Las cuatro investigaciones sobre este caso aún no han quedado resueltas. No hay culpables y aún se desconoce el paradero del mayor PNP Felipe Bazán.
La carretera Fernando Belaunde Terry fue el escenario de uno de los más sangrientos pasajes de la historia del Perú: el Baguazo. | Fuente: EFE
Han pasado 10 años desde aquel sangriento enfrentamiento entre las fuerzas del orden y nativos de las comunidades awajún y wampis, además de otros ciudadanos mestizos, en la llamada 'Curva del diablo'. El 'Baguazo' dejó grandes heridas que aún no cierran por falta de justicia.
Todavía no hay culpables en este caso. Los últimos que estuvieron en el banquillo de los acusados fueron absueltos en 2016. A pesar de ello, hay interrogantes sin resolver como el paradero del mayor PNP Felipe Bazán. Son cuatro las investigaciones que se emprendieron: el asesinato de 10 policías, la desaparición de Bazán, el asesinato de civiles por parte de la Policía y el secuestro, seguido de asesinato, de personas en la Estación 6 de Petroperú. Las investigaciones judiciales concluyeron hace poco más de 5 años.
Los antecedentes a la masacre
En 2007, el gobierno del expresidente Alan García buscó sacar provecho al Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América. Dos columnas de opinión tituladas “El perro del hortelano” y “Receta para acabar con el perro del hortelano”, publicadas ese año, fijaron su posición extractivista y su política neoliberal.
Acusó que quienes se cierran a las actividades extractivas en pro de la defensa del medio ambientes están disfrazados "bajo el manto de activista ambiental", Es así que pidió al Congreso de la República las facultades para dar decretos legislativos a fin de implementar el TLC con Estados Unidos.
El Pleno del Congreso le concedió las facultades al Ejecutivo por un plazo de 180 días calendarios. En mayo de 2008 se publicó el Decreto Legislativo N° 1015 que unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y selva con las de la costa, para mejorar su producción y competitividad agropecuaria. Este buscó modificar el artículo 10 de la Ley N° 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, con el fin de intervenir territorios para actividades productivas.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo interpuso una acción de inconstitucionalidad contra dicho decreto legislativo, 10 días después de su aprobación. El 27 de junio de ese año, se publicó el Decreto Legislativo N° 1090 que aprueba la Ley Forestal y de Fauna. Entre uno de sus puntos más polémicos resalta que solo el Ministerio de Agricultura es el órgano rector y normativo respecto al aprovechamiento y gestión sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. Es decir, el Gobierno, a través del ministerio, decidía la explotación de los recursos.
No fue solo ello, también se aprobó el Decreto Legislativo N° 1073 que modifica el literal b) del artículo 10° de la Ley N° 26505, Ley de la Inversión Privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas; modificado por el artículo único del Decreto Legislativo N° 1015.
Dicha modificación estipulaba que se requería de no menos del cincuenta por ciento del voto de los comuneros posesionarios con más de un año, en lugar de la anterior que señalaba que se necesitaban no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quorum correspondiente. La Defensoría del Pueblo apeló nuevamente y explicó que esto atentaba contra el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que pide "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".
Estas movidas del Gobierno de turno motivaron a que los nativos de pueblos amazónicos se declaren en "insurgencia". Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), pidió que se derogue el Decreto Legislativo N° 1073 y exigió que se respete el cumplimiento del artículo 6 del Convenido 169 de la OIT.
El mayor Felipe Bazán fue tomado como rehén y despojado de sus prendas. Aún se desconoce su paradero. | Fuente: La República
El inicio de las tensiones
El Congreso de la República puso final los Decretos Legislativos N° 1015 y N° 1073, en agosto de 2008. Se buscó el diálogo entre las partes, pero no dieron frutos. El ministro del Ambiente de aquellos años, Antonio Brack Egg, dijo que los que se oponen al proyecto del Ejecutivo “son unos cuantos” y que hacen “bulla”.
En marzo de 2009 se publica el Decreto Supremo Nº 002-2009-MIMDES que crea la Mesa de Diálogo Permanente entre el Estado y los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana. El detalle era que aquí no se tomó la opinión de AIDESEP, liderada por Pizango, y en su lugar la mesa estuvo integrada por representantes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). AIDESEP acusó a la CONAP de tener un convenio de cooperación institucional con Petroperú desde el 2007.
