Por: Dionicio Mantilla León
Ante la ola de criminalidad que viene
arreciando en el país el gobierno de Dina Boluarte ha declarado por 30 días, el estado de emergencia en 3 distritos que son los que más
vienen sintiendo este flagelo convertido hoy en terrorismo y que no hay cuando
termine. En esta oportunidad los distritos en donde se aplicará tal medida son
San Juan de Luringancho, San Martín de Porres en Lima, y , Sullana, en
Piura. Como se sabe esta medida implica
la suspensión de una serie de derechos constitucionales entre ellos la
inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, entre otros, lo cual se
supone permitirá facilitar la captura de delincuentes, extorsionadores, sicarios, etc.
Sin embargo, la interrogante que se plantea la
ciudadanía ¿Es surtirá efecto esta medida? La duda surge porque con esta van ya
como una decena de declaratorias de estado de emergencia en el país sin
resultados positivos, pues terminado el plazo el problema continúa. Para colmo,
durante el mismo estado de emergencia se siguen cometiendo los actos criminales,
pese al esfuerzo de la policía y el apoyo de las fuerzas Armadas.
Un ejemplo claro del porqué se duda
es la declaratoria de esta medida en nuestra región durante 3 oportunidades
casi continuadas con resultados fallidos lo mismo ocurrió en la capital de la
República durante la época del ex presidente Pedro Castillo. La razón de los
fracasos se debe a que los gobernantes siempre lanzan la declaratoria de esta medida
de una manera simplista y echándole toda la responsabilidad de su cumplimiento
a la PNP y las FF.AA. como haciendo entender que ya cumplieron y punto. A
sabiendas que el tema es integral y que para que sea exitosa debe haber
compromiso y participación de muchas instituciones del Estado.
¿Acaso no es conocido que la policía,
luego de cumplir con su deber de detener a los delincuentes y entregarlos con
su respectivo atestado a los otros operadores de la seguridad ciudadana:
Ministerio Publico y Poder Judicial, son liberados recurriendo a argucias y
leguleyadas? Un caso concreto fue lo ocurrido con los cómplices del “maldito Cris” que por la negligencia de la
Fiscal se escaparon. De esta manera la labor policial se ve entorpecida
provocando el malestar y la desazón de la PNP.
Otra interrogante que se plantea es:
¿El gobierno ha capacitado a los efectivos de las FF.AA. para el cumplimento de
esta tarea de apoyo a la policía o es que desean que se repitan las muertes
acontecidas en Puno y que hasta ahora no son esclarecidas? Lamentablemente la
respuesta es negativa y el gobierno lanza esta medida de emergencia para
contentar al pueblo y salir del apuro a sabiendas que no tendrá éxito.
Para acabar con la inseguridad y
lograr el éxito del estado de emergencia no sólo en esos 3 distritos sino de
todo el país el gobierno debe comprometer a todos los sectores tutelares del
país, estructurar un plan integral de seguridad ciudadana y una estrategia
seria con el protagonismo de la División de Inteligencia policial, (¿Porqué
no se reapertura la Policía de
Investigaciones del Perú _ (PIP)?), porqué no se capacita adecuadamente a las
instituciones de apoyo de la PNP: FF.AA., Serenazgo, Juntas Vecinales. rondas
campesinas, rondas urbanas; se brinda la logística y equipamiento pertinente a
la PNP.? El gobierno debe promover la auto regulación del cumplimiento de la labor
del Ministerio Publica, Poder Judicial, ODECMA revisando las hojas de servicios
de fiscales y jueces. Una tarea en la que debe intervenir la Junta Nacional de
Justicia.
Según el Jefe de la PNP, General,
Jorge Angulo, el 70 % de delincuentes son de procedencia extranjera y de ellos,
el 60 % es venezolana. Por sentido común entendemos que la lucha contra la
delincuencia debe centrarse contra los jefes de las bandas criminales, pues
cogiendo las cabezas la delincuencia se desarticula. Debemos considerar que si
se expulsan todos los delincuentes e indocumentados venezolanos el índice de
víctimas disminuiría. El plazo para regularizar su documentación vence el 10 de
noviembre. Esperamos que el gobierno cumpla.
De otro lado, deben reactivarse todos
los Comités de Seguridad Ciudadana de todos los niveles, considerarse una
reingeniería del INPE, construirse nuevos penales (Frontón, Sepa y ampliación
del penal de Shayapalca). Y finalmente, convocar al Concejo de Estado y el
Acuerdo Nacional (AN) para exponer su plan de lucha contra la inseguridad
ciudadana con el propósito de obtener de ellos el mejoramiento y apoyo para su cumplimiento.
Empero, ninguna de estas propuestas tendrá éxito sino existe el liderazgo del
gobierno, pero ¿Será posible esto?
Presentar la declaratoria de
emergencia de manera simplista sin considerar la integralidad de la solución
del problema es condenarla al fracaso. Debemos ser conscientes que nuestra
sociedad se encuentra en guerra contra este nuevo terrorismo citadino y debemos
otorgarle la mayor importancia.