La popularidad de la presidenta Boluarte ya alcanza el dígito y se acerca a la del Congreso de la República.
Hay dos razones que parecen explicar la caída que muestra la popularidad de la presidenta Boluarte en este último mes y que la coloca ya casi en el histórico que proyecta el Congreso, de 6%. La mandataria se ubica con una desaprobación de 8%; es decir, de cada 12 peruanos, solo 1 la aprueba.
Esta comprobación corresponde a la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de noviembre y que se publica en La República en la edición de este fin de semana.
La primera razón apunta a que los viajes al exterior no solo no la han mejorado ante la opinión pública, sino que, por el contrario, la han llevado hacia abajo. Las engañosas fotografías, las notas exageradas desde la prensa de la Presidencia de la República y de los medios oficiales, que ahora están subyugados a un rol de reproducir el cherry, no sirven. Pronto se descubre la realidad del montaje y la imagen de la mandataria se sigue deteriorando a velocidad.
La segunda razón se ubica más bien en el ‘dejar hacer, dejar pasar’ en el que se ha convertido la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Ante un Poder Legislativo belicoso y arbitrario, se contrapone un Ejecutivo genuflexo y obediente. Hay algunas tareas en las que han actuado en coordinación, como la captura de la Sunedu. Pero en los temas electorales, por ejemplo, la respuesta gubernamental ha sido un silencio cómplice.
Las medidas de contrarreforma política aprobadas en primera instancia en el Congreso no han merecido más que un convenido silencio. Lo mismo, las intentonas obsesivas para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. En este caso, la encuesta del IEP también expone la severa crítica que provoca en la población esta ausencia de posición del Gobierno ante el acoso al que es sometida la JNJ. El 77% de los peruanos considera que debiera haberse realizado un pronunciamiento.
Es aún más preocupante la situación, si se considera que el Congreso no respeta la separación de poderes y persiste en su equivocado estribillo de ser el primer poder del Estado, condición que ni la Constitución ni las leyes le reconocen. Habrá que ver cuál es el punto de inflexión del Congreso para seguir avalando al Ejecutivo, a cambio de la permanencia de ambos hasta el 2026, y de un Gobierno que ha perdido identidad y rumbo, devorado por la prepotencia del Parlamento del 6%.