El jefe regional del Programa Nacional de Apoyo a los más Pobres –Juntos en La Libertad, César Vega Meléndez con sangre aprista por las venas, hoy es protagonista de este informe periodístico, debido a que una resolución emitida por la Presidencia del Poder Judicial y que lleva la firma del mismísimo Javier Villa Stein, lo imputa como responsable de una presunta estafa en agravio del Estado por la suma de S/.39,060.91.
Hasta junio del presente año, César Vega Meléndez trabajó en Lima como Subgerente de Servicios Judiciales del Poder Judicial, y días después fue designado como jefe regional de Juntos de La Libertad.
Hasta junio del presente año, César Vega Meléndez trabajó en Lima como Subgerente de Servicios Judiciales del Poder Judicial, y días después fue designado como jefe regional de Juntos de La Libertad.
Lo investigaron
En noviembre del 2009, la Inspectoría General del Poder Judicial emitió el informe especial Nro 012-2009-2-0279 denominado “Examen Especial a los Procesos de Notificación Judicial Periodo 2008”, el cual tuvo como fin evaluar la eficiencia, efectividad y economía del mencionado organismo judicial.
¿Dónde está la plata?
El 18 de enero del presente año, la Presidencia del Poder Judicial, basándose en el informe antes mencionado, emitió la resolución administrativa Nro 058-2010-P-PJ, la cual culpa al jefe de Juntos de La Libertad y a otros cuatro funcionarios, de haber incurrido en un perjuicio económico en agravio del Estado “al haberse efectuado pagos por concepto de alquileres, por un monto estimado en Treinta y Nueve Mil Sesenta y 00/91 Nuevos Soles (S/.39.060.91) sin que los inmuebles (6 en total) hayan sido utilizados para la finalidad que fueron arrendados durante los meses de febrero a mayo del 2009”.
Es decir, la referida resolución que obra en poder de La Primera, detalla que se alquilaron 6 inmuebles para las Oficinas Descentralizadas del Sernot, “lo cual conllevó a que se efectúen pagos por alquileres, sin que dichos inmuebles sean utilizados. ¿Entonces por qué se pagó los más de 39 mil soles?
Además, increíblemente, según el referido documento, el jefe regional de Juntos de La Libertad, conjuntamente con cuatro personas imputadas en dicha resolución, no requirieron oportunamente (pidieron) las llaves de los seis inmuebles alquilados para el funcionamiento de las Oficinas Desconcentradas del Sernot.
Es decir, al momento de alquilar los inmuebles, no pidieron las llaves a los propietarios de los inmuebles, con quienes hicieron los contratos de alquiler. ¿Se olvidaron?
Es así que, por esas investigaciones hechas por la Inspectoría General del Poder Judicial, la mencionada resolución autorizó al procurador público para que en defensa de los intereses del Estado se apersona ante el Centro de Conciliación Extrajudicial, con la finalidad de llegar a un acuerdo conciliatorio (es decir para efectuar la devolución de los S/ 39.060.91) con César Augusto Vega Meléndez (jefe de Juntos), Alicia Matutina López Callirgos, Raúl Elmer Yacarine Pasco y Amalia Estela Sánchez Alva, quienes también fueron incluidos como responsables del mencionado prejuicio económico en agravio del Estado peruano.
“Yo no sé nada”
Sin embargo, el jefe regional de Juntos asegura desconocer la existencia de la referida resolución del la Presidencia del Poder Judicial. “Yo no sé nada, desconozco lo que usted me está diciendo”, sostiene, Vega Meléndez.
No obstante, ha reconocido que sí alquiló los seis inmuebles, los cuales según, al renunciar a su cargo estuvieron y están en funcionamiento. “A veces exacerbamos nuestros informes”, dice Vega Meléndez al ser consultado sobre la imputación en su contra que hace el informe especial de la Inspectoría del Poder Judicial, según la resolución Nro 058-2010-P-PJ.
¿Mintió por un cargo?
