En la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ se habrían copado plazas entre personas vinculadas a un mismo trabajador de esta oficina. Ellos presentaron como experiencia laboral haber trabajado como abogados de una cevichería y como miembro del área legal de un gimnasio.
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Un reportaje del programa Punto Final reveló este domingo que siete trabajadores de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) provienen de un mismo círculo de amigos y al menos cinco de ellos intercambiaron certificados de presunta experiencia profesional en una cevichería para acceder a la entidad.
Según la nota periodística, los involucrados en este caso trabajan en la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ, al mando de la abogada Marielka Nepo Linares. A esa área entró Frank Fernández Echevarría, quien ingresó a la institución como practicante y escaló posiciones hasta obtener una plaza mediante la modalidad de contrato CAS, con el cargo de analista.
Allí recibe una remuneración de S/ 8 mil mensuales desde septiembre del 2022. Sin embargo, él incluyó en su currículum vitae una constancia de trabajo como abogado de la cevichería “La Tremenda Corte” y como personal del área legal de un gimnasio llamado “Millenium”.
Más contratos
De acuerdo con Punto final, la citada dirección de la JNJ empezó a contratar a allegados a Fernández cuando este obtuvo el cargo de analista. Uno de los supuestos beneficiados es Johan Castillo de la Cruz, quien consiguió una orden de servicios de S/ 10 mil por 45 días de trabajo y un contrato CAS por S/ 4 mil mensuales entre 2021 y 2022. Su función fue armar y revisar expedientes. Lo llamativo es que se trata del fundador de la cevichería "La Tremenda Corte".
Cuando Castillo culminó su contrato CAS, la JNJ contrató a su hermana, Linda Castillo de la Cruz, por seis meses, por un pago de S/ 36 mil. Según el dominical, la joven es enamorada de Frank Fernández y se le encargó la revisión y calificación de denuncias contra jueces supremos.
Linda Castillo también adjunto en su currículum que fue abogada de la cevichería “La Tremenda Corte” y laboró en el gimnasio “Milenium”.
Otro funcionario conocido de Fernández que consiguió empleo en la JNJ fue Claudio Valdera Bohorquez, quien obtuvo una orden de servicios de S/ 10 mil por un trabajo de 45 días que consistió en verificar que los expedientes físicos de la Dirección de Procesos Disciplinarios cuenten con una versión digital.
Este joven aseguró haberse desempeñado previamente como administrador del gimnasio “Millenium”, que le pertenece a su mamá, Edith Bohorquez Carrillo. En el reportaje se conoció que ella firmó las constancias de trabajo de Fernández y Linda Castillo.
Un involucrado más es el abogado Rayan Calderón Bringas, analista en la JNJ con un salario de S/ 6 mil mensuales. En su currículum vitae señaló haber trabajado en la supuesta área legal del gimnasio “Millenium”.
La abogada Milena Aguilar Valle es otra funcionaria que obtuvo órdenes de servicios en la misma dirección entre marzo de 2022 y agosto pasado. Es amiga de Frank Fernández desde que fueron estudiantes en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ella se encargó de revisar y calificar las denuncias contra fiscales de nivel inferior al supremo.
Por último, el abogado Edson Villarroel Beraún, otro amigo de Fernández, obtuvo un contrato CAS en la JNJ por S/ 6 500. Su función fue distribuir los expedientes de denuncias entre los miembros de esa institución y redactar proyectos de calificación de denuncias.
La Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ brinda soporte técnico y jurídico a la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios en la tramitación de denuncias, investigaciones preliminares y procesos seguidos contra jueces, fiscales y jefes de la ONPE y el Reniec.
Inician investigaciones
La Junta Nacional de Justicia emitió en la noche un comunicado para informar que se han iniciado las indagaciones tras lo revelado por el programa Punto Final.
"La Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la JNJ ha iniciado ya investigaciones sobre los hechos señalados, a fin de determinar responsabilidades si fuere el caso, debiendo emitir el informe y las recomendaciones pertinentes en el más breve plazo", se lee en el documento.
Por otro lado, la entidad aclaró que los siete trabajadores a los que se hace referencia en el reportaje cumplen funciones de apoyo en la Dirección de Procedimientos Disciplinarios (DPD). No obstante, las investigaciones y procedimientos disciplinarios a jueces y fiscales están, exclusivamente, a cargo de los despachos de los miembros titulares de la JNJ.