La Fiscalía de Lavado de Activos no requiere levantar la inmunidad parlamentaria para investigar al congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, por presunto lavado de activos en el caso Limasa, tal como el Ministerio Público ha hecho en otros casos.
El mismo Tribunal Constitucional ha señalado que la institución de la Inmunidad Parlamentaria es una prerrogativa que asiste a los legisladores para proteger su libertad contra detenciones arbitrarias y/o procesos judiciales que impidan el normal desenvolvimiento de la vida congresal.
En este sentido, la disposición del fiscal especializado Eduardo Cueva, de la Segunda Fiscalía Especial de Lavado de Activos, es contradictoria con otras resoluciones tomadas por este mismo colegiado especializado, advirtieron a La República fuentes judiciales.
Recordaron que, hace una semana, la fiscal Sara Vidal Vargas, del segundo despacho de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, inició investigación al congresista de Fuerza Popular, Osías Ramírez Gamarra sin requerir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.
Antes la misma fiscal había iniciado investigación al entonces congresista Joaquín Ramírez, sin la autorización previa del Congreso como ahora se pide para Kenji Fujimori.
Por ejemplo, en la etapa inicial del caso de Joaquín Ramírez sí se empezó un trámite ante el Poder Judicial para pedir autorización para investigarlo, pero luego se desistieron de esa solicitud que nunca se llegó a tramitar.
El mismo Joaquín Ramírez se allanó a la investigación.
El levantamiento de la inmunidad parlamentaría solo será necesaria si al termino de la investigación preliminar, la Fiscalía concluye que hay evidencias o pruebas para iniciar un proceso judicial o para pedir una detención preliminar.
Por ahora, lo único que se quiere es investigar los sospechosos incrementos del patrimonio de la empresa aduanera Logística Integral Marítima Andina S.A. (Limasa), que pertenece a Hiro, Sachie y Kenji Fujimori.
La empresa incrementó su capital social de 40 mil soles en el 2009 a S/2’867.320 en el 2014, para luego cambiar de nombre a Integrated Global Logistics (IGL) y convertirse en socia de la transnacional japonesa Sankyo.
La investigación parte del hallazgo el 2013 de un contenedor con 100 kilos de cocaína en los almacenes de los hermanos Fujimori.
Kenji Fujimori ha anunciado que se someterá a la investigación y Fuerza Popular ha dicho que no lo blindará en el Congreso. Con todo, Fujimori no tendría por qué recibir un tratamiento legal diferente al resto de congresistas, incluso los de su propia bancada, a los que la Fiscalía ya investiga sin ningún impedimento legal.(la república)