A pesar de ser informada sobre que las protestas no tenían vínculos criminales y que no existían amenazas terroristas, Boluarte desplegó a las fuerzas militares y policiales en diversas regiones como Puno y Ayacucho para realizar operativos que terminaron en masacres que cobraron 50 víctimas fatales y cientos de heridos. Asimismo, según las actas de reuniones del Consejo de Ministros de diciembre de 2022 y febrero de 2023, se halló que durante 29 reuniones lideradas por la actual jefa del régimen, en ningún momento condenó la represión.
Por Jair Sarmiento
Dina Boluarte tuvo comunicación constante con los ministros y mandos policiales y militares durante los días en los que 50 peruanos fueron asesinados y cientos de personas eran heridas por la represión de su régimen en las regiones que se manifestaron en su contra durante el 2022 y 2023. Así lo evidencia el informe «¿Quién disparó la orden?» de la organización internacional, Amnistía Internacional.
Asimismo, Amnistía Internacional obtuvo una copia de las actas de las reuniones del Consejo de Ministros entre el 12 de diciembre de 2022 y el 1 de febrero de 2023, y encontró que, durante 29 reuniones lideradas por Boluarte, en ningún momento aprovechó la oportunidad para condenar los actos de violencia cometidos por la policía y las fuerzas armadas.
Por el contrario, luego de que se conocieron las primeras víctimas de la represión, ascendió a funcionarios como el investigado Alberto Otárola y a un alto mando policial que firmó todos los planes de la Policía que condujeron los operativos durante las protestas.
«Lejos de hacer rendir cuentas a las fuerzas del orden, la presidenta sostuvo un discurso público elogiando la actuación de la policía y el ejército y estigmatizando a las personas manifestantes como ‘violentistas’ y ‘terroristas’. La presidenta mantiene un discurso estigmatizante hasta la fecha de publicación de este informe, socavando la dignidad de las víctimas, que muchas veces provienen de entornos marginalizados y regiones con una mayoría de población Indígena y campesina», señala el reciente documento.
Amnistía Internacional también menciona que Boluarte pudo haber frenado la represión militar y policial, sin embargo, según la información obtenida por la organización que vela por los derechos humanos, solo hubo un mensaje de WhatsApp enviado el día 18 de diciembre desde el teléfono de Boluarte al ministro de Defensa pidiendo evitar muertes en las protestas, tres días después de la masacre del 15 de diciembre en Ayacucho.
Responsabilidad penal
De acuerdo a Amnistía Internacional, según el Código Penal de Perú, y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, en su sentencia de 2009 en contra del expresidente Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno en el país, Boluarte podría ser investigada como posible autora mediata de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas del 2022 y 2023.
Cabe recordar que según la Constitución, Boluarte es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Según los hallazgos de la organización internacional, Boluarte tomó los informes de inteligencia de la PNP que habrían tachado a las personas manifestantes como “terroristas” como la base para declarar un estado de emergencia a nivel nacional y desplegar las fuerzas armadas. La mandataria tomó estas decisiones a pesar de que el director nacional de Inteligencia se había reunido antes con ella para informarle que las protestas no tenían vínculos criminales y que no veía necesario el despliegue de las fuerzas militares. (Wayka.pe)