Por: Dionicio Mantilla León
El tema magisterial siempre ha estado en el ojo de la tormenta tanto a nivel gremial como gubernamental, el uno con sus reclamos de reivindicaciones y el otro con sus propuestas. Sin embargo, muy poco es lo que se ha avanzado en la atención integral de la problemática magisterial pese a conocerse del rol indispensable que desempeña el maestro en la tarea educativa.
En estos últimos meses, en medio del conflicto desatado por el SUTEP oficial y últimamente por el CONARE SUTEP, quienes coincidentemente reclaman mejoras salariales y la derogatoria de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, el gobierno de Ollanta Humala ha sacado a luz el Plan de Desarrollo Docente con el propósito de lograr una atención integral a la problemática magisterial y para ello plantea la derogatoria tanto de la Ley del Profesorado y la Ley de la Carrera Pública Magisterial. Un Plan que según la Ministra de Educación Patricia Salas ha demandado 10 años para su preparación y que será alcanzado al Congreso de la República para su respectivo análisis y aprobación para luego de ser refrendado como Ley por el Ejecutivo.
Según la Ministra ambas leyes adolecen de enormes vacios que no contribuyen a una adecuada formación profesional así como a un desempeño idóneo del docente en el aula. Con esta nueva propuesta si bien se pretende mejorar el nivel profesional del maestro también este deberá asumir mejor sus responsabilidades no permitiéndose más a profesores sentenciados por terrorismo y delitos sexuales. Asimismo, se respetará la estabilidad de los maestros que están en la CPM, se incrementará el presupuesto sectorial y se anuncia un concurso de nombramiento para el 2013.
Con esta Ley, que enfatiza la meritocracia docente, se pretende atender sentidas reivindicaciones magisteriales entre ellas las mejoras salariales que en su inicio será general para todos las mismas que serán incrementadas según el nuevo Escalafón con 8 niveles profesionales, para lo cual se tendrá que participar en un proceso evaluativo que habrá de considerar lo siguiente: Conocimiento de la Especialidad, Desempeño en el aula (Ejercicio Pedagógico y Práctica Sicológica) y Currículum Escolar. Asimismo, con el propósito de hacer más inclusiva la nueva carrera docente el nuevo régimen laboral establece una serie de asignaciones y bonificaciones adicionales para los docentes de escuelas rurales unidocentes y multigrados, así como para los que laboran en el VRAE y escuelas bilingües.
Algo que a nuestro juicio es digno de relievar en la nueva propuesta educativa es la capacitación docente la misma que no se limitará a una capacitación para el desempeño en el aula sino para la función pública vale decir como personal jerárquico: director, especialista de educación (UGEL y Gerencias de Educación), un tema soslayado por todas las leyes educativas a lo largo de nuestra historia republicana y que habrá de cubrir un enorme vacío en la carrera pública magisterial a efectos de lograr idoneidad. De otro lado, lo que es materia de preocupación es la excesiva demora en su implementación pues se considera que podría hacerse realidad en el 2,014, amén de las trabas que le están poniendo los partidos de oposición cuya intención es desdibujar esta iniciativa y amenazan con interpelar a la Ministra Patricia Salas; asimismo, el de no haber tomado en cuenta la opinión del SUTEP OFICIAL que también tiene su propia propuesta educativa (La Nueva Ley de Educación Pública).
Finalmente, para emitir un juicio cabal sobre la positividad de esta nueva propuesta es necesario conocer el detalle del ante proyecto de Ley; siendo pertinente, sin embargo, sugerir que, en lo referente a remuneraciones, estas deben tomar en cuenta también a los docentes cesantes y jubilados a quienes desde hace décadas se les tiene “congeladas” sus míseras pensiones sin que nadie se acuerde de ellos. Saludamos el surgimiento de esta nueva propuesta la que, si en verdad no es la “divina panacea”, es un esfuerzo que tiende a lograr la reivindicación docente.