El feminicidio va en aumento y no hay quien lo detenga.
Por: Dionicio Mantilla León
Y se dio la disolución del Congreso de la República en medio de gritos destemplados de protesta del fujimorismo y sus aliados, pedir nuevamente opinión a la Comisión de Venecia y plantear queja al TC peruano el que aún no se recompone pero ante lo vano de su intento convertir a la Comisión Permanente congresal en un mini parlamento intentando así poder continuar dirigiendo los temas nacionales y seguir entorpeciendo la labor del Poder Ejecutivo. Un asunto que ha sido denunciado como usurpación de funciones por Marco Arana, Líder del Frente Amplio.
El paso dado por Vizcarra lógicamente fue respaldado por la población aunque el combate a la corrupción y las broncas con el Parlamento se convirtieron en una obsesión presidencial descuidando otros temas de suyo importantes para la población lo que ha devenido en una paralización de la maquinaria del desarrollo nacional, el lesionamiento del bienestar y la seguridad popular temas que son materia de gran preocupación y que, al parecer, no tiene cuando acabar. Particularmente, este último, problema que va graficando diariamente, un panorama de asaltos, crímenes, feminicidios, secuestros, extorsiones llegando al extremo de casos macabros de descuartizamientos de personas.
Como es posible evidenciar el clima de inseguridad campea por doquier lo que ha motivado, para que varios alcaldes soliciten al gobierno central la intervención de los efectivos del ejército una propuesta polémica que hasta ahora no obtiene respuesta por considerar que de acuerdo a la Constitución los responsables de brindar la seguridad y el orden en la seguridad son los efectivos policiales, pese a esto persiste la petición para algunos no tan descabellada considerando la actual coyuntura y las carencias de la PNP no sólo de efectivos, sino de logística y de un plan estratégico adecuado.
Pero el tema de la inseguridad se ha visto agudizado también por la presencia abrumadora de inmigrantes venezolanos por la falta de una política inmigratoria que tenga en cuenta en primer lugar los intereses y seguridad nacionales. Un tema que está a punto de producir un colapso social evidenciado por el incesante ingreso de venezolanos con antecedentes criminales agravados por asesinatos seguidos de descuartizamientos.
Sin lugar a dudas un cuadro desolador, pero que a la luz de un análisis frío y prudente puede tener una salida viable si es que tomamos las normas legales de seguridad ciudadana con seriedad y sensatez. Normas que creemos deben ser aplicadas de manera integral y no retaceadas debiendo ser ejecutadas con responsabilidad por las autoridades algo que lamentablemente no se viene dando desde la máxima autoridad nacional hasta el del más humilde villorrio.
Un ejemplo muy claro es que ninguno de los últimos presidentes democráticos que hemos tenido ha aplicado las normas legales de seguridad en toda su plenitud y sino preguntamos cuando algún mandatario de la República en su calidad de Presidente del Comité Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) cuenta con un Plan de Trabajo, haya convocado a sesión de dicha entidad para diagnosticar, analizar, aplicar medidas solutorias al tema de la criminalidad de una manera integral. Nunca. En su lugar cada entidad operadora del orden y la seguridad trabaja por su cuenta.
Lo mismo ocurre con las otras instancias de la Seguridad Ciudadana: CORESEC (Regionales), COPROSEC (Provinciales), CODISEC (Distritales), pues todas ellas trabajan por su lado e, incluso, sin algún Plan de trabajo coherente y viable mucho menos coordinado con los operadores del orden, la seguridad y la justicia. Un ejemplo claro es la Municipalidad Provincial de Trujillo. ¿Acaso alguna vez ha convocado a sesión de trabajo del COPROSEC?
Los temas que ahondan la inseguridad son la falta de estrictez en el ingreso de postulantes a las fuerzas policiales dando pie al ingreso de personas con antecedentes policiales con la complicidad de sus mismo padres que protestan cuando se desea pasarle por el polígrafo, otro factor en es contra es la indiferencia y falta de profesionalismo de la mayoría de agentes fiscales que no profundizan las investigaciones, los jueces administran justicia muchas veces inclinando la balanza en favor del delincuente dando libertad a prontuariados y feroces criminales. Otro factor es el olvido de las sanciones denominadas comunitarias y la poca consideración a los llamados delitos leves como el arrebato de carteras, robos de celulares sin considerar que muchas veces estas van acompañadas de violencia y hasta de asesinatos.
Por otro lado, las rondas campesinas y urbanas que cumplen una eficaz labor de contención de la delincuencia no son valoradas cabalmente por la sociedad principalmente por los operadores de justicias tal vez por celos y hasta la fecha el art. 149 de la Constitución que avala medianamente a las rondas campesinas no reconoce a las rondas urbanas dificultando su labor de combate a la criminalidad.
En conclusión, la inseguridad es un tema de primera prioridad; pero no viene siendo objeto de una real preocupación de la sociedad, de los operadores de justicia y del gobierno en todas sus instancias.
Los crímenes y delincuencia
provocan la angustia en el país.