Lee Paolo Rivera Guerra asumió un cargo directivo en el Midagri. El caso se suma a otros nombramientos y contrataciones vinculados a personas cercanas a altos funcionarios.
Lee Paolo Rivera Guerra fue designado director ejecutivo del Proyecto Especial Binacional de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo (PEBDICP), organismo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). La designación fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° D000396-2026-MIDAGRI-DM, publicada el 26 de septiembre.
Rivera Guerra ha sido identificado en reportes periodísticos como pareja de Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. Sin embargo, el documento oficial de nombramiento no menciona ese vínculo personal y se limita a señalar su designación en el cargo. Además, Rivera ya contaba con experiencia previa en el Estado: en 2024 fue designado intendente regional de Sunafil en Loreto.
El nombramiento vuelve a poner bajo atención otros casos recientes. María Luisa Carrillo Alzamora, esposa del premier Luis Galarreta, figura como asesora II en el despacho de la diputada de Fuerza Popular Ana Patiño, con una remuneración de S/ 8.470,08 registrada en agosto. Antes también había trabajado como consultora en el Midagri.
Otro episodio involucró al ministro de Educación, José Antonio Chang, y a la excongresista Tania Ramírez, designada como representante del Minedu ante la Derrama Magisterial. Tras difundirse que ambos coincidieron en varios viajes, surgieron versiones sobre una presunta relación sentimental. Chang negó públicamente cualquier vínculo amoroso y defendió la idoneidad profesional de Ramírez, quien posteriormente renunció al puesto.
Los tres casos han alimentado el debate sobre los criterios utilizados para designaciones y contrataciones de confianza dentro del Estado. Hasta el momento, no existe evidencia pública que demuestre que Rivera Guerra haya sido nombrado por su relación con Loza, ni que los otros casos constituyan por sí mismos una irregularidad administrativa o penal. La discusión se centra, por ahora, en la transparencia y en la necesidad de sustentar adecuadamente la idoneidad de quienes acceden a cargos públicos.(N60).