Asimismo, el repentino cambio de trabajo de César Vega Meléndez, es decir de Lima a Trujillo genera polémica, debido a que, a pesar de existir esa resolución que lo responsabiliza de haber cometido un perjuicio económico en agravio del Estado, fue designado como jefe regional de Juntos en La Libertad.
Al interno del Partido Aprista Peruano, lo han vinculado estar estrechamente ligado al congresista Daniel Robles López.
En noviembre del 2009, la Inspectoría General del Poder Judicial emitió el informe especial Nro 012-2009-2-0279 denominado “Examen Especial a los Procesos de Notificación Judicial Periodo 2008”, el cual tuvo como fin evaluar la eficiencia, efectividad y economía del mencionado organismo judicial.
¿Dónde está la plata?
El 18 de enero del presente año, la Presidencia del Poder Judicial, basándose en el informe antes mencionado, emitió la resolución administrativa Nro 058-2010-P-PJ, la cual culpa al jefe de Juntos de La Libertad y a otros cuatro funcionarios, de haber incurrido en un perjuicio económico en agravio del Estado “al haberse efectuado pagos por concepto de alquileres, por un monto estimado en Treinta y Nueve Mil Sesenta y 00/91 Nuevos Soles (S/.39.060.91) sin que los inmuebles (6 en total) hayan sido utilizados para la finalidad que fueron arrendados durante los meses de febrero a mayo del 2009”.
Es decir, la referida resolución que obra en poder de La Primera, detalla que se alquilaron 6 inmuebles para las Oficinas Descentralizadas del Sernot, “lo cual conllevó a que se efectúen pagos por alquileres, sin que dichos inmuebles sean utilizados. ¿Entonces por qué se pagó los más de 39 mil soles?
Además, increíblemente, según el referido documento, el jefe regional de Juntos de La Libertad, conjuntamente con cuatro personas imputadas en dicha resolución, no requirieron oportunamente (pidieron) las llaves de los seis inmuebles alquilados para el funcionamiento de las Oficinas Desconcentradas del Sernot.
Es decir, al momento de alquilar los inmuebles, no pidieron las llaves a los propietarios de los inmuebles, con quienes hicieron los contratos de alquiler. ¿Se olvidaron?
Es así que, por esas investigaciones hechas por la Inspectoría General del Poder Judicial, la mencionada resolución autorizó al procurador público para que en defensa de los intereses del Estado se apersona ante el Centro de Conciliación Extrajudicial, con la finalidad de llegar a un acuerdo conciliatorio (es decir para efectuar la devolución de los S/ 39.060.91) con César Augusto Vega Meléndez (jefe de Juntos), Alicia Matutina López Callirgos, Raúl Elmer Yacarine Pasco y Amalia Estela Sánchez Alva, quienes también fueron incluidos como responsables del mencionado prejuicio económico en agravio del Estado peruano.
“Yo no sé nada”
Sin embargo, el jefe regional de Juntos asegura desconocer la existencia de la referida resolución del la Presidencia del Poder Judicial. “Yo no sé nada, desconozco lo que usted me está diciendo”, sostiene, Vega Meléndez.
No obstante, ha reconocido que sí alquiló los seis inmuebles, los cuales según, al renunciar a su cargo estuvieron y están en funcionamiento. “A veces exacerbamos nuestros informes”, dice Vega Meléndez al ser consultado sobre la imputación en su contra que hace el informe especial de la Inspectoría del Poder Judicial, según la resolución Nro 058-2010-P-PJ.
¿Mintió por un cargo?
Asimismo, el repentino cambio de trabajo de César Vega Meléndez, es decir de Lima a Trujillo genera polémica, debido a que, a pesar de existir esa resolución que lo responsabiliza de haber cometido un perjuicio económico en agravio del Estado, fue designado como jefe regional de Juntos en La Libertad.
Al interno del Partido Aprista Peruano, lo han vinculado estar estrechamente ligado al congresista Daniel Robles López.
Víctor Jara Cabanillas
Redactor (la primera) http://conlafeylaverdad.blogspot.com/
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