Anuncio de arbitraje por parte de Odebrecht por tercera etapa de Cahvimochic, ha generado críticas de político a gobernador Luis Valdez.
La solicitud de arbitraje internacional al Gobierno Regional La Libertad, por parte de la Concesionaria Chavimochic (conformada por Odebrecht y Graña y Montero), se ha convertido en una dura prueba para el gobernador Luis Valdez Farías, más aún cuando comienzan a aparecer voces que critican la actual gestión de Alianza Para el Progeso (APP), en torno al cumplimiento del contrato de concesión del Proyecto Especial Chavimochic (Pech).
Terrenos no liberados
“Indudablemente que sí (hay responsabilidad de la gestión de APP), porque se sabía por dónde iba a ir el trazo del canal (madre). En dos años, que no se haya podido ejecutar la liberación de terrenos para las obras del Pech, hay una responsabilidad directa de la gestión actual. Es una dejadez. Debieron poner celeridad de los actos administrativos”, señaló el secretario regional del partido aprista, José Miranda Prado.
Cabe resaltar que el consejero por la provincia de Virú, Edgar García Flores, indicó que, si bien en la gestión aprista el contrato de concesión de la 3.ª Etapa del Pech se firmó en el 2014, la ejecución de esta “es (responsabilidad) de la gestión actual, incluso mía (por ser del Consejo)”. Miranda Prado le solicitará un informe de lo actuado.
En esa línea, el excongresista Roberto Angulo Álvarez, manifestó que al gobernador Valdez le faltó liderazgo para cumplir el contrato, toda vez que “debió abocarse inmediatamente a la liberación de tierras. (El no firmar el contrato) no los exime (de responsabilidad), porque si reciben obras inconclusas o compromisos adquiridos, deben cumplir”. En cuanto a las críticas de que recibieron un contrato mal hecho, el exlegislador añadió que “se podía haber observado”.
En respuesta, el consejero regional (apepista) por la provincia de Trujillo, Dante Chávez Abanto, responsabilizó a la anterior gestión regional (aprista) por firmar dicho contrato, y que por ello “no se puede atacar el efecto, sino la causa”. “Esto viene desde la época de (José) Murgia. Por eso la misma empresa dice ‘hace 31 meses’. Lo que pasa es que estos señores no leen. Hablan porque tienen boca”, espetó.
Por su parte, la congresista de APP, Gloria Montenegro Figueroa, dijo que “en ese contrato hay cláusulas tan delicadas, como que en 180 días se van a entregar saneados los terrenos. Cuando vas a ver, estos tienen juicios. Pero eso lo sabían ellos, y lo pusieron en la cláusula ¿para qué? para ser objetado por Odebrecht y nos tengan que cobrar gastos generales y perjuicios que se iban a generar”.(la industria)