En medio de la crisis política surge el debate sobre la libertad del exdictador Alberto Fujimori.
Varias maniobras distractivas van girando en la palestra para evitar que se mantenga la atención centrada en la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien la madrugada del lunes fue jaqueada por una orden judicial que contemplaba la detención de sus principales colaboradores, descerraje de las oficinas fiscales e incautación de documentos y de CPU de las computadoras.
Esta investigación fiscal a cargo de Marita Barreto ha logrado determinar que se ha intentado destruir evidencias y que durante la madrugada, poco antes de que proceda la disposición judicial, se ha llevado a cabo una reunión de la fiscal Benavides y sus allegados para trazar la estrategia de defensa a seguir.
Desde la tarde del martes se está discutiendo si el Tribunal Constitucional ha abierto o no la puerta de la cárcel del exdictador Alberto Fujimori, en la que purga prisión por varios delitos de lesa humanidad. El debate sobre esta intervención del TC, en respuesta a una consulta elevada por la defensa del exmandatario, ha funcionado como una cortina de humo que intenta sacar del centro de la atención pública a los actores políticos de la crisis que envuelve al país.
Además de la fiscal y sus colaboradores, la red mafiosa comprende a los congresistas que se allanaron a los arreglos turbios organizados desde el MP; a la presidenta Boluarte y su Gobierno, quienes se beneficiaron durante 11 meses de la complicidad con la fiscal Benavides para apañar las muertes de 49 civiles desarmados, asesinados durante las protestas.
También es necesario que se destape la elección concertada con la coalición gobernante del defensor del Pueblo y las coordinaciones para la destitución de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sobre estos últimos todavía pende la amenaza de su separación, mediante un proceso sumarísimo también organizado desde el corazón del MP en coordinación con las bancadas del Congreso asociadas a estos actos turbios de intercambios de votos por favores.
El procesamiento de esta crisis y la determinación de todos los que participaron en este contubernio mafioso son un pendiente impostergable. Se trata de, en concreto, reconocer que discutir sobre la libertad de Fujimori es el pasado y requerimos un debate sobre el futuro. El país que queremos y necesitamos no se puede construir sobre la base de esta conducta impropia y generalizada de quienes dirigen los destinos del país desde los diferentes estamentos del poder.
Es necesaria una operación moralizadora que expectore esta costra infectada, y bajo consensuadas reglas de juego democráticas y modernas se proceda a un nuevo pacto ético y político que sustituya al viejo modelo clientelar y corrupto que hoy nos gobierna.