Se han reportado unas 103 muertes en los últimos años en la zona y por ello el Consejo Regional aprobó solicitar la interdicción. Informe, sin embargo, también trajo dimes y diretes entre consejeros Quiroz y Catalán
Este documento, que fue aprobado en mayoría por los consejeros regionales, ha enfrentado al presidente de ese grupo de trabajo, Greco Quiroz, y a la integrante de esa comisión, Jennifer Catalán. Ambos consideran que sus opiniones buscarían favorecer a intereses privados.
Informe
El pasado 12 de agosto, el pleno aprobó el informe N° 001 -2021- GRLL/CR-GVAQD, relativo a la minería ilegal e informal en el cerro El Toro. Ahí se indica que la problemática inició el 2001, con la presencia de unas 200 familias dedicadas a esta actividad ilícita. Actualmente habría unas 2,000 personas en esas labores.
El documento también advierte sobre la presencia de menores trabajando y de mafias instaladas para evitar que las autoridades fiscalicen.
“En el Cerro “El Toro” se han constituido mafias que controlan el negocio de la minería ilegal, llegando estos a amenazar e incluso realizar agresiones físicas en contra de dirigentes campesinos, ronderos, funcionarios y representantes de la sociedad civil, que han denunciado las consecuencia de la minería artesanal (informal e ilegal) impidiendo toda inspección programada por algunas autoridades competentes”, señala el informe, que fue sustentado por el presidente de la comisión, Greco Quiroz.
También da cuenta de la expansión de la minería ilegal a zonas cercanas a El Toro. “Al lugar han movilizado maquinaria pesada para realizar los trabajos de acondicionamiento de sus operaciones y están arrasando con todo a su paso, provocando la deforestación de plantaciones de eucaliptos y contaminación del agua que llega a los campos de sembríos”, señala.
Por ello, la comisión informó que el Gobierno Regional solicita al Ejecutivo, desde el 2016, la interdicción de la minería ilegal en esta zona, porque “viene causando daños al medio ambiente y fallecimientos de personas inocentes que por S/ 20 la jornada son abusadas causándoles la muerte y la pérdida irreparable ante los familiares que claman justicia”.
Perjudicados
Respecto a las zonas que vendrían siendo afectadas, el informe revela que los mayores daños se darían en los caseríos El Toro, Shiracmaca, Coigobamba Baja, Coigobamba Alta, Paranshique, Santa Cruz y la ciudad de Huamachuco.
Como responsables de ello, agregó, han identificado a 42 presuntos mineros ilegales, que ya estarían siendo investigados por la Fiscalía. Ante esto, el Consejo acordó remitir el informe al Ministerio Público, “a efecto de solicitar se tramite la interdicción ante la Fiscalía de la Nación, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Interior, la Presidencia de Consejo de Ministros y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
También se deberá conformar una mesa de trabajo para abordar esta problemática, y el Gobierno Regional de La Libertad “deberá iniciar las acciones legales que correspondan y el seguimiento de los casos penales existentes sobre minería ilegal y otros delitos conexos en la provincia de Sánchez Carrión”.
Divergencias. La consejera Jennifer Catalán, que durante la votación se abstuvo de apoyar el informe, aseveró que pese a ser parte de la comisión que revisó este tema solo fue convocada a dos reuniones de trabajo, desde el 2019. Además, dijo que el informe no habría sido contrastado con la población afectada, y tendría información desfasada.
“En el informe que nos han brindado no hay ninguna conclusión, no hay ninguna recomendación, no sabemos qué han dicho todas estas instituciones, este informe pretende determinar eventuales responsabilidades, lo que podría hacer que el Consejo señale a responsables administrativos, civiles y penales, ya que al aprobar dicho informe se entendería que como consejeros estamos dando por cierto la responsabilidad de las personas que ahí se incluyen, en donde, obviamente, caeríamos bajo responsabilidad funcional”, señaló.
También afirmó que el informe buscaría favorecer a la gran minería. “Es un informe completamente desfasado, direccionado, lamento mucho que mis consejeros colegas sean indiferentes a la realidad de la provincia, lamentablemente esto nada más habla de las decisiones que se toman no a favor de la población, sino de ciertos grupos”, acotó.
Greco Quiroz, en respuesta, negó que no se haya socializado la información. Incluso, dijo que el pasado 10 de agosto, en reunión con las autoridades de la provincia de Sánchez Carrión, el informe fue sustentado y ellos lo respaldaron.
“No solamente hemos encontrado un gran obstáculo en estos mineros ilegales, sino también en autoridades. Una de las autoridades que cuestionamos es la consejera, que ha salido a oponerse a este informe cuando ella conoce que su provincia es la más afectada”, manifestó.
Por ello, indicó que este viernes presentará ante la Comisión de Ética del Consejo un pedido para que se investigue a Catalán.
Agregó que la consejera se opondría a la aprobación de este informe porque ahí se incluyó a Guzmán Alva Polo, investigado por la Fiscalía. Él, según Quiroz, sería “respaldado” por la consejera para que ejerza el cargo de agente municipal de Shiracmaca.(DIARIO CORREO)