En San Juan de Lurigancho continúan los crímenes por sicariato.
El fracaso del plan Boluarte para acabar con la violencia en San Juan de Lurigancho, y en otros distritos en los que se viene aplicando, lo muestran las cifras de asesinatos y de crímenes que se siguen cometiendo ante la vista y paciencia de la Policía, ahora reforzada por la presencia militar.
Son 91 las personas asesinadas en los últimos 10 meses en el distrito, tres de ellas acribilladas el viernes último, dos de ellas custodios y un mototaxista.
Desde el primer momento se levantaron voces expertas contra el denominado plan Boluarte. Se dijo que era improvisado y que la presencia militar no era adecuada porque no están entrenados para cumplir ese tipo de labores. Se puso como ejemplo que una experiencia anterior en el Callao produjo el traslado de la delincuencia a otro distrito, lo que generó un problema adicional en vez de ofrecer soluciones.
Nada importó. Se movilizaron recursos a la zona y se hicieron los cercos y redadas con bastante más de circo mediático que resultados concretos. El efecto es el que apreciamos: las bandas organizadas siguen operando, lanzan granadas contra centros de entretenimiento con público asistente y el sicariato sigue cobrando víctimas.
Hay quienes consideran que la falla puede atribuirse a una falta de liderazgo clamoroso en el Gobierno. También se considera que los estados de emergencia no constituyen una salida porque no se tienen visiones integrales del problema y se reducen a acciones efectistas sin mayor incidencia.
La propia estadística de la criminalidad señala que al día se roban 4.000 celulares en la capital. Se trata de uno de los crímenes más frecuentes. A ello hay que sumar la llegada al Perú de bandas criminales internacionales que agravan la situación por la presencia de sicarios que ejecutan a probables competidores o que hacen realidad de las amenazas contra comerciantes y empresarios que se niegan a los pagos de cupos o a extorsiones por los préstamos ‘gota a gota’.
Para un país que se bate entre la informalidad y la inseguridad ciudadana, se requiere un trabajo intensivo de acción policial de inteligencia, el combate a la corrupción de las organizaciones del Estado y una alianza con la ciudadanía, para devolver confianza y compromiso común. Ninguno de esos elementos está presente en el plan Boluarte.