Los infractores apelan a las sanciones y sus casos se estancan en el Tribunal Administrativo Disciplinario que tarda mucho en resolver. Enterado del caso, el ministro del Interior, Daniel Urresti, dice que el hecho es “una vergüenza para la propia policía” y anuncia acciones para destrabar las medidas disciplinarias.
Doris Aguirre
"No puede ser cierto lo que usted me informa. Eso tiene que cambiar", expresó en tono enérgico el ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, al enterarse de que 127 oficiales y suboficiales de la Policía Nacional dados de baja por haber cometido graves faltas disciplinarias continúan en la institución como si nada hubiera ocurrido.
De acuerdo con fuentes de la Inspectoría General de la Policía Nacional, oficina que se encarga de investigar actos indisciplinarios de los efectivos policiales, decenas de resoluciones de expulsión han quedado suspendidas desde hace varios meses porque los sancionados han apelado ante el Tribunal Administrativo Disciplinario del Ministerio del Interior. Según el reglamento, dicho tribunal tiene un plazo de 45 días para responder. Pero a veces tarda más de un año en determinar si proceden las apelaciones o no.
Como resultado de la inacción del Tribunal Administrativo Disciplinario, efectivos dados de baja por el robo de combustible, desvío de fondos para el "rancho" de los policías en servicio, abandono de destino (deserción), secuestro, estafa, extorsión y otros cobran normalmente su sueldo y han cobrado su gratificación por Fiestas Patrias. Mientras el tribunal no resuelve en uno u otro sentido, los 127 oficiales y suboficiales se mantienen en el servicio activo.
La República preguntó al ministro Daniel Urresti sobre este caso. Adelantó que pedirá la revisión de todos los expedientes y que se cumplan las sanciones.
Expresó malestar porque el Tribunal Administrativo Disciplinario, que debe pronunciarse sobre las expulsiones dictaminadas por la Inspectoría General de la Policía Nacional, es un organismo que depende de su despacho.
"No voy a permitir que mientras que por un lado limpiamos la casa, policías que han infringido la ley sigan trabajando y percibiendo un sueldo. Esto es una burla a la misma policía. ¡No lo voy a permitir!", señaló Urresti.
APELAR ES EL TRUCO
El inspector general del Ministerio del Interior, el abogado Gerson Villar Sandy, quien recién asumió el cargo el mes pasado, confirmó que son 127 los casos de oficiales y suboficiales dados de baja por medida disciplinaria.
Admitió que éstos han conseguido seguir en actividad mediante la apelación a las sanciones ante el Tribunal Administrativo Disciplinario del Ministerio del Interior.
"Una práctica común de los sancionados, especialmente los que cumplen funciones en provincias, es alegar que nunca fueron notificados. Por eso apelan. Cuando se les busca para que reciban su notificación, estos ya fueron desplazados a otro lugar. Es uncírculo vicioso. Por eso los procesos de investigación y sanción se caen", explicó Gerson Villar.
Un caso emblemático es el que protagoniza el general PNP Orlando Del Águila Cabanillas. En el 2012, cuando se desempeñaba como jefe regional de la policía en Cajamarca, por su condición de general el Tribunal Administrativo Disciplinario lo investigó por presuntamente haberse beneficiado con los fondos para la remodelación de 11 comisarías. El tribunal lo encontró culpable y dispuso darle de baja el 11 de octubre del 2013.
Del Águila, sin embargo, apeló, bajo el argumento de que no se cumplió el debido proceso. El caso regresó a fojas cero.
El 28 de mayo del 2014, el Tribunal Administrativo Disciplinario nuevamente concluyó que el general Del Águila era responsable y lo expulsó de la policía. El oficial volvió a apelar arguyendo otra vez que se violentó el debido proceso.
El Tribunal Administrativo Disciplinario aún no se pronuncia.
Mientras tanto, el general Orlando Del Águila cobra puntualmente su sueldo, incluida su gratificación por Fiestas Patrias, sin que cumpla una función precisa en la Policía Nacional.
En setiembre del 2013, los comandantes Donayre Pilco Carmen y Luciano Olivos Bresciani, el primero Inspector General de la PNP y el segundo jefe de Seguridad del Estado en Piura, fueron sorprendidos cuando plagiaban en el proceso de ascenso. Luego de investigarlos, la Inspectoría General comprobó los hechos y los expulsó de la institución.
Empero, Pilco y Olivos apelaron porque en el reglamento de la policía no existe el plagio de examen como falta.
El Tribunal Administrativo Disciplinario del Ministerio del Interior les dio la razón. Su caso está en revisión.
De semejantes características son los demás casos. El ministro Urresti promete que los resolverá.
INVESTIGACIONES CON GUANTES DE TERCIOPELO
La Inspectoría General de la PNP investigó a los coroneles Luis Montesinos Valverde y Benedicto Yáñez Untiveros por su implicación con la organización de narcotraficantes que dirigía Haydée Leyva Caycay en Chiclayo. La Inspectoría resolvió absolver al coronel Montesinos, y a Yáñez le dieron un castigo benigno.
La República reveló que en la investigación la Inspectoría no tomó en cuenta las grabaciones de las conversaciones telefónicas de los coroneles con la narcotraficante Haydée Leyva. Por orden del ministro del Interior, el caso volvió a investigarse, pero hasta que no resuelva la Inspectoría los implicados seguirán en funciones.
También llama la atención que la Inspectoría todavía no resuelva el caso del coronel Jorge Linares Ripalda, ex jefe policial de Chiclayo acusado de viculación con la banda de Juan Vásquez Clavijo. Por este motivo, Linares, que se encuentra preso, continúa en actividad.
EN CIFRAS
22 son los policías implicados con la narcotraficante Haydée Leyva Caycay.
10 efectivos son acusados por relaciones con el delincuente Juan Vásquez Clavijo.
15 son los implicados en el caso del general Orlando Del Águila Cabanillas.(la república)