homicidio, extorsión, que es lo que más azota a la región La Libertad”.(Correo).