Premio. Poco después de emitir su informe sin identificar a uno solo de los responsables por la muerte de diez civiles, el general Marco Marín Saldaña fue designado por el Gobierno como agregado militar en la embajada del Perú en Washington.
La Inspectoría General del Ejército concluyó que ninguno de los oficiales o subalternos que participó en la represión a la protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte es responsable del asesinato de diez ciudadanos que se registró en Huamanga, Ayacucho, el 15 de diciembre de 2022.
Ninguno.
Los protocolos de necropsia expedidos por el Instituto de Medicina Legal señalan que las víctimas fueron impactadas por proyectiles compatibles a los fusiles de fabricación israelí Galil, armamento que portaban los elementos del Ejército el día de los hechos, como está comprobado por centenares de videos y fotografías.
Pero el informe final del inspector asignado para el caso, el general de brigada Marco Marín Saldaña, no atribuyó los homicidios a ninguno de los uniformados.
Ninguno.
El general Marco Marín solo encontró faltas administrativas, burocráticas, nimias, atribuidas a ocho uniformados del Ejército, a quienes se sancionó con un castigo simple.
Nada más
Los oficiales y subalternos que fueron desplegados el trágico día pertenecían a la Segunda Brigada de Infantería Wari, acantonada en Huamanga, y a la IV División del Ejército, con cuartel general en Pichari (Cusco), en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
En un primer momento, el general Marco Marín inició proceso a 37 efectivos. De este grupo, a 12 oficiales que eran parte de la IV División del Ejército, les imputó infracciones graves y muy graves: por haber disparado, por haber ordenado disparar o por haber impedido que sus subordinados disparen a los manifestantes (ver documento).
Sin embargo, el general Marco Marín los exculpó de todos los cargos, y concluyó que la autoría de la muerte a balazos a larga distancia de la decena de civiles es un invento de la prensa.
“No está probado que los heridos y/o fallecidos mencionados en los medios de comunicación social y en las redes sociales hayan sido producto del accionar de los integrantes de las patrullas de las Fuerzas Armadas”, indica el inspector asignado al caso, el general Marco Marín, en la página 501 del tomo tres de la carpeta del caso al que La República tuvo acceso.
En la primera semana de febrero de 2023, el comandante general de la IV División del Ejército, general de División Miguel Gonzáles Bojórquez, encargó la investigación del caso a su inspector general, general de Brigada Marco Marín Saldaña.
Muy poco después, el 24 de marzo, el general Marín entregó su informe final a su jefe, el general Miguel Gonzáles. Fue, significativamente, una investigación exprés.
Luego de algunas semanas, el primero de mayo, el general que exculpó a los militares que participaron en la represión que dejó un saldo de diez civiles muertos recibió algo muy parecido a un premio.
Desde el primero de enero de 2022, el general Marco Marín asumió funciones como inspector general de la IV División del Ejército. Empero, una vez que entregó su informe sin acusar a ninguno de los militares, fue nombrado agregado militar en Washington y representante en la Comandancia General Adjunta de Interoperabilidad en el U.S. Army South, en Houston, Texas (EE. UU.). Viajó para asumir funciones el 15 de mayo, según su movimiento migratorio.
Recién el 5 de octubre, la presidenta Dina Boluarte rubricó la resolución suprema para formalizar el destaque del general Marco Marín a Estados Unidos. Boluarte es investigada por el caso de la matanza en Ayacucho.
La rapidez con la que el Ejército actuó para concluir oficialmente que ninguno de sus oficiales y subalternos es culpable de alguno de los asesinatos del 15 de diciembre en Huamanga, contrasta con la lentitud y rechazo con que respondió a las solicitudes de la fiscal encargada del caso, Mirela Coronel Molero.
Necesitaba los documentos clasificados sobre la actuación de los militares el 15 de diciembre para establecer si estos cumplieron con los protocolos sobre el uso de la fuerza. Como el Ejército se negaba a colaborar, la fiscal Coronel tuvo que recurrir al Poder Judicial para obtener la información.
Recién el 17 de julio de 2023, la fiscal Coronel consiguió que la jueza Margarita Salcedo Guevara ordenara al Ejército que proporcionara lo solicitado. Se trataba de 1.662 folios divididos en tres tomos, en los que se encontraba el informe final exculpatorio del general Marco Marín Saldaña.
Según el expediente al que La República tuvo acceso, el inspector general Marco Marín comprendió a una treintena de oficiales y suboficiales. Pero a 12 (cuatro coroneles, dos teniente coroneles, cuatro capitanes y dos tenientes: ver recuadro fotográfico), pertenecientes a la IV División del Ejército, les inició proceso por cuatro gravísimas imputaciones (ver documento). Estos militares fueron destacados al aeropuerto de Huamanga para apoyar al contingente de la Segunda Brigada de Infantería Wari que se encontraba en el lugar.
Según los testimonios recogidos por inspector Marco Marín, fueron los efectivos de la IV División los que salieron del aeropuerto y persiguieron a los manifestantes por las calles aledañas, precisamente, en las zonas donde fueron abatidos varios de los diez civiles. Por esta razón fue que Marín les imputó las infracciones grave y muy grave, a diferencia de los demás implicados.
En su defensa, el jefe del contingente de la IV División, coronel Lindell Pinto Ybárcena, afirmó que recibió la orden de viajar a Huamanga desconociendo lo que tenía que hacer: “Es importante resaltar que no participamos en el planeamiento operativo de la SZSN-4 (Sub Zona de Seguridad Nacional, Huamanga) ni disponíamos en ese momento de un plan operativo para la IV DE (de Pichari)”.
Lo sorprendente es que varios efectivos interrogados por el general Marín dieron pistas sobre los autores de los mortales disparos. Pero el inspector pasó por alto la información. Estaba más preocupado en cerrar el caso lo más rápido pósible.
Continuará…
(LA REPÚBLICA)
Los otros implicados
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Cronología
- 16-12-2022. El inspector general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Ángel Pajuelo, ordena que la IV División del Ejército investigue el caso.
- 01-02-2023. El general Marco Marín Saldaña es designado jefe del equipo de la Inspectoría de la IV División para que identifique a militares implicados en muerte de civiles.
- 24-03-2023. El general Marín entrega su informe final que exculpa a todos los militares implicados en el asesinato de una decena de civiles el 15 de diciembre de 2022.