En abril del mismo año, inició el paro de pueblo indígenas en diversas ciudades de la selva central, entre ellas Bagua. Yehude Simon, entonces presidente del Consejo de Ministro, no logró un acuerdo con AIDESEP. Pronto, los manifestantes tomaron la Estación 6 de Petroperú y las cosas comenzaban a salirse de control.
El Partido Nacionalista se mostró en contra de las acciones del gobierno y pidió derogar de una vez el Decreto Legislativo N° 1090. El 5 de junio, se votó en el Congreso sobre este decreto legislativo, a pesar de que varios legisladores nacionalistas no asistieron. La votación quedó con 38 votos a favor, 21 en contra y 9 abstenciones, con lo cual votaron solo 68 congresistas.
El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, dijo a la prensa que se votó a la hora y que no era problema de él que estén ausentes los integrantes del Partido Nacionalista. Eso motivo que más de dos mil awajún bloquearan la carretera Fernando Belaunde Terry, que se ubica en la entrada a Bagua, entre los caseríos de Siempre Viva y El Reposo.
Ese mismo día, según se supo, el general Uribe, el obispo, el alcalde Jaén y dirigentes nativos acordaron que los manifestantes abandonarían la carretera el 5 de junio a las 10:00 a.m.; sin embargo, esto no lo supo el general Luis Muguruza quien se preparaba para la acción de desalojo por órdenes del Ministerio del Interior.
Las protestas en Utcubamba iniciaron en abril de 2009 y se extendieron hasta el 5 de junio. | Fuente: Andina
Los momentos de terror
Desde tempranas horas del 5 de junio, la Policía y el Ejército disiparon a los manifestantes con bombas lacrimógenas en el sector denominado 'Curva del diablo' de la carretera Fernando Belaunde Terry. Los indígenas reaccionaron y se defendieron con lanzas y hondas. La violencia fue desmedida por ambos bandos.
Hasta ahora, la cifra de muertos y desaparecidos es cuestionada. Una fotografía del mayor PNP Felipe Bazán llevado por nativos es el último registro de su paradero.
El Gobierno peruano, por medio de la Cancillería, informó de la muerte de 24 policías y 9 pobladores civiles al día siguiente. La entonces defensora del Pueblo, Beatriz Merino, se presentó al Congreso para dar detalles sobre lo investigado por la institución que representaba y confirmó la cifra. Sin embargo, la BBC afirmó que, según testigos de la zona, murieron al menos 30 indígenas y 24 policías.
Un mes después, en julio de 2009, se dio la cifra oficial de Defensoría del Pueblo que concluyó en el informe de la Comisión que investiga los sucesos ocurridos en las provincias de Bagua y Utcubamba que los actos de violencia ocurridos el 5 de junio de 2009 en el 'Baguazo' dejaron un saldo de 33 personas fallecidas (23 efectivos policiales, 5 indígenas y 5 pobladores de Bagua)
Después del ocaso
Al día siguiente, el entonces presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, ordenó el arresto de Pizango por ser responsable de los actos producidos en Bagua. Tras las críticas de diversos partidos políticos, principalmente de oposición al gobierno, el 18 de junio el Congreso decide derogar el Decreto Legislativo N° 1090.
Tras las presiones políticas y sociales, el premier Yehude Simon tuvo que renunciar el 11 de julio de 2009, al igual que la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas. La Defensoría del Pueblo realizó un informe final en el que se detallan el antes y después de la cúspide de la violencia, enfatizando en que el origen del problema radica en el poco diálogo entre las partes.
El pasado 22 de setiembre de 2016 se exculpó a 52 presuntos implicados en la muerte de 12 de los 24 policías fallecidos, entre ellos se encontraba Alberto Pizango. En enero de 2018, el papa Francisco recibió al líder awajún Santiago Manuin, quien también fue absuelto en 2016 por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua.
Patricia Bazán, hermana del mayor desaparecido, dijo a RPP en 2016 que "los únicos culpables" de lo ocurrido son "el señor Uribe y el señor Muguruza (entonces generales de la Policía), (el expresidente) Alan García, la señora (ex ministra del Interior) Mercedes Cabanillas y el señor (ex premier) Yehude Simon".(RPP NOTICIAS)
El líder awajún Santiago Manuin, quien fue baleado durante el ‘Baguazo', habló con el papa Francisco cuando este último visitó Madre de Dios. | Fuente: EFE