Está plenamente probado el origen ilícito de las propiedades de los hermanos Santos, Segundo y Fortunato Sánchez Paredes, así como de Fidel Sánchez Alayo, hijo de Segundo, señala la fiscal superior Marlleny Morales Yataco, quien también ha pedido la incautación de todos los bienes y una multa de S/4.606 millones.
Desde los años 70 hasta los 90, los hermanos Santos, Segundo y Fortunato Sánchez Paredes, y el hijo de Segundo, Fidel Sánchez Alayo, construyeron un imperio económico con fondos obtenidos de actividades del narcotráfico, y evitaron la acción de la justicia debido a sus vínculos con el poder político de turno, señala la fiscal superior Marlleny Morales Yataco en la sustentación del pedido de prisión para los integrantes del clan Sánchez Paredes.
El caso se inició cuando el 28 de enero de 2008, el entonces mandatario Alan García Pérez anunció un megaoperativo contra la familia Sánchez por sus presuntas relaciones con el tráfico de drogas y el lavado de activos, con cuyos compraron minas auríferas con el fin de ocultar el verdadero origen de sus negocios.
En su demanda ante la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, la fiscal Marlleny Morales Yataco señaló que en las investigaciones fiscales y procesos judiciales que enfrentaron los Sánchez Paredes existieron anomalías en la investigación, se pasaron por alto evidencias notables y se aceptaron como válidos documentos falsos que presentaron estos, lo que les permitió evadir la acción de la justicia.
Pero luego de haber revisado todos los actuados, la fiscal Morales concluyó que había pruebas contundentes contra los Sánchez Páredes, por lo que solicitó la liquidación de 7 de sus empresas, el decomiso de todos sus bienes, la imposición de una multa astronómica de S/4.606 millones, y una pena de 28 años y 4 meses para cada uno por el delito de lavado de activos.
“Se ha logrado probar (…) con abrumadores e irrefutables medios probatorios como documentos policiales (atestados, partes y reportes policiales), informes DEA (agencia antidrogas estadounidense), información judicial de México, información de autoridades de Estados Unidos relacionados con el TID (tráfico ilícito de drogas), declaraciones contenidas en documentos emitidos ante autoridades extranjeras, movimiento financiero nacional e internacional en países en los que los acusados han realizado actividades del TID, en cuyo sistema financiero los acusados aceptaron tener millones de dólares, cuyo origen ilícito no explicaron”, argumenta la fiscal Marlleny Morales, de acuerdo con el expediente al que tuvo acceso La República.
Durante 15 años la defensa de los Sánchez Paredes consiguió sortear las acusaciones de narcotráfico y lavado de activos, pero una revisión y evaluación de los expedientes, peritajes, testimonios y documentos oficiales nacionales y extranjeros, permitió establecer que los hermanos se enriquecieron con actividades ilícitas, conforme el requerimiento fiscal.
Durante 15 años la defensa de los Sánchez Paredes consiguió sortear las acusaciones de narcotráfico y lavado de activos, pero una revisión y evaluación de los expedientes, peritajes, testimonios y documentos oficiales nacionales y extranjeros, permitió establecer que los hermanos se enriquecieron con actividades ilícitas, conforme el requerimiento fiscal.
Para la autoridad la única explicación de por qué el clan Sánchez Paredes durante más de 3 décadas no pudo ser intervenido y sus miembros encarcelados, es que durante todo ese periodo lograron respaldo políticos, como en los años 90, por parte del exasesor del expresidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos. La fiscal Marlleny Morales recordó que antes de llegar al poder, Montesinos había sido abogado defensor de prominentes narcotraficantes nacionales y extranjeros.
“Está probado que los acusados Santos Sánchez Paredes, Segundo Sánchez Paredes, Fortunato Sánchez Paredes y Fidel Sánchez Alayo siempre estuvieron vinculados al poder político de turno que les permitió perennizar en el tiempo sus actividades de TID (tráfico ilícito de drogas). ¿Por qué a pesar de todo ello estos casos no fueron judicializados en su oportunidad y por qué a la fecha los acusados no obtuvieron ninguna sentencia condenatoria por TID? No encontrarán más respuestas que las circunstancias políticas y vínculos con el poder que rodearon el periodo en el que los acusados iniciaron y realizaron actividades del TID que objetivamente se ha probado”, explica la fiscal ante la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria,
Las empresas que deben ser liquidadas y disueltas, según la solicitud de la fiscal, son: Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), Pool de Maquinarias Industriales Santa Patricia (Pomispa), Compañía Minera San Simón, NAG San Simón, Ganadera San SImón, SMRL Señor de los Milagros de Trujillo y San Simón Equipos. (LA REPÚBLICA)